LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA CELEBRAN EN ABELLANEDA EL ÚLTIMO PLENO DEL CURSO POLÍTICO
- La sesión de control ha analizado la financiación local, la digitalización del transporte, la respuesta ante las olas de calor en las residencias y en el servicio de transporte público a las playas, la gestión de subvenciones industriales y la protección del medio natural y el patrimonio histórico del territorio.
(Abellaneda, 24 de junio de 2026). Las Juntas Generales de Bizkaia se han desplazado en la mañana de hoy hasta la Casa de Juntas de Abellaneda, en Sopuerta, para cumplir con la última sesión plenaria del presente curso político. En esta jornada parlamentaria de control, a la que han acudido representantes municipales de Enkarterri, los grupos de la oposición han sometido a examen la gestión de la Diputación Foral a través de nueve iniciativas, entre Interpelaciones y Preguntas orales, que han abarcado desde la fiscalidad municipal hasta la respuesta ante emergencias climáticas. Durante el pleno, se ha debatido sobre la modernización de los sistemas de pago en el transporte público, la transparencia en la gestión de infraestructuras industriales, la respuesta ante las olas de calor en las residencias en el servicio de transporte público a las playas y la urgente necesidad de proteger tanto el entorno natural de Urdaibai como el patrimonio minero de las Encartaciones y la Zona Minera, entre otras cuestiones.
En el bloque correspondiente a las iniciativas de EH Bildu, la Diputación ha tenido que responder a cinco iniciativas de control. En primer lugar, el portavoz suplente Aitor Lopez Vazquez ha interpelado al Gobierno foral sobre la “inactividad” de la Comisión Mixta de Financiación Municipal, órgano encargado de revisar la Norma Foral de Haciendas Locales. El apoderado ha denunciado que, tras la reunión celebrada el 24 de mayo de 2024, la comisión no ha vuelto a convocarse, dejando en el aire la incorporación de criterios ambientales en el modelo de financiación local.
En este asunto, el diputado foral del departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre Loroño, ha corregido al representante de la coalición abertzale al constatar que la sexta reunión de la comisión Mixta desde que se creó este órgano, tuvo lugar el 2 de febrero de este año y, en ella, se tomaron varias decisiones como la de establecer los porcentajes de las aportaciones de cada institución, un acuerdo que está en manos de Eudel para su visto bueno. La Diputación está a la espera de que el organismo que representa a todos los ayuntamientos de Euskadi tome una decisión al respecto para proseguir con los trabajos.
En materia de patrimonio histórico, la apoderada Rakel Goñi Lácar ha planteado una interpelación relativa a la conservación de los hornos de calcinación de carbonatos de hierro, ya que se encuentran en “grave peligro de desaparición”. En su intervención, ha preguntado si la Diputación ha valorado establecer convenios con las personas propietarias privadas de estos hornos o crear una línea de subvenciones para su rehabilitación y puesta en valor como recurso turístico y cultural en municipios como Sopuerta, Ortuella o Arrigorriaga.
Respecto a la titularidad y protección, la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga Arruza, ha afirmado que la Diputación “no es competente para la protección oficial y legal de los bienes culturales”, ya que dicha potestad corresponde al Gobierno Vasco o al propio ayuntamiento a través de su catálogo municipal. Asimismo, ha subrayado que, bajo la normativa vigente, el mantenimiento de los bienes culturales “corresponde a sus propietarios, poseedoras y demás titulares”. En cuanto a su relevancia, la diputada ha señalado que, según los informes técnicos, estos hornos tienen un “valor cultural patrimonial de rango local”, por lo cual “correspondería a los ayuntamientos velar por su conservación y puesta en valor”. No obstante, ha abierto una vía institucional al declarar que el servicio de patrimonio está dispuesto, dentro de sus competencias, a “compartir información, orientar y explorar posibles posibilidades de colaboración” con el fin de fomentar la protección de este patrimonio industrial.
La gestión económica ha centrado otra de las intervenciones del grupo soberanista de la mano de Aitor Llano Lana, quien ha abordado la concesión de una subvención directa excepcional de 37 millones de euros a la Fundación AIC (Automotive Intelligence Center). El apoderado ha cuestionado los modelos de subcontratación autorizados con ACICAE y ha pedido aclaraciones sobre si se ha producido una situación de "autocontratación". Asimismo, ha solicitado información sobre si la Diputación ha planeado promover una licitación pública para la gestión del centro una vez expire el contrato vigente en diciembre de 2026.
