LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA RECHAZAN QUE SE ELABORE UN ESTUDIO PARA ANALIZAR EL IMPACTO RECAUDATORIO DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

• El Pleno desestima una moción de EH Bildu que instaba a la Hacienda Foral a analizar la equidad y efectividad social de los elementos configuradores del tributo.
   
• El Parlamento de Bizkaia rechaza otras dos mociones de EH Bildu sobre el dinero reservado para el Museo Guggenheim de Urdaibai y sobre la política foral de las viviendas comunitarias para mayores.

(Gernika, a 18 de febrero de 2026). El Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado este miércoles una moción presentada por el grupo EH Bildu que solicitaba al Departamento de Hacienda y Finanzas la elaboración de un estudio pormenorizado sobre el Impuesto de Sociedades. La iniciativa pretendía evaluar la repercusión de variables como las bases imponibles negativas, el tipo nominal o las deducciones en la recaudación. La moción, que nacía de una interpelación tratada en el último pleno de control, ha sido rechazada por el resto de grupos de la Cámara (Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos, grupo Popular Vizcaíno y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia).

La propuesta, defendida por la apoderada Arantza Sarasola Lartategi, fundamentaba la evaluación en la caída del 25% de la recaudación por este impuesto en 2025, una cifra superior al 20% previsto inicialmente. Según Sarasola, el sistema actual carece de equidad, ya que las pequeñas empresas y microempresas realizan un esfuerzo fiscal proporcionalmente superior al de las grandes corporaciones. Asimismo, ha denunciado que las correcciones aplicadas a los beneficios para obtener la base imponible responden a decisiones políticas e ideológicas más que a criterios estrictamente técnicos.

Por parte del grupo Socialistas Vascos, el juntero José Alberto Álvarez Castrejón ha justificado su voto en contra apelando a la “coherencia institucional”, señalando que el debate sobre las deducciones ya está activado en la Comisión de Hacienda a través de otros cauces parlamentarios. La moción ofrece una "fotografía parcial" de la realidad tributaria y ha añadido que, pese al descenso en Sociedades, Bizkaia alcanzó en 2025 una cifra “histórica” de recaudación global superior a los 10.000 millones de euros, lo que avalaría la estabilidad del sistema tributario.

En una línea similar, el representante del grupo juntero Nacionalistas Vascos Aitor Arregi Osoro, ha rechazado la iniciativa al considerar que el diagnóstico de la formación proponente estaba "mal encuadrado" y omitía deliberadamente el contexto técnico. Arregi ha explicado que muchas de las correcciones criticadas tienen como fin evitar la doble imposición internacional, un principio jurídico básico para que las empresas no tributen dos veces por el mismo beneficio. Asimismo, ha defendido que el Impuesto de Sociedades es una herramienta estratégica para incentivar la inversión y el empleo de calidad, cuyos retornos se ven reflejados en otras figuras impositivas como el IRPF, el IVA o las cotizaciones a la Seguridad Social.

La iniciativa no ha recibido tampoco apoyo de los otros dos grupos de la oposición. El grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha enmendado la iniciativa porque, según esta formación, la moción planteaba una excesiva amplitud técnica. Según Eneritz de Madariaga Martín mezcla correcciones al resultado contable, bases negativas, tipo nominal o deducciones. A su vez, para el representante del grupo Popular Vizcaíno Diego Pagadigorria Wicke, la moción tiene un trasfondo político “ideologizado”. El Impuesto de Sociedades es una de las herramientas “más importantes" con las que cuenta el Territorio para incentivar la economía y generar actividad, no solo es un elemento recaudatorio, ha sostenido el juntero popular.

MOCIONES SOBRE EL GUGGENHEIM URDAIBAI Y VIVIENDAS COMUNITARIAS

El Pleno de Cámara foral vizcaína ha rechazado una moción que instaba a la Diputación Foral a negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el mantenimiento de la inversión de 40 millones de euros prevista para Urdaibai. La propuesta buscaba que dichos fondos, originalmente vinculados al proyecto del Museo Guggenheim, se garantizaran exclusivamente para actuaciones de mejora ambiental en la comarca de Busturialdea tras la paralización de la infraestructura cultural. La moción a iniciativa de EH Bildu ha contado con el apoyo del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia y la postura contraria de jeltzales, socialistas y populares.

