UNA CONTRIBUYENTE PIDE EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA UNA MODIFICACIÓN FISCAL EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA PARA QUE NO SE “DISCRIMINE” A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES

• Marta González Millán relata a los integrantes de la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de la Cámara vizcaína el perjuicio económico que le ha supuesta a ella y a otras muchas familias separadas, divorciadas o monoparentales, la redacción del artículo 98 de la norma foral.

(Bilbao, a 24 de septiembre de 2026). Las Juntas Generales de Bizkaia han acogido en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía la comparecencia de una contribuyente que ha pedido la modificación de la norma foral por la “discriminación fiscal” que han soportado este año las familias monoparentales en la campaña de la renta.

Durante su intervención, Marta González Millán ha expuesto que la modificación aprobada en 2025 de la norma foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), referente a la definición de unidad familiar, le impide realizar la declaración conjunta a pesar de mantener la custodia exclusiva de sus dos hijas y asumir de forma continuada la crianza. Esta alteración normativa, incluida concretamente en el artículo 98, ha supuesto para su hogar un perjuicio económico de aproximadamente 1.800 euros respecto a ejercicios anteriores, una situación que, según datos forales citados por la compareciente, afecta a 16.046 personas contribuyentes en el territorio.

La compareciente ha contrapuesto esta minoración con la recaudación récord de 10.442 millones de euros alcanzada en Bizkaia en 2025 y la previsión de 10.950 millones para 2026. Asimismo, González Millán ha cuestionado que el proyecto de norma foral de medidas tributarias para 2026 contemple nuevas deducciones por seguros sanitarios privados o gimnasios frente a la atención de necesidades básicas de los menores, apelando al principio de protección prioritaria recogido en la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia. Para subsanar el impacto en el ejercicio 2025, ha planteado habilitar una solicitud de revisión telemática dentro del plazo legal sin sobrecargar el trabajo de los funcionarios y funcionarias.

Por todo ello, la compareciente ha trasladado cuatro solicitudes fundamentales a las y los representantes de los grupos junteros. En primer lugar, González Millán ha reclamado la revisión formal del artículo 98 de la norma foral del IRPF, solicitando el establecimiento de criterios claros y objetivos para las situaciones de custodia exclusiva y para aquellos hogares en los que uno de los dos progenitores asume de forma efectiva la mayor parte de los gastos de crianza de las hijas e hijos. Asimismo, ha demandado la aplicación de la retroactividad con el fin de compensar económicamente a las personas y familias que han resultado perjudicadas en la campaña de la renta de 2025, solicitando finalmente un trámite de audiencia a las familias afectadas antes de cerrar de manera definitiva la nueva regulación tributaria.

NORMATIVA EN REVISIÓN PENDIENTE DE LA RETROACTIVIDAD

Por parte del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga Martín ha reconocido abiertamente que la modificación del artículo 98 causó un perjuicio a ciertas familias al no contemplar de forma adecuada supuestos como la custodia exclusiva con pensiones de alimentos no abonadas. Asimismo, ha confirmado que la Cámara foral se encuentra en pleno trámite de enmiendas para revisar la norma y ha confiado en que se de una respuesta positiva a las demandas planteadas a corto plazo.

A continuación, Diego Pagadigorria Wicke, del grupo Popular Vizcaíno, ha transmitido el apoyo total de su formación a las cuatro peticiones de la compareciente, criticando la "actitud restrictiva" de la Hacienda Foral y defendiendo la necesidad de reparar el impacto económico con efectos retroactivos al ejercicio 2025. Igualmente, ha señalado que la modificación previa se aprobó sin prever sus consecuencias y ha apelado a los grupos del Gobierno foral a asumir responsabilidades.

En representación del PSE-EE, Berta Campo Prieto ha admitido que, cuando una norma genera efectos no deseados, imprevistos o percibidos como injustos, la obligación institucional es "revisar, analizar y corregir". En este sentido, ha confirmado también que hay un proceso de revisión abierto para subsanar dichos efectos.

Por su parte, Arantza Sarasola Lartategi, de EH Bildu, ha suscrito “íntegramente” las palabras de la compareciente y ha recordado que su grupo ya advirtió durante el debate fiscal las dudas y el alcance del cambio en el artículo 98. Sarasola ha explicado que su formación ha registrado una propuesta para volver a la redacción anterior con carácter retroactivo a 2025, aunque ha mostrado su escepticismo sobre si la retroactividad saldrá adelante frente a la posición de las fuerzas de gobierno.

Finalmente, Ainhoa Pielo Muguruza, del grupo Nacionalistas Vascos, ha expuesto que la reconfiguración del concepto de unidad familiar buscaba adaptarse a los nuevos modelos de convivencia, aunque ha reconocido que algunos supuestos quedaron fuera de la protección deseada. La apoderada jeltzale ha asegurado que la postura y la visión de la compareciente se tendrá en cuenta en la negociación de enmiendas en la Comisión de Hacienda y se trasladarán directamente al Departamento de Hacienda Foral.