EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBA EL PROYECTO DE NORMA FORAL QUE INTRODUCE EN CINCO CARRETERAS DEL TERRITORIO UN NUEVO CANON DE USO A LOS VEHÍCULOS PESADOS
- El Parlamento de Bizkaia rechaza la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Mixto-PP Bizkaia, único grupo de la Cámara que ha pedido la retirada del texto de la Diputación.
- El importe del peaje se establecerá más adelante vía Decreto Foral y afectará a los vehículos de más de 3,5 toneladas.
- El pleno ha dado también el visto bueno para que la Hacienda foral modifique la lista de deudores o incorpore nuevas deducciones fiscales para orientar el desarrollo del Territorio “a campos de alto nivel tecnológico y valor añadido”, y para que los ayuntamientos apliquen una bonificación de hasta el 90% en el IBI a las familias numerosas y a las familias en situación de vulnerabilidad.
(Gernika, a 20 de julio de 2022). El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado esta mañana en Gernika, ha aprobado el proyecto de Norma Foral presentado por la Diputación para la implantación de un canon a vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas por el uso de cinco carreteras del Territorio. El dictamen de la comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha salido adelante sin cambios, gracias al apoyo de los representantes de los grupos que apoyan al Gobierno foral, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos. EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se han abstenido. Y el grupo Mixto-PP Bizkaia, única formación que ha presentado enmiendas al texto normativo, ha votado en contra.
La Norma Foral incluye 15 artículos y 3 disposiciones finales, y con ella se pretende encajar jurídicamente un sistema de arcos de control “free-flow” –sin barreras físicas y sin detención de vehículos- para controlar el paso de camiones en más de 100 kilómetros de la red viaria de Bizkaia. Los cinco tramos incluidos son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); el corredor del Txorierri (la BI-30), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha defendido una norma que pretende cumplir con directivas europeas que impulsan la método de que “quien usa paga y quien contamina paga”. El canon de uso permitirá “optimizar” la red viaria y equilibrar los presupuestos forales, ya que el mantenimiento de las carreteras vía cuentas públicas se está haciendo “insostenible”, ha dicho. Servirá también para ayudar a la “descarbonización” del territorio y redistribuir los tráficos de vehículos pesados por las vías forales en donde “existe un déficit”. En el fondo, esta norma servirá para conseguir una Bizkaia “más verde, más sostenible, más equilibrada y con mejor futuro”, ha concluido.
En la última sesión plenaria del curso parlamentario, el grupo Mixto-PP Bizkaia, única formación que ha presentado enmiendas al proyecto, ha denunciado que “el fin” de este “peaje” es hacer pagar a “todos” los usuarios, no solo a los transportistas. “No es el momento” de implantar este canon, según su portavoz Eduardo Andrade, “por la grave crisis energética” que se está viviendo, que “repercute en los costes de los transportistas” y, consecuentemente, “en los precios de los portes y de lo que pagan los ciudadanos”. Para él, es un “nuevo impuesto” que además creará “problemas en carreteras secundarias”, y un gasto de “60 millones de euros solo para pagar los arcos”. Las 12 enmiendas presentadas por este grupo, una de ellas a la totalidad, han sido rechazadas por el resto de grupos de la Cámara, excepto Elkarrekin Bizkaia que se ha abstenido. En ellas, se pedían exenciones para autónomos y pymes, o subvenciones para instalar los dispositivos necesarios en los vehículos, así como una reducción de impuestos acorde a la recaudación obtenida.
Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu, grupos que se han abstenido en la votación del texto normativo, han pedido que el decreto foral que debe establecer las tarifas tenga en cuenta al sector. Eva Cabornero, del grupo morado, ha pedido que se introduzca una “tasa a la baja” por la situación que se vive y que este canon tenga “un tope” en función del uso, tras dejar claro que su grupo “no está de acuerdo” con el lema de “quien contamina paga”, puesto que el transporte de mercancías provoca “menos del 6%” de las emisiones de CO2 en Europa. Asimismo, ha pedido a la Diputación que incida más en la gestión de la demanda “para que se modifiquen los hábitos de movilidad”, incorporando medidas incluidas en el Pacto Verde Europeo como el reforzamiento del transporte público y del ferrocarril como vía para transportar mercancías.
