LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA INICIAN EL DEBATE DE UN PROYECTO DE NORMA FORAL QUE PRETENDE IMPULSAR UN MARCO JURÍDICO “INTEGRAL” PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIPUTACIÓN EN TIEMPOS DE IA

• El diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre Loroño, ha comparecido en las Juntas Generales de Bizkaia para detallar el proyecto normativo, que regula el uso ético de la inteligencia artificial y garantiza la atención presencial, con un propósito centrado en las personas y en la gobernanza del dato.

(Bilbao, a 2 de noviembre de 2026). La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado hoy ante las Juntas Generales de Bizkaia el Proyecto de Norma Foral sobre el uso de medios electrónicos y transformación digital del sector público foral de Bizkaia. El diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre Loroño, ha comparecido en la Comisión de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia para exponer los pormenores y el alcance de este texto normativo que supone “un paso más” en la transformación digital del sector público foral.

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado hoy ante las Juntas Generales de Bizkaia el Proyecto de Norma Foral sobre el uso de medios electrónicos y transformación digital del sector público foral de Bizkaia. El diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre Loroño, ha comparecido en la Comisión de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia para exponer los pormenores y el alcance de este texto normativo que supone “un paso más” en la transformación digital del sector público foral.
Durante su intervención, Izagirre Loroño ha remarcado que la iniciativa nace con el propósito de dotar a la institución de un instrumento jurídico transversal que supere el modelo tradicional enfocado únicamente en digitalizar expedientes. En palabras del diputado foral, “no se trata, por tanto, solo de digitalizar los procedimientos, se trata de organizar la transformación digital de forma integral, utilizando la tecnología y los datos para prestar mejores servicios y al mismo tiempo garantizando los derechos de las personas”.

El representante foral ha explicado que la propuesta normativa se ha estructurado sobre siete ejes clave: los derechos de la ciudadanía, la gestión basada en datos, los servicios centrados en las personas, la accesibilidad universal, la inteligencia artificial ética, la seguridad de la información y la coordinación tecnológica corporativa. Asimismo, ha subrayado que la redacción definitiva ha incorporado aportaciones de un amplio proceso participativo y técnico en el que han colaborado personas expertas de referencia en derecho administrativo y administraciones públicas, así como personal técnico de los distintos departamentos forales.

En cuanto al articulado, el diputado ha incidido en que el texto consolida el derecho de las personas físicas a elegir el canal de comunicación y salvaguarda la atención presencial y telefónica frente a la brecha digital. Igualmente, ha puesto el foco en la regulación de la inteligencia artificial, destacando que se prohíben las decisiones totalmente automatizadas que impliquen juicios subjetivos o discrecionales, exigiéndose supervisión humana y la creación de un registro público de algoritmos.

Al término de su comparecencia, el diputado foral ha ofrecido un resumen concluyente sobre el objetivo final que persigue la institución con esta regulación. “Se trata de utilizar la transformación digital para poder dar mejores servicios públicos, reforzar los derechos de la ciudadanía y construir una administración más cercana, comprensible, segura, fiable y sin dejar a nadie atrás”, ha dicho.

GRUPOS JUNTEROS

A continuación, los grupos junteros han descrito las principales inquietudes o dudas que ha suscitado el texto normativo. Así, la portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga Martín, ha mostrado su “preocupación” por la falta de concreción de la estructura de gobernanza interna, el seguimiento de la transformación y la ausencia de memoria presupuestaria pese a requerirse nuevos perfiles profesionales. De Madariaga ha cuestionado que se eleve la colaboración público-privada sin blindar suficientemente el control de los datos públicos, y ha pedido aclarar los criterios de “impacto elevado”, la exclusión de garantías para sistemas algorítmicos no basados en inteligencia artificial, la concreción de la autoridad independiente de supervisión y el régimen supletorio en el ámbito tributario.

Por su parte, Raquel González, portavoz del grupo Popular Vizcaíno, ha centrado sus dudas en cómo se materializarán en la práctica los derechos reconocidos, pidiendo detalle sobre qué oficinas, horarios y personal garantizarán la atención presencial y telefónica, así como los mecanismos para obtener cita previa dentro de plazo. Asimismo, ha reclamado aclarar cómo se acreditará la disponibilidad de medios de los colectivos obligados a relacionarse por medios electrónicos, quién y con qué criterios apreciará la “buena fe” en la subsanación de errores y qué garantías de autonomía y recursos tendrá la autoridad independiente de supervisión de la inteligencia artificial.

El apoderado socialista Juan Otermin Eraso ha manifestado su respaldo general a la orientación del proyecto, pero ha incidido en la necesidad de concretar su aplicación práctica mediante planificación, recursos suficientes y mecanismos de evaluación que aseguren mejoras reales del servicio público. En este sentido, ha planteado reforzar la supervisión humana independiente ante decisiones apoyadas en inteligencia artificial, asegurar el control público de las soluciones tecnológicas contratadas, delimitar el derecho a regularizar errores de buena fe (también en el marco tributario) y vigilar la inclusión digital en todo el territorio.

Por su parte, Aitor López Vázquez, de EH Bildu, ha reconocido la complejidad técnica del texto y ha pedido detallar qué vacíos jurídicos concretos se buscan colmar y por qué la iniciativa no figuraba en el plan normativo anual foral. López Vázquez se ha mostrado interesado en la armonización de los distintos ritmos de madurez digital entre departamentos para evitar desajustes con la formación del personal, y ha remarcado la necesidad de regular la inteligencia artificial de forma coordinada con el resto de territorios y el Gobierno Vasco, citando los trabajos parlamentarios recientes (creación de una ponencia) sobre esta materia.

Y, por último, Celia Gómez Devesa, juntera de Nacionalistas Vascos, ha valorado positivamente la iniciativa foral al calificarla de “estratégica, integradora e inclusiva”, destacando que aporta la seguridad jurídica necesaria para articular la modernización institucional. En su intervención, la apoderada jeltzale ha destacado el “exhaustivo” trabajo técnico realizado, la colaboración con juristas de referencia y el proceso de escucha activa y contraste social que ha permitido recoger diversas sensibilidades en el texto final.