LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA RECHAZAN QUE SE ESTABLEZCA UNA BONIFICACIÓN DE “AL MENOS EL 40%” EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN 2026

• Una enmienda transaccional firmada por el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia y el grupo Popular Vizcaíno, que ha sido rechazada por el pleno del Parlamento de Bizkaia, abogaba por esta medida, incluso aunque el Gobierno central decidiera no continuar con su política de incentivación del uso del transporte público.

(Gernika, a 19 de noviembre de 2025). Las Juntas Generales de Bizkaia han celebrado hoy en Gernika un nuevo pleno ordinario con el debate de siete iniciativas parlamentarias. En el último punto del orden del día, el pleno ha debatido el mantenimiento de los descuentos en el transporte público para el año próximo. Una moción presentada por el grupo Popular Vizcaíno, que se ha convertido finalmente en una enmienda transaccional acordada con el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, planteaba aprobar bonificaciones de “al menos el 40%” para todo 2026. La iniciativa ha sido rechazada por 31 votos en contra (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos) y 18 a favor (la oposición al completo).

En la misma enmienda, ambas formaciones, incluían una demanda a la Diputación Foral de Bizkaia y al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), para aplicar “íntegramente” las ayudas para los títulos de transporte público que pudiera contemplar la normativa aprobada por el Gobierno central. En caso de que no se aprobasen, se pedía a ambas instituciones vizcaínas aplicar descuentos hasta la puesta en marcha del nuevo sistema tarifario común. Se ponía el límite de bonificación “en al menos el 40%” en los títulos temporales y monedero. En el texto, se establecía en otro punto, instar a las autoridades vascas con competencia en materia de transporte, a la puesta en marcha del nuevo sistema tarifario común en el ejercicio 2026. 

Pablo Gómez-Guadalupe García-Tejedor, del Grupo Popular Vizcaíno, ha denunciado la “improvisación continua” que ha marcado las decisiones sobre los descuentos, mencionando el “caos” de anuncios, las decisiones de última hora y las ausencias deliberadas en el CTB. El juntero popular se ha quejado de que “la historia se repite”, recordando los tres marcos tarifarios distintos en apenas dos meses entre el verano de 2023 y principios de 2024, calificándolo de “escándalo y un ejemplo de mala gestión y soberbia institucional”. Ha afirmado que la Diputación, a pesar de prometer anticipación, ha generado “incertidumbre”. El PP ha lamentado el "episodio bochornoso de desavenencias internas" entre los socios del Gobierno foral. 

Por su parte, el grupo Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia considera que la propuesta del PP es pertinente, aunque recurrente, dado que el Gobierno sigue sin cumplir el compromiso adquirido en 2022 de poner en marcha una nueva política tarifaria. Eneritz de Madariaga Martín ha defendido que, si el Gobierno del Estado no mantiene las ayudas económicas, la Diputación y el CTB deben asumir el gasto para mantener un porcentaje de bonificación de “al menos el 40%”, ya que los descuentos no deben seguir reduciéndose, como ha ocurrido en los últimos años. Además, ha exigido que el nuevo sistema tarifario progresivo, basado en el uso y la renta, esté en marcha en 2026. La representante ha acusado al PNV y al PSE de “traicionar a la ciudadanía” y permitir que sus enfrentamientos internos en el seno del gobierno afecten negativamente a las personas.

El Grupo Socialistas Vascos ha recordado que todas las bonificaciones aplicadas desde 2022 han sido posibles gracias a los Reales Decretos aprobados por el Gobierno central con su voto favorable. Al mismo tiempo, su portavoz, Goyo Zurro Tobajas, ha criticado al PP por la postura de sus compañeros en el Congreso, quienes se han abstenido o votado en contra de estos decretos, hasta en tres ocasiones. La razón principal para rechazar la transaccional es que existe un acuerdo de la Autoridad del Transporte de Euskadi que establece que, si finalizan las ayudas estatales, la bonificación se reducirá al 20% y los menores de 12 años viajarán gratis. El PSE no está dispuesto a saltarse estos "amplios acuerdos". En cuanto a la reciente polémica, el PSE comparte el objetivo de la bonificación, pero no el “método”, criticando el anuncio unilateral de la Diputada General el 29 de octubre sin coordinarse previamente con el Gobierno Vasco, el cual debe asumir la mitad del coste. Zurro ha defendido “la seriedad, la coordinación, el diálogo institucional y la seguridad jurídica”.

El Grupo EH Bildu ha apoyado la enmienda porque cree que estabiliza la situación actual y mejora la propuesta inicial de la Diputada General, a pesar de no suponer un avance significativo hacia una alternativa de futuro, ha sostenido el juntero Raúl Méndez Urigoitia. En cualquier caso, se ha mostrado “irónico” que sea el PP el que pida que se apliquen las ayudas en Bizkaia, cuando sus compañeros en Madrid no las apoyan. Asimismo, ha criticado al Gobierno foral por carecer de “una estrategia de futuro clara” y seguir patrones de actuación “desfasados” que pudieron tener sentido en post-pandemia. Méndez ha señalado que Bizkaia vive una "situación dramática" en materia de movilidad y sistema tarifario, caracterizada por indefinición, dependencia de Madrid, y falta de visión estratégica y descoordinación institucional, al que se une el "fuego amigo" entre los socios de gobierno. 