Iker Casanova Alonso, portavoz de EH Bildu, ha defendido que la suspensión del museo no debe suponer la pérdida de una financiación crucial para la zona. En su intervención, ha calificado el proyecto fallido como un "viaje a ninguna parte" y ha subrayado que las necesidades medioambientales del territorio son una prioridad que debe atenderse al margen de la construcción del museo. La moción proponía como ejes estratégicos el traslado del astillero de Murueta, el Plan Integral de Regeneración de la Vega de Gernika y la finalización del saneamiento integral de la comarca. Asimismo, ha reclamado un modelo de gobernanza más abierto y participativo para evitar futuros "fracasos" institucionales.

Por su parte, los grupos que conforman el Gobierno foral han manifestado su negativa a apoyar la iniciativa. Goyo Zurro Tobajas, portavoz del grupo Socialistas Vascos, ha calificado la propuesta de "oportunismo político", recordando que EH Bildu se opuso frontalmente a la firma de este mismo convenio en el año 2023. Según Zurro, la coalición abertzale ha realizado una "adhesión sobrevenida" al interés por estos fondos tras haber cuestionado previamente su legitimidad. El representante socialista ha defendido que su formación será “proactiva” en la restauración ecológica real de la ría, pero ha rechazado una moción que, a su juicio, busca "estirar el chicle" de la polémica política.

En la misma línea, Julen Carrion Lamikiz, apoderado del grupo Nacionalistas Vascos, ha mostrado también el rechazo de su formación a la moción durante el debate plenario celebrado en la Casa de Juntas de Gernika. Ha recordado que los 40 millones de euros del convenio son fruto de la negociación directa de su formación en Madrid y no de la iniciativa de la coalición soberanista. En su intervención, ha defendido la permanencia del astillero de Murueta destacando que la actividad industrial y el empleo son prioridades para la comarca que no pueden suprimirse sin una “alternativa sólida” como la que representaba el proyecto museístico. Carrion ha defendido también el modelo de gobernanza actual, señalando que ya existe un Plan Estratégico de Busturialdea dotado de más de 300 millones y un proceso de "escucha activa" independiente que lideró el Agirre Lehendakaria Center.

Por otro lado, el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado otra moción presentada por el grupo EH Bildu, que instaba a la Diputación Foral a realizar una inspección especial a las viviendas comunitarias autorizadas en el territorio. La iniciativa ha sido desestimada por una mayoría de 30 votos en contra, procedentes de los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, frente a 17 votos a favor de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, y 2 abstenciones del Partido Popular.

El juntero de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga Arrien, encargado de defender la iniciativa, ha sostenido su petición en la "extrema gravedad" de las denuncias por explotación laboral, racismo y precariedad, que hizo público el sindicato LAB. Según Ostolozaga, el actual modelo de cuidados es "insostenible" y se rige por un decreto de 1998 que ha quedado obsoleto ante el actual contexto demográfico. El grupo proponente ha solicitado inspecciones que verifiquen el cumplimiento efectivo de las ratios de atención y se centren en las necesidades reales de las personas residentes, más allá de cubrir meros expedientes administrativos.

Para los dos grupos que apoyan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos), la iniciativa invade competencias institucionales, ya que las condiciones laborales son responsabilidad de la Inspección de Trabajo y no de la inspección foral de servicios sociales. Asimismo, han defendido la versión que la semana pasada ya expuso la diputada foral de Acción Social en una comisión. Amaia Antxustegi Ziarda aseguró en aquella sesión que no existían denuncias concretas en el departamento que avalen una sospecha generalizada sobre el servicio. En base a las inspecciones realizadas, las viviendas comunitarias denunciadas cumplían con las ratios de personal, pero no así con varias cuestiones puntuales que, sin embargo, fueron subsanadas.