LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA RECHAZAN ABRIR UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE LA VARIANTE DE LAS CARRERAS
- La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, con el voto en contra de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, desestima una proposición no de norma de EH Bildu y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia para buscar un acuerdo con el vecindario.
(Bilbao, a 9 de octubre de 2024). La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado hoy una proposición no de norma de EH Bildu y el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, para buscar “un acuerdo de colaboración con los vecinos y vecinas afectados por el proyecto de la Variante de Las Karreras”. Ambos grupos, con el apoyo del grupo Popular Vizcaíno, planteaban “iniciar y llevar a cabo un proceso de participación ciudadana, con el objetivo de hacer llegar a las instituciones las opiniones de la ciudadanía durante la redacción del proyecto”.
La idea de esta iniciativa parte de una comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia de portavoces de una plataforma ciudadana de Las Carreras en las que instaban a los grupos a buscar el soterramiento de la variante y, por tanto, a cambiar la alternativa viaria que había presentado meses antes la Diputación. La institución foral proyectó una variante –con una inversión prevista de 17 millones de euros– que desplazaba el tráfico del núcleo urbano de Las Carreras por el campo de fútbol.
Los grupos que apoyan al Gobierno foral han presentado una enmienda a la totalidad, pero ésta no ha sido aceptada. En ella, jeltzales y socialistas planteaban que la Diputación tuviera en cuenta para el análisis técnico y presupuestario que está realizando en estos momentos, además de la propuesta original de variante, “las propuestas, sugerencias y quejas” recibidas durante los procesos de información pública que esta institución realizó en el año 2023, así como las solicitudes realizadas por el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, entre ellas, el soterramiento total del trazado actual de la carretera. Ambos grupos creen que la ciudadanía ya tiene vías de participación suficientes en el periodo de alegaciones. El proyecto original recibió “120 alegaciones” y la Diputación se encuentra en estos momentos buscando otras alternativas a la idea inicial.
Sin embargo, los grupos proponentes han insistido en la necesidad de que el vecindario afectado cuente con “un proceso de colaboración” con el que alcanzar la representatividad de las necesidades y, por tanto, el consenso en la toma de decisiones. La propuesta presentada hasta la fecha, según vecinos y vecinas, “fragmenta el pueblo, supone una pérdida ecológica, interfiere en una zona cultural e histórica significativa dentro de Bizkaia, rompe suelo con un alto valor agrológico, pone en riesgo a especies en peligro de extinción y delimita la posibilidad de suelo urbanizable necesario en el municipio”.
PASARELA ENTRE EL MEGAPARK Y APARKABISA
La Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado también una proposición no de norma presentada por el Grupo Popular Vizcaíno para que se busque una solución entre los ayuntamientos de Barakaldo y Trapagaran y la Diputación, en relación a la construcción de una pasarela peatonal que garantice la seguridad de los peatones que diariamente cruzan la carretera BI-744, entre el centro comercial Megapark y Aparkabisa.
La portavoz del grupo popular, Raquel González, ha alertado del peligro al que se enfrentan los peatones al cruzar esta carretera, especialmente los trabajadores que utilizan esta ruta para llegar a sus puestos de trabajo. Existen dos paradas de Bizkaibus en este punto y la “única” alternativa peatonal para cruzar de un lado a otro de una vía de cuatro carriles y con elevado tráfico, es utilizar una pasarela que se encuentra a un kilómetro de distancia.
La iniciativa popular ha contado con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición (EH Bildu y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia), si bien ha decaído por el rechazo de los dos grupos que apoyan al Gobierno foral. Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han insistido en que deben ser los propios ayuntamientos los que comuniquen esta circunstancia al departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Las Juntas Generales “no deben tutelar” una problemática que parte de una competencia de carácter municipal, han subrayado.
AZPIEGITURAK, DE TESTIGO
Azpiegiturak tendrá que personarse ante un juzgado el 15 de junio de 2025 como testigo por el caso de una familia de Zierbena a quien esta sociedad foral le ha exigido pagar una deuda de “978.000 euros” que mantiene por la compra-venta de unos terrenos en Zierbena, según ha confirmado el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga.
El grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia registró en las Juntas Generales de Bizkaia una solicitud de comparecencia para que el Diputado diera explicaciones sobre la futura citación judicial de la directora de Azpiegiturak, Itziar Garamendi.
En sus explicaciones, Alzaga ha confirmado que la familia afectada pagó, entre los años 2015 y 2018, el “35%” de una deuda que había contraído diez años antes con la entonces sociedad foral Bizkailur, de 1,5 millones de euros por unos terrenos que iban a dirigirse a vivienda pública. La familia se comprometió ante notario al pago de esta deuda, si bien en el año 2019 decidió paralizar los pagos fraccionados por entender que los terrenos habían perdido valor.
Según Alzaga, una desviación al alza o a la baja de unos terrenos, no exime de pagar un reconocimiento de deuda que fue elevado al propio ayuntamiento en el año 2012, ya que la operación de compra-venta de los terrenos se produjo en 2005, alcanzando un montante total de unos 2,9 millones de euros. La familia decidió aumentar el aprovechamiento de los terrenos “del 4,94% al 12,2%”, lo que derivó después en una deuda con la Administración de “1,5 millones”.
El diputado ha confirmado que un acuerdo con la familia estableció un margen “suficientemente amplio” de 17 años para pagar dicha obligación, si bien en 2019 decidieron paralizar los pagos. Por ello, Alzaga cree que la Diputación “no tiene otra puerta abierta” que trasladar el caso a los tribunales para cobrar la cantidad adeuda, ya que perdonarla “sería incurrir en un delito de malversación de caudales públicos”.