Finalmente, el grupo Nacionalistas Vascos ha rechazado la justificación de la moción, considerándola "absolutamente falsa" por incidir en la premisa de que la Diputación Foral no asume ningún compromiso ni expresa su apoyo de seguir más allá de febrero de 2026. En defensa de la Diputación, Unai Lerma Mentxaka ha explicado que la política tarifaria ya incluye compromisos “estructurales”, como establecer una bonificación o reducción del 20% en los títulos temporales con carácter permanente. Otras medidas tarifarias incluyen el uso de títulos temporales en Bizkaibus, la eliminación de transbordos internos en Bizkaibus, la gratuidad para menores, y la planificación de la reducción de zonas. Para los jeltzales establecer un compromiso de descuentos del 40%, difiere mucho de acuerdos previos en el Parlamento de Gasteiz y en las Juntas Generales, donde se estableció que en caso de modificación de condiciones estatales, se mantendría el 20% en los títulos temporales. El grupo Nacionalistas Vascas sostiene que esta reducción tiene un "carácter estructural" y beneficia a las personas que utilizan el transporte público con mayor intensidad.

COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA GELTOKIA ERDIGUNEAN

EH Bildu ha defendido, en otra moción, que se estableciera un ámbito de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la plataforma Geltokia Erdigunean, para la “identificación de las necesidades y expectativas de ambas partes y la concreción de un objetivo compartido” en relación a la ubicación de estación del metro en Usansolo. En el texto se pedía “prever los recursos que puedan ser necesarios para la modificación del proyecto de ejecución de la obra de la estación”. La moción se ha rechazado tras votar 34 representantes en contra de la misma, 15 a favor y 3 abstenciones.

La iniciativa ha contado solo con el apoyo del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia. Todos los grupos junteros han mostrado su apoyo firme a la construcción de la Línea 5 del metro. Sin embargo, los dos grupos que apoyan al Gobierno foral han mostrado su “respeto” al trabajo desarrollado por la plataforma ciudadana y por la consulta popular, que apoyó mayoritariamente (1.650 personas votaron a favor) ubicar la parada en el centro urbano, si bien se han mostrado críticos con el hecho de que EH Bildu se haya saltado el marco competencial, cuando las infraestructuras ferroviarias son materia del Gobierno vasco, a través de la sociedad ETS. La ubicación se marca “bajo criterios técnicos”, han repetido.

Por su parte, el grupo Popular Vizcaíno, que se ha abstenido, ha apoyado el objetivo último de trasladar la parada al centro, pero ha criticado la realización de una consulta realizada “al margen de los cauces democráticos”.

COMUNICACIÓN PARA PERSONAS SORDAS

El pleno ha rechazado una moción del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia para que la Diputación incorporara a su plantilla los intérpretes de signos “necesarios” para garantizar la comunicación con las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Según la apoderada Eneritz de Madariaga Martin, hubo 131 personas que se quedaron sin poder ser atendidas el año pasado, por lo que este grupo ha pedido que la Diputación incorpore un servicio “propio” de intérpretes, a lo que se ha sumado una demanda al Gobierno Vasco, para ofertar el Grado Universitario público, homologado y oficial en interpretación de Lengua de Signos.

La iniciativa, que ha sido rechazada por 31 votos en contra y 18 a favor, ha contado con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición. Sin embargo, ha decaído porque  pese a que los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos) han compartido el objetivo de la propuesta, han creído que la contratación externa es “más eficaz” para ofrecer estos servicios a la ciudadanía.

PLAN DE SEDES

En otra moción, la coalición abertzale ha pedido la introducción de diferentes premisas en el futuro Plan de Sedes que la Diputación presentará en 2026. En concreto, han demandado incluir en él las oficinas Gertu; constituir una mesa con la representación del personal; incluir criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal, incorporación de la perspectiva de género, entre otras cosas; y prever que los servicios que se prestan en otras sedes de Bilbao sean trasladados a la sede unificada de La Casilla. EH Bildu quería instar en definitiva a la Diputación Foral de Bizkaia a “garantizar” que los edificios que queden vacíos sigan teniendo “un fin público o mantengan su función social”.

Los dos grupos junteros no han visto “divergencias” entre lo planteado por EH Bildu y por la Diputación cuando presentó el estudio previo del Plan de Sedes. La única diferencia de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos ha estado en el último punto de una enmienda que ha nacido de una moción inicial de EH Bildu. En este sentido, jeltzales y socialistas han presentado una enmienda conjunta para que se optara por que el uso de los inmuebles propiedad de la Diputación que pudieran quedar vacantes, se determinase su uso “en función de posibilidades legales y organizativas que existan y en base al interés general”.

La moción ha sido desestimada por 33 votos en contra (Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Popular Vizcaíno) y 15 a favor (EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia).

OTROS ASUNTOS

El pleno ha aprobado el Proyecto de Norma Foral por el que se aprueba la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del año 2022 con un presupuesto de gestión propia de 2.086 millones de euros y un superávit de 189 millones de euros, según ha destacado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz Zabala. El endeudamiento se rebajó en 155,6 millones. El texto ha sido aprobado con 31 votos a favor (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos), 15 votos en contra (EH Bildu y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia) y 3 abstenciones (grupo Popular Vizcaíno).

En otro de los puntos del orden del día, el presidente de la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, Asier López de la Fuente, ha hecho un repaso, tal y como le ordena el reglamento, de la actividad anual de dicha comisión, en este caso con datos entre julio de 2024 y julio de 2025. En este periodo, la comisión recibió 13 solicitudes de comparecencia de la ciudadanía, un incremento del 60% respecto a los doce meses anteriores. La comisión llegó a convocarse en siete ocasiones. La oposición, sin embargo, no ha sido tan positiva sobre la marcha de esta herramienta para que la ciudadanía participe en la política vizcaína, resaltando que la comisión se reunió en 25 ocasiones en su primer año.

El pleno ha aprobado la designación de Raul Méndez Urgoitia, para ocupar un puesto por EH Bildu en el Consejo para la Sostenibilidad de Bizkaia, en sustitución de Jon Arrriola Espilla.