La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko Urkiri, ha explicado que el impulso a la quinta fase del AIC supone una inversión de 37 millones de euros y la creación de 21.900 m² de nueva superficie. Ha señalado que este proyecto “estratégico” no es una mera ampliación, sino una evolución hacia un distrito de movilidad avanzada donde las empresas podrán probar tecnologías en entornos reales y no solo en laboratorios cerrados. Ha indicado que el enfoque de esta fase abarca ámbitos estratégicos como el vehículo eléctrico, la carga inteligente, la gestión de datos, la economía circular aplicada a componentes y baterías, e incluso la movilidad vertical con soluciones como los drones. Basurko ha detallado que la subvención directa concedida a la Fundación AIC cubre el diseño, ejecución y equipamiento del nuevo edificio, además de los gastos financieros asociados al préstamo de financiación necesario para la obra. Finalmente, ha confirmado que se ha autorizado la subcontratación de ACICAE para tareas específicas de definición y puesta en marcha de esta Fase 5, garantizando que el proyecto responda directamente a las necesidades del sector.
Respecto a la movilidad y los servicios estivales, Raul Méndez Urigoitia ha trasladado al pleno una pregunta sobre el refuerzo del transporte público a los arenales vizcaínos. El apoderado ha señalado que la ola de calor registrada el pasado mes de mayo ha evidenciado carencias en las frecuencias y la capacidad del servicio de autobuses hacia la costa. En este sentido, ha instado a la Diputación a no limitar su respuesta únicamente a servicios de limpieza y socorrismo, sino a garantizar un acceso integral y de calidad mediante el transporte público para la actual y las próximas temporadas.
La diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerro, ha respondido que Bizkaia cuenta con una de las redes de acceso a playas “más amplias” del Estado, dando cobertura a 20 arenales en cinco comarcas y 13 municipios a través de un sistema multimodal que ofrecen Metro Bilbao, Euskotren y Bizkaibus. En el caso de los autobuses forales, el servicio incluye 15 líneas específicas, de las cuales diez son refuerzos de temporada activos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Ha explicado que la capacidad para incrementar estructuralmente estas frecuencias o adelantar la temporada está condicionada por la disponibilidad real de flota y personal conductor, ya que la ampliación del servicio depende directamente de la liberación progresiva de los vehículos adscritos a los servicios universitarios de la UPV/EHU. Asimismo, ha indicado que, si bien la valoración general del dispositivo es positiva, se identifican “tensiones puntuales” a última hora de la tarde en zonas de Urdaibai como Laga, Laida y Canala.
En otro punto, Aitor Llano Lana ha vuelto a tomar la palabra para tratar la problemática del suministro de agua en el Valle de Carranza. Ha recordado que la balsa de La Argañeda ha quedado inutilizada para el almacenamiento, dejando al municipio dependiente únicamente de la balsa de La Cerroja ante un verano de previsible calor extremo.
En esta ocasión, la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa Lejarreta, ha reconocido que las infraestructuras hídricas de Carranza no cumplen con las garantías necesarias de abastecimiento, una situación agravada tras el incidente que dejó inutilizada la balsa de la Argañeda. Ha explicado que, tras finalizar el convenio para analizar los daños y la estabilidad de dicha balsa, la institución foral ha remitido al Ayuntamiento un proyecto de “bypass” como solución “transitoria” y ha suscrito un nuevo acuerdo para buscar soluciones definitivas a todo el ciclo del agua, incluyendo el estudio de depuradoras ecológicas. Asimismo, ha detallado que la Diputación se ha comprometido formalmente a coordinar y trasladar agua potable desde el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en caso de emergencia o escasez extrema para garantizar el consumo de la población. Esta colaboración se mantendrá hasta que las nuevas infraestructuras estén operativas.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIGITALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Por parte del Grupo Popular Vizcaíno, la portavoz Raquel González Díez-Andino, ha presentado una pregunta dirigida al área de Administración Pública relativa a la atención a la ciudadanía. La representante popular ha denunciado haber recibido quejas de personas que han manifestado su "indignación" por el trato “brusco” recibido en ciertos departamentos y la imposibilidad de concertar reuniones con responsables forales. Por ello, ha demandado la implementación de protocolos de buenas prácticas que aseguren una comunicación respetuosa, accesible y neutral.
De nuevo, el responsable de esta área foral, Ager Izagirre Loroño ha asegurado que este trato no es habitual, pero que se puede dar de forma puntual, tal y como ha reconocido la propia representante del PP, debido al gran volumen de atenciones que se realizan. Solo en 2025 se produjeron 12,3 millones de interacciones con la ciudadanía a través de los diferentes canales que dispone la Diputación. De ellos, 8,6 millones fueron a través de la web foral; 3,3 millones por medio de las sedes electrónicas; 1,7 millones por teléfono; 370.000 de manera presencial y 250.000 se efectuaron a través de las redes sociales.
