LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA INICIAN EL DEBATE DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2026 CON EL FOCO EN EL ARRAIGO DE PERSONAS Y EMPRESAS

• La Comisión de Hacienda y Finanzas se ha reunido hoy para conocer el contenido del Proyecto de Norma Foral en una comparecencia explicativa de la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz Zabala.
   
• Los grupos junteros de la oposición han criticado el proyecto de norma por su contenido y han afeado al PNV que las medidas fueran presentadas en Madrid sin pasar primero por las Juntas Generales de Bizkaia y sin consensuarlo con su socio de Gobierno.

(Bilbao, a 23 de septiembre de 2026). La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia se ha reunido hoy en Bilbao para examinar y debatir el Proyecto de Norma Foral de medidas tributarias para 2026, en una sesión que ha incluido la comparecencia explicativa de la Diputación Foral de Bizkaia. Durante la sesión, la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz Zabala, ha detallado los ejes de la iniciativa ante las apoderadas y los apoderados junteros. Tras dicha explicación, la Mesa de la Cámara ordenará seguidamente la apertura del plazo de enmiendas que concluirá previsiblemente el 21 de octubre.

En su intervención, la diputada foral ha subrayado que la propuesta normativa responde a un objetivo central: "reforzar el arraigo de las personas, de las empresas y de la actividad económica en Bizkaia, con la finalidad de hacer Bizkaia entre todos y entre todas más próspero y más solidario". La responsable de Hacienda ha defendido que, al ofrecer oportunidades para los proyectos de vida y mantener los centros de decisión en el territorio, "estamos construyendo una Bizkaia mejor, una Bizkaia más competitiva, más cohesionada y preparada para el futuro", destacando la importancia de "crear un proyecto de futuro ilusionante".

Antes de lanzar este “mensaje”, la diputada ha desgranado el proyecto normativo a través de cuatro grandes bloques en donde ha abordado las medidas para conseguir el arraigo empresarial y personal mediante incentivos en la transmisión de empresas, el fomento de la continuidad de las actividades económicas, el relevo generacional y la atracción y fidelización de talento cualificado.

Entre las novedades propuestas, el proyecto incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen su continuidad. En este objetivo por la continuidad y arraigo empresarial, se encuentra la posibilidad de recibir acciones o participaciones de la empresa con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por persona trabajadora, así como el acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Para las y los trabajadores se pretende incorporar un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes.

En el texto se incorporan incentivos a la formación continua y a la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas.

Asimismo, se establece una nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales.

Entre las medidas previstas figura una deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, y una deducción también del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros.

Por último, se establece una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada a la retirada de vehículos con más de diez años de antigüedad, y se plantea la exención de las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia u otras entidades.

GRUPOS JUNTEROS

Sin entrar a valorar cada medida, Eneritz de Madariaga Martín, portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, ha cuestionado el proceso de gestación de la norma y las discrepancias públicas entre los socios del Gobierno foral, afirmando que el proyecto se aleja de la progresividad, redistribución y protección social pactadas con su grupo en 2025, para regresar a una "senda de privilegios fiscales" que beneficia a rentas e inversores concretos a costa de la recaudación pública. Por todo ello, al considerar que la reforma beneficia a una minoría e incrementa la desigualdad social, De Madariaga ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad solicitando su retirada.

Desde las filas del grupo Popular Vizcaíno, su portavoz, Raquel González Díez-Andino, ha criticado también que el proyecto se ha quedado “obsoleto” al presentar un texto que ha cuestionado su socio de gobierno. La representante de PP ha calificado la comparecencia explicativa como una "ensoñación" y un ejercicio de "publicidad engañosa" que perjudica el prestigio y la credibilidad de la Hacienda vizcaína. Además, ha criticado que las medidas tributarias se presentaran inicialmente en Madrid ante grandes corporaciones, antes de ser detalladas o acordadas en la Cámara foral, y ha sostenido que la propuesta planteada resulta ya "descafeinada" debido a las desavenencias públicas y posteriores ajustes entre las fuerzas del Gobierno foral. La portavoz del Grupo Popular ha anunciado que su formación presentará enmiendas al proyecto de norma foral.

Por su parte, el representante de Socialistas Vascos en la comisión Alberto Álvarez Castrejón, ha admitido que a su formación "no le gusta este proyecto de norma foral", recordando que ya expresaron dicho rechazo motivado públicamente a través de su secretario general y vicelehendakari, Mikel Torres. No obstante, la representación socialista ha explicado que, desde la responsabilidad institucional y compartiendo principios como la lucha contra el fraude fiscal o el fomento de la actividad económica, han alcanzado un “laborioso” acuerdo de base con el PNV para los tres territorios históricos. Dichas materias se trasladarán al proyecto normativo en el trámite parlamentario con el objetivo de dotar a la norma de "control, transparencia y generalización", garantizando una "evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos", ha dicho.

Por su parte, Arantza Sarasola Lartategi, en representación de EH Bildu, ha rechazado el proyecto de norma foral al considerar que no es redistributivo y que profundiza en la privatización de ámbitos competenciales del sector público, como la sanidad y la vivienda. La representante de la coalición abertzale ha criticado también que las medidas fueran presentadas en primer lugar en Madrid ante grandes firmas empresariales, relegando a las Juntas Generales y a la ciudadanía vizcaína a un segundo plano. Asimismo, Sarasola ha mostrado su preocupación por la incertidumbre en el Gobierno foral, señalando que el texto remitido a la Cámara es exactamente el mismo que aprobó el Consejo de Gobierno y "no se ha cambiado ni una sola coma" a pesar del acuerdo anunciado entre jeltzales y socialistas, al tiempo que ha cuestionado que se concedan incentivos fiscales a quienes tienen capacidad de ahorro para invertir en fondos de vivienda.

Aitor Arregi Osoro, apoderado de Nacionalistas Vascos, ha valorado positivamente la iniciativa normativa, calificándola de "amplia" y "ambiciosa", y ha subrayado que da continuidad a la revisión tributaria anterior al utilizar la fiscalidad como una herramienta orientada a afrontar los principales retos económicos y sociales del territorio. Entre las medidas planteadas, ha resaltado el respaldo a la continuidad de las empresas familiares para evitar la deslocalización, las medidas dirigidas a la atracción y arraigo de profesionales jóvenes y cualificados, y la colaboración público-privada con el tercer sector para el alquiler de vivienda de interés social, asegurando mecanismos para evitar la explotación inmobiliaria de mercado. Por último, ha mostrado la disposición de su formación para acordar una norma definitiva que redunde en beneficio del tejido empresarial y de la ciudadanía vizcaína.