LA DIPUTACIÓN PRESENTARÁ EN EL “SEGUNDO SEMESTRE DE 2025” EL NUEVO PLAN DE PARTICIPACIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- El departamento de Acción Social anuncia en las Juntas Generales de Bizkaia que la evaluación del plan actual se realizará entre septiembre y diciembre de este año.
(Bilbao, a 25 de junio de 2024). A pregunta de EH Bildu, la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha anunciado en las Juntas Generales de Bizkaia que su departamento presentará en el “segundo semestre de 2025” el plan que debe sustituir a la hoja de ruta vigente en este momento para fomentar la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, que se elaboró para el periodo 2021-2023.
La responsable foral ha explicado que los cinco ejes de actuación del plan actual “siguen estando vigentes”. Antxutegi se ha referido a actuaciones que están dirigidas a “promover las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad alcancen su máxima autonomía; promover la efectiva accesibilidad universal; promover la igualdad de oportunidades y el trato no discriminatorio; impulsar condiciones suficientes y adecuadas para garantizar la universalidad y el acceso equitativo a las prestaciones y servicios forales; avanzar en la implantación del modelo de participación y de calidad de vida en la comunidad; e impulsar la colaboración de las entidades sociales”.
Según la base de datos del Departamento de Acción Social, en Bizkaia más de 90.000 personas tenían reconocido en septiembre de 2020 algún grado de discapacidad. De ellas, 66.853 personas tienen una discapacidad igual o superior al 33%, lo que supone un 5,8% de la población total de nuestro territorio histórico. Teniendo en cuenta estas cifras, EH Bildu había preguntado a la Diputación por la elaboración del nuevo Plan, que contará “con la participación del tercer sector y de los colectivos de personas con discapacidad”, ha asegurado Antxustegi.
SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL
En febrero de 2020, las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por unanimidad adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilizara el Síndrome de Alienación Parental. En la iniciativa propuesta por EH Bildu se instaba a la Diputación en uno de los puntos a analizar el efecto que el ítem de la herramienta BALORA denominado “instrumentalización en el conflicto entre progenitores”, había podido tener en las situaciones de desprotección identificadas por el Servicio foral de Infancia.
En mayo, y según ha constatado hoy en comisión la juntera Bea Ilardia, los grupos junteros recibieron un informe firmado por "Dartington" y la UPV/EHU, dando respuesta a la petición realizada. Hoy, en comisión, la coalición abertzale ha pedido a la Diputación una “valoración” sobre dicho informe y si ha habido “alguna reflexión” tras “cuatro años y medio” transcurridos en torno a todos los expedientes analizados
La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha explicado que el informe ha tenido en cuenta el contenido de “2.800 expedientes” abiertos desde distintas instancias entre 2015 y 2021. Del informe se extrae la “dificultad” de realizar una “sistematización” de los casos debido a su diferente tipología. Los resultados son “muy cuantitativos, no disponiendo de un marco general de interpretación”, ha dicho.
“Solo el 2,88%” son expedientes que han pasado por la gestión directa del Servicio de Infancia y los que únicamente presentan el ítem de instrumentalización son el “0,2%” de todos ellos. Tras el análisis de los datos se ha llegado a la conclusión de que es importante para el futuro, “digitalizar” toda esta información. Antxustegi ha puesto en valor el “arduo” trabajo que supone extraer datos de cada caso, “uno a uno”, teniendo en cuenta que “no hay dos casos iguales”.
Por su parte, Ilardia ha señalado que las explicaciones de la diputada en base al informe presentado, “no responde” a lo que demandó la Cámara vizcaína, ya que se pedía “una valoración y no un estudio estadístico”. Según ella, no incide en los “motivos” para la retirada de custodias y tutelas de menores, “fundamentalmente a madres”. La juntera de EH Bildu ha explicado que lo que resulta “más grave” es cuando se determina que el “38,7%” de las madres no mostraron colaboración con los Servicios de Infancia, cuando en la mayoría de casos analizados están afectadas por situaciones de violencia de género o abusos a la infancia.
UNIDADES CONVIVENCIALES
La diputada de Acción Social ha entregado en la misma comisión la evaluación de las unidades convivenciales, tal y como la Cámara vizcaína le había demandado en abril de 2022. El único dato que ha transcendido es que el informe se ha elaborado con “datos actualizados de mayo de 2024”. EH Bildu que había preguntado por este asunto, ha mostrado su enfado por que la Diputación difunda dicho informe “precisamente hoy”, en respuesta a una pregunta oral que incluye un escaso margen temporal para explicar los resultados. “No tiene sentido”, ha dicho Izaskun Duque.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
En varias cuestiones planteadas por el grupo Popular Vizcaíno se ha preguntado en la comisión de Acción Social por la situación en el territorio de los menores inmigrantes no acompañados. En concreto, su portavoz, Raquel González, se ha interesado por el reparto de aquellos que llegaron en distintas oleadas a Canarias, “que no conocemos”, y por la elaboración de los protocolos de actuación en el centro de acogida de menores de Sopuerta.
Antxustegi ha señalado que el Gobierno foral “está a la espera” de que la Conferencia Sectorial que trabaja este asunto a nivel estatal, apruebe dicho reparto en un convenio, y en base a diferentes criterios: población, renta, tasa de paro, esfuerzo en servicios de atención de cada Comunidad y dispersión poblacional. El último reparto aprobado estimó que el País Vasco debía amparar a “18 menores”, de los cuales “7” se incluirían en la red asistencial de Bizkaia.
La diputada foral, después de mostrar solidaridad con Canarias, ha pedido mayor “corresponsabilidad” para el acogimiento a otras Comunidades Autónomas. El Gobierno foral “estará atento” a la propuesta del Gobierno central que pretende plantear obligar a las Comunidades que no están suscritas al convenio, a que contemplen un cupo de asistencia para estos menores.
En cuanto al centro de Sopuerta, Antxustegi ha asegurado que “desde el 24 de mayo” no se ha producido “ningún incidente, ni problema convivencial”. Ha dejado claro que existe un protocolo “específico” para los menores que ocupan el centro que están atendidos “por un equipo multidisciplinar”. Éste está capacitado para “preparar la emancipación de jóvenes de entre 14 y 18 años”. Ha valorado “positivamente” este recurso y ha mostrado su “satisfacción por la evolución de los menores”. Gracias a los servicios forales “cientos de menores” son hoy “ejemplo de éxito” al aportar riqueza a nuestra sociedad.
Por su parte, la juntera popular ha criticado a la Diputación por lo que ella considera una “actuación caótica” desde que se abriera este recurso en el municipio de Enkarterri. En cuanto al protocolo, González ha afeado al departamento de Acción Social por “no decir la verdad, ni a los vecinos ni a esta casa”.