En la misma línea de mejora de los servicios públicos, el juntero de este grupo Diego Pagadigorria Wicke ha defendido una interpelación sobre la digitalización de la red de transporte. El apoderado ha criticado que Bizkaia presenta “un retraso notable” en comparación con otros territorios, destacando la falta de implantación generalizada del pago “contactless” y de una Barik virtual plenamente operativa. En su intervención ha solicitado la materialización de aplicaciones móviles de última generación que ofrezcan datos fiables en tiempo real para las personas usuarias de Metro Bilbao y Bizkaibus.
En este sentido, la titular foral del departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerro, ha señalado que el principal proyecto tecnológico en marcha es la renovación integral del SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) de Bizkaibus, la plataforma central que permite supervisar en tiempo real la geolocalización, frecuencias e incidencias de toda la flota, que se licitará este año de manera conjunta con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB). Ha detallado que también están trabajando en el desarrollo de una nueva app de Bizkaibus en 2027, concebida con criterios de accesibilidad cognitiva y funcional. Otra actuación estratégica será la creación de un Puesto de Mando Unificado para asegurar una estructura de supervisión y coordinación permanente de la operativa. Finalmente, la diputada ha subrayado que la digitalización y modernización tecnológica se realiza “de forma progresiva”, debiendo equilibrarse con otras prioridades como la descarbonización de la flota y la ampliación de la oferta, “siempre en función de la disponibilidad presupuestaria”.
OLAS DE CALOR Y URDAIBAI
El grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha centrado su labor de control en la protección de las personas vulnerables y el medio ambiente. La portavoz de esta formación, Eneritz de Madariaga Martín, ha interpelado a la diputada de Acción Social sobre la preparación de las residencias de personas mayores ante las olas de calor. Basándose en los informes de la asociación Babestu, ha señalado que la crisis climática ha hecho que estos episodios sean más frecuentes y extremos. Entre mayo y junio de este año, habrían fallecido en Euskadi 53 personas por los efectos del calor, una de ellas, de 90 años, murió ayer en una residencia.
Tras dar las condolencias a familiares y allegados, la diputada Amaia Antxustegi Ziarda ha señalado que desde el Departamento de Acción Social se han remitido instrucciones “claras” de vigilancia y prevención a toda la red de centros, remarcando la pauta de evitar que las personas usuarias permanezcan en estancias que superen los 26 grados. Ha explicado que, además de los protocolos definidos en las propias residencias y los que emanan del Plan de Calor del Gobierno vasco, la institución foral garantiza el seguimiento y control de estas medidas a través del Servicio de Inspección. En este sentido, ha indicado que se realizan visitas técnicas utilizando termohigrómetros para verificar el confort térmico y, en caso de detectar incumplimientos, se exigen medidas correctoras inmediatas, como la instalación de sistemas de climatización. Finalmente, ha subrayado que el personal de inspección ha recibido formación específica durante el año 2026 en materia de gestión de olas de calor para ofrecer recomendaciones técnicas directas a los centros durante sus supervisiones.
Para concluir el pleno, el apoderado Richar Vaquero Moreno ha formulado una pregunta sobre la integridad ecológica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El representante del grupo morado ha mostrado su preocupación por la reciente iniciativa legislativa para modificar la normativa de protección de este espacio emblemático. Ha cuestionado qué actuaciones ha previsto la Diputación Foral para preservar el actual nivel de conservación y asegurar que cualquier cambio normativo no suponga un retroceso en este ecosistema único.
En esta cuestión, la diputada de Medio Natural y Agricultura, ha aclarado que la competencia normativa principal sobre la ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai corresponde al Gobierno Vasco, si bien la Diputación mantiene sus facultades en materias sectoriales como montes, agricultura o gestión de espacios naturales. Ha explicado que, tras analizar el borrador de modificación normativa, se concluye que este no reduce formalmente el régimen jurídico de protección, sino que busca ordenar y legitimar usos náutico-recreativos que ya se detectaban de forma incontrolada en zonas sensibles. En este sentido, Arantza Atutxa Lejarreta ha precisado que el texto contempla medidas como la prohibición de nuevos fondeaderos, la limitación de embarcaciones a motor y la adecuación de zonas de baño para reducir riesgos y proteger el entorno. Ha indicado que la institución foral aplicará las disposiciones que resulten finalmente del debate parlamentario y, de forma paralela, ha subrayado que se seguirá contribuyendo a la financiación de proyectos de conservación, restauración ambiental y desarrollo rural en la comarca.
