LA HACIENDA DE BIZKAIA ESTIMA QUE LA REVISIÓN FISCAL SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN DE 94 MILLONES EN LA RECAUDACIÓN
- La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha comparecido a iniciativa propia y de EH Bildu en comisión para aclarar algunas cuestiones del proyecto de norma foral, y para informar de la admisión de algunos cambios que se han propuesto en el periodo de exposición pública, entre las que ha destacado retrasar al 1 de enero de 2026 la entrada en vigor del régimen de aportaciones, contribuciones y prestaciones de los sistemas de previsión social voluntaria.
- Berrojalbiz ha presentado las principales magnitudes de la memoria económica del proyecto normativo en la que ha destacado el coste fiscal de 76,9 millones de euros que supondrá la no obligación de declarar en el IRPF a bases imponibles por debajo de los 19.000 euros, que beneficiará a 177.739 personas. El impacto fiscal total de la reforma se estima en 94.024.304 euros.
- EH Bildu y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia critican el impacto sobre la recaudación que tendrá la revisión fiscal y que afectará al sostenimiento del estado de bienestar.
(Bilbao, a 23 de enero de 2025). La máxima responsable de la Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha vuelto a repasar en las Juntas Generales de Bizkaia las líneas maestras de la próxima “revisión” fiscal que el Ejecutivo vizcaíno quiere aprobar en el primer trimestre de este año. La comparecencia se ha producido en la comisión de Hacienda y Finanzas a petición propia y de EH Bildu y, en la misma, Berrojalbiz ha aclarado algunas cuestiones del texto normativo y ha informado de la aceptación de algunos cambios que se han propuesto en el periodo de exposición pública. Entre ellas, Berrojalbiz ha destacado el retraso a 1 de enero de 2026 de la entrada en vigor del régimen de aportaciones, contribuciones y prestaciones de los sistemas de previsión social voluntaria.
Tras explicar de nuevo las medidas más importantes que se contemplan en el texto normativo –ya ofreció unas pinceladas de las medidas el 11 de noviembre en la misma comisión- con las que la Diputación quiere hacer frente a retos en seis materias concretas (familia, igualdad, conciliación y juventud; vivienda; previsión social; transición verde; progresividad; e impulso al tejido productivo), Berrojalbiz ha repasado el impacto económico que tendrá la revisión fiscal en las arcas públicas. La memoria económica estima que la reforma supondrá una merma de 76,9 millones de euros, solamente en el apartado de no obligar a declarar a rentas inferiores a los 19.000 euros, de las que se beneficiarán 177.739 personas.
Berrojalbiz se ha referido también a los 50.885 propietarios de arrendamiento de vivienda habitual que tendrán un impacto fiscal de 14.942.493 euros. Asimismo, Hacienda verá como merman sus ingresos en “casi 5 millones” en la eliminación del límite de compensación de BINs (Bases Imponibles Negativas) para micros y pequeñas empresas. Sumados todos estos conceptos y otros de menor calado, la diferencia de cuota efectiva negativa para la Hacienda de Bizkaia de aprobarse el proyecto normativo vendría a elevarse a 94.024.304 euros.
La responsable de Hacienda ha informado también a los grupos junteros que el texto ha recibido 12 aportaciones ciudadanas, ocho directamente en el trámite de audiencia pública y otras cuatro que han sido registradas en la web de las Juntas Generales de Bizkaia en el periodo de alegaciones, el cual concluirá mañana. La responsable foral ha señalado que la Diputación ha decidido incorporar algunas de ellas.
Algunas corregirán cuestiones técnicas, conceptuales y de utilización del lenguaje de género. Otras son de calado, ya que pretenden mejorar la gestión en el régimen de aportaciones, contribuciones y prestaciones de los sistemas de previsión social voluntaria que han sido demandadas por distintas asociaciones. Entre estas últimas destaca el retraso de entrada en vigor de este nuevo régimen de prestaciones a 1 de enero de 2026.
EH Bildu había pedido la comparecencia también de la responsable de Hacienda para “aclarar” algunas cuestiones. Entre ellas, su juntera Arantza Sarasola se ha interesado por que la responsable foral concretara la definición de unidad familiar, las EPSVs de empleo, la introducción de un régimen fiscal para artistas o la eliminación de los certificados que emite el Gobierno Vasco (Listado Vascos de Tecnologías Limpias) para obtener una reducción fiscal que se elevará del 30 al 35%. Tras escuchar las explicaciones de la diputada, Sarasola ha criticado el impacto sobre la recaudación que tendrá la revisión fiscal y que afectará al sostenimiento del estado de bienestar, en lo que ha coincidido con el grupo Mixto-Elakarrekin Bizkaia. En la revisión “nos falta la pata de los ricos y de las empresas que tienen beneficios ingentes”, ha dicho.
ALEGACIONES CIUDADANAS
Por su parte, los sindicatos LAB y ELA han querido participar en el trámite parlamentario del Proyecto de Norma invitando a los grupos junteros a introducir una serie de cambios. A través de un paquete de alegaciones, ambas centrales sindicales por separado se han mostrado muy críticas con parte del contenido del texto normativo que ha planteado la Diputación.
En el caso de LAB, este sindicato plantea en su escrito un aumento en las bases liquidables del ahorro y el tipo general de gravamen en el Impuesto de Sociedades elevando éste al 28%. Proponen también una tributación del 40% para las empresas que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos.
ELA, por su parte, inicia su análisis del proyecto de norma criticando que el mismo no supondrá un aumento de la recaudación, y que la revisión fiscal no comporta ninguna medida para luchar contra el fraude fiscal. Por ello, plantean subir los tipos en el IRPF para rentas altas, al menos en el 66%. Asimismo, plantea reducir los beneficios de las EPSVs e imponer una tasa mínima efectiva del 25% en Sociedades, además de supresión de ciertas deducciones fiscales. Quieren elevar también el tipo al 4% en Patrimonio.
A su vez, la Confederación de Cooperativas de Euskadi –KONFEKOOP- ha presentado un paquete de alegaciones ciudadanas (17 enmiendas de adición) que se centran en incorporar deducciones por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas de nueva o reciente creación vinculadas con la economía plateada, así como incorporar deducciones por la implantación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras cuestiones. Asimismo, han planteado que las cooperativas de viviendas se beneficien de los descuentos fiscales por adquisición de vivienda habitual en las aportaciones que realizan a los fondos para la construcción de una vivienda. También han planteado una reducción del 35% en el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades para las cooperativas.
Por último, el proyecto de norma ha empujado a un ciudadano a presentar sus propias alegaciones. En su caso, plantea cambios para beneficiar la compra e instalación de vehículos eléctricos y de instalaciones de generación, consumo, transporte y distribución de energías de fuentes renovables.