Por su parte, Raúl Méndez, de EH Bildu, ha apostado por un acuerdo “que beneficie a todas las partes”. Su grupo seguirá trabajando en otoño para mitigar el impacto al sector antes de que se publiquen los decretos que deben activar el sistema automático del canon y establecer la tarifa. El apoderado de la coalición abertzale ha asegurado que la norma tiene “puntos mejorables” como permitir que el destino de la recaudación vaya destinado a promocionar un transporte de mercancías “más sostenible”, no sólo para cubrir el mantenimiento de las cinco carreteras afectadas. En paralelo, el representante de la coalición abertzale ha pedido que se estudien subvenciones directas, cambios fiscales que beneficien al sector, un Plan Renove, la congelación de tasas, más acciones de inspección que persigan la piratería, una campaña pública de apoyo al sector y “foros de coordinación” con los municipios y el sector, entre otras cosas.
El grupo Socialistas Vascos considera que la norma permite “avanzar en la dirección acertada”, como así lo hacen “23 de los 27” países de la Unión Europea que ya disponen de este sistema de pago en su red viaria. El apoderado socialista Ignacio Jerónimo Moreno ha recordado que con esta medida se conseguirá que “4.000 grandes camiones” que hoy circulan en un día laborable por carreteras comarcales, se incorporen a la red de alta capacidad. Precisamente, en Euskadi, el sector del transporte es “el que más ha crecido” en emisiones de CO2, “más de 3 millones de toneladas adicionales”. Se calcula que con la apertura de los arcos de control en esta vías, habrá una reducción de la accidentalidad (-10%), de las emisiones de gases contaminantes (-13%) y de los kilómetros recorridos (-18,8%), al tiempo que se reducirán en “1,9 millones” las horas de conducción.
Desde las filas jeltzales, la norma foral supone “un paso más para construir una Bizkaia más sostenible” ha dicho su juntera Naia Landa Bilbao. Servirá, a su juicio, para “optimizar”, tanto los presupuestos de la Diputación como la red viaria vizcaína. Es un modelo “más solidario” que cumple con Europa y que permite que la financiación de las carreteras sea asumida en mayor medida por quien las utiliza. Landa ha aplaudido el esfuerzo de diálogo en el que ha participado la Diputación, el sector del transporte y todos los grupos junteros, excepto el PP. Ha criticado la “contradicción que supone que los populares “pidan al mismo tiempo bajar los impuestos e importantes inversiones públicas en infraestructuras”.
MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
El pleno de la Cámara vizcaína ha aprobado también un Proyecto de Norma Foral de la Diputación que introduce modificaciones tributarias con el objetivo, según ha recordado el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, de “mejorar la lucha contra el fraude”, “armonizar” la fiscalidad de Bizkaia con los otros dos Territorios Históricos y “adecuar” la normativa vizcaína a las nuevas realidades jurídicas y económicas. La iniciativa ha sido aprobada con los votos favorables de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, mientras que los tres grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y grupo Mixto-PP Bizkaia) han mostrado su postura contraria o su abstención en la votación del articulado, compuesto por 12 artículos, de los que 7 se refieren a figuras impositivas propias.
Entre las modificaciones, destacan el cambio en el límite de la lista de deudores a 600.000 euros como ocurre en el Estado (estaba antes en un millón), la obligación de informar de los movimientos y los saldos de los contribuyentes que posean criptomonedas, y, de manera especial, la incorporación de deducciones fiscales cuando las empresas inviertan en la mejora del medio ambiente y en el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía, así como en actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, y para fomentar la capitalización empresarial en beneficio del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.
Además, el nuevo texto establece un cambio en la normativa para que las entidades locales aprueben bonificaciones extraordinarias sobre las tasas municipales “por razones excepcionales o de urgencia”, como durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y para que los ayuntamientos puedan aplicar una bonificación de hasta el 90% en el IBI a las familias numerosas y a las familias en situación de vulnerabilidad.
Los grupos junteros de la oposición venían al pleno con 111 enmiendas parciales: 25, de EH Bildu; 58, de Elkarrekin Bizkaia; y 28, del grupo Mixto-PP Bizkaia. Todas ellas han sido rechazadas por los dos grupos que sustentan al Gobierno foral.
En el debate, los grupos de la oposición han lamentado la herramienta jurídica utilizada para incorporar este gran paquete de medidas tributarias, que impactan en 12 normas forales y en 1 decreto normativo, según ha señalado la representante del grupo Mixto-PP Bizkaia Esther Martínez. Tras definirlo como un “totum revolutum”, la juntera popular ha pedido su devolución al Gobierno foral, al tiempo que “una reforma fiscal que impacte en la economía de todos los ciudadanos”. En esta tesitura ha demandado ampliar las deducciones en IRPF y Sociedades, y la “deflactación” de la tarifa del IRPF debido a los altos niveles de inflación.
Por su parte, Elkarrekin Bizkaia ha señalado que “es difícil” encontrar medidas, entre las “120 modificaciones” que se plantean, que “impacten en las desigualdades y la falta de equidad” del sistema tributario. Para su portavoz, Eneritz de Madariaga, son medidas que “agravan el clasismo” y que “ni una sola” sirve para “aliviar el impacto de la inflación y de la crisis económica en las rentas medias y bajas”. Respecto al paquete de enmiendas, en Sociedades, este grupo ha reclamado un tipo “mínimo objetivo” en la cuota a declarar y un límite máximo del 25% en el apartado de las deducciones. Su gran paquete de enmiendas (27) estaba destinado a cambiar diversos aspectos del IRPF, como eliminar las rentas del ahorro que “privilegian más a las rentas más altas”. Asimismo, han pedido que se reduzca el tipo a las rentas bajas y se aumente el tratamiento fiscal a las altas, eliminando ciertas deducciones (EPSV, transmisión de acciones, hijos…).
EH Bildu, a través de su juntera Arantza Urkaregi, ha defendido una única base imponible en la Renta y suprimir los beneficios por réditos del ahorro. En el Impuesto de Sociedades, la coalición abertzale ha puesto el acento en la deriva de la Diputación hacia un modelo “regresivo” de las deducciones. La aprobación de este proyecto normativo permitirá que el tipo “real” de las empresas sea, según Urkaregi, “cada vez menor” y que las grandes empresas paguen “cada vez menos”, lo que tendrá sus efectos en la recaudación. Los cambios planteados por la Diputación beneficiarán, según ella, al “1,7%” (325) de las empresas del territorio, las que “seguramente” cuentan “con grandes beneficios”. En este sentido ha afeado que la actual política de deducciones de la Hacienda de Bizkaia esté “al servicio de las empresas con mayores beneficios”. El “28%” de las deducciones lo aplica el “1%” de las empresas, mientras que el “94%” sólo se reduce el “4,5%”.
INICIATIVAS RECHAZADAS
El pleno ha concluido con el debate de dos mociones y una proposición no de norma, que han sido rechazadas por los dos grupos que sustentan al Gobierno foral. En una moción, EH Bildu planteaba una serie de acciones para empresas industriales en dificultades: un órgano de diálogo, programas para aprovechamiento de conocimiento de trabajadores y un diagnóstico de la situación.
Asimismo, la coalición abertzale, a través de una segunda moción, demandaba, con el único apoyo de Elkarrekin Bizkaia, que el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi estudiase la posibilidad de convertir en “reembolsables” las deducciones por descendientes en el IRPF, ya que “no afectan por igual a todas las unidades familiares”. Arantza Urkaregi ya había interpelado a la Diputación por esta cuestión en el último pleno de control y, en concreto, por el hecho de que las unidades familiares situadas en los tramos inferiores no puedan aplicar estas deducciones, parcial o globalmente, porque no alcanzan la cuota necesaria. La jeltzale Ainhoa Pieló le ha respondido que este órgano tributario vasco ya está estudiando ésta y otras deducciones fiscales a las familias.
Y, por último, el pleno, que ha comenzado con la lectura de una Declaración Institucional por la situación injusta del periodista y vecino de Bizkaia Pablo González, en prisión provisional en Polonia desde el 28 de febrero, ha concluido con el rechazo de una proposición no de norma del grupo Mixto-PP Bizkaia para que la Diputación Foral de Bizkaia incluyera en “todos” los departamentos forales atención “telefónica y presencial” dirigida a personas mayores, así como a suprimir la cita previa. Jeltzales y socialistas han defendido el modelo “integral” y “multicanal” (presencial, telefónico y digital) de la Diputación que en 2021 logró atender “casi 2 millones” de demandas ciudadanas. Quienes han sido atendidos de forma presencial en la Diputación han otorgado “una nota media de 9” en los sondeos de opinión.
