LA DIPUTACIÓN GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS INICIATIVAS APROBADAS POR LAS JUNTAS GENERALES, SIN NINGUNA PENDIENTE DE ACTIVACIÓN

• El Gobierno foral ha presentado hoy en el pleno el Informe de cumplimiento de las iniciativas no de norma aprobadas en los dos últimos años en la Cámara vizcaína, que suman un total de 11 mociones y otras 11 proposiciones no de norma.
   
• El pleno ha rechazado hoy tres mociones y una proposición no de norma de la oposición en relación con los aplazamientos a contribuyentes juzgados por fraude fiscal; la instalación de puntos de alimentación en los municipios pequeños; la ampliación de plantilla en el Centro de Crisis para atender a mujeres víctimas de violencia sexual; y la revisión del contencioso del enclave de San Antonio de Abiña.

(Gernika, a 22 de octubre de 2025).  Las Juntas Generales de Bizkaia han celebrado hoy en Gernika un nuevo pleno ordinario con el debate de cinco iniciativas parlamentarias. En el último asunto del orden del día, la Diputación ha presentado el Informe relativo al control del cumplimiento por parte del Gobierno de las Proposiciones No de Norma y Mociones aprobadas por las Juntas Generales de Bizkaia, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de septiembre de 2025. Este informe viene a confirmar que el Gobierno foral ha cumplido con el mandato de la Cámara y ha utilizado los medios necesarios para garantizar la ejecución de las iniciativas en los dos primeros años de la presente legislatura. Este informe se elabora en virtud de la obligación establecida por el reglamento de las Juntas Generales.

El Diputado de Administración Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre Loroño, ha destacado que durante el periodo analizado, se aprobaron un total de 22 iniciativas por las Juntas Generales: 11 proposiciones no de norma y 11 mociones. El informe subraya que la “totalidad” de estas iniciativas se encuentran en fase de gestión, destacando que “ninguna de ellas está sin haberse puesto en marcha”. La Diputación fue el destinatario directo de 21 de las 22 iniciativas. Otra iniciativa se trasladó al Consorcio de Transportes de Bizkaia.

De las iniciativas aprobadas, 10 se encuentran en fase de ejecución (5 proposiciones no de norma y 5 mociones), 3 mociones están en fase de planificación, y otras 6 proposiciones se encuentran finalizadas.

Los departamentos forales que han gestionado la mayor parte de estas iniciativas son el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, y el Departamento de Acción Social, que en conjunto han recibido el “68%” de las iniciativas aprobadas.

El diputado ha señalado que la mayoría de las proposiciones y mociones que están en ejecución ya se encuentran “muy avanzadas”, a excepción de las más recientes. Asimismo, Izagirre ha reconocido la complejidad inherente a la gestión de ciertos mandatos, destacando que para llevar a cabo algunas iniciativas “es necesario poner de acuerdo a diversos agentes”; o que los temas tratados son “muy complejos” por sí mismos, lo que requiere tiempo para su cumplimiento total.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En una Moción, EH Bildu ha pedido un cambio normativo para que no se permita solicitar un aplazamiento o fraccionamiento a aquellos contribuyentes que tengan abierta ante la justicia una causa por fraude fiscal, como ocurre en el resto de territorios, según han explicado la apoderada Arantxa Sarasola Lartategi. Asimismo, se pedía que se hiciera público la relación de estas personas defraudadoras.

La iniciativa ha sido desestimada por el voto en contra del grupo Popular Vizcaíno, Socialistas Vascos y Nacionalistas Vascos. Para el PP, debe prevalecer un doble objetivo: “cobrar” y ser “flexibles para que las empresas sigan existiendo”, ha mantenido Diego Pagadigorria Wicke.

Para el grupo Socialistas Vascos, de aprobarse la moción y el cambio normativo, la presunción de inocencia quedaría “restringida”. Sería “anticipar consecuencias jurídicas a situaciones que no han sido resueltas judicialmente”. De concederse el cambio y en los casos en los que no se demuestre el fraude, la persona contribuyente estaría “condenada dos veces”, ha apuntado José Alberto Álvarez Castrejón.

A su vez, Unai Lerma Mentxaka, apoderado del grupo Nacionalistas Vascos, ha defendido la forma de proceder de la Administración en estos casos, que debe seguir siendo “garantista” con respecto al administrado. Su grupo no está de acuerdo en que deba aparecer el investigado en ningún listado público, para no exceder los límites de la presunción de inocencia, porque, llegado el caso, la publicación de las personas condenadas se divulga a través del Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, que se ha abstenido, había presentado una enmienda -no aceptada por EH Bildu- para que esta oposición al aplazamiento se extendiera también a la persona contribuyente que esté siendo objeto de actuaciones de investigación o comprobación que pudieran determinar la existencia de un delito.  

PUNTOS DE ALIMENTACIÓN BÁSICO

Por otro lado, el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha pedido, sin éxito, en una moción, que la Diputación impulsase la puesta en funcionamiento de “puntos de alimentación básicos” en zonas rurales con carencias detectadas. Según la apoderada Eneritz de Madariaga Martín, en Bizkaia existen “94 zonas” sin tiendas de alimentación. La formación morada planteaba, entre otras cosas, una línea de apoyo económico “directo y periódico” para colaborar con la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos puntos de abastecimiento.

La iniciativa ha sido rechazada por Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y grupo Popular Vizcaíno, y ha contado con el apoyo de EH Bildu. Los dos grupos que sustentan al Gobierno foral habían presentado una enmienda a la totalidad que no ha sido admitida por el grupo proponente. En ella, ambas formaciones instaban a la Diputación a “identificar” primero esos municipios y a “colaborar” entre las diferentes instituciones para “facilitar” la puesta en marcha de puntos de venta de alimentación básica o servicios similares.

Conocer la realidad de cada pueblo “es lo primero” que hay que plantear, “porque cada pueblo es un mundo”, ha mantenido el jeltzale Julen Karrion Lamikiz. La solución debe venir de una acción que se ajuste “a la realidad y a las competencias” de cada Administración. En este sentido, el Gobierno vasco ostenta la competencia del mundo rural y los ayuntamientos “son los que mejor conocen esa realidad”. Por tanto, partiendo de que el objetivo es compartido, el jeltzale ha sostenido que lo que se puede pedir a la Diputación es “participar” en la solución.

De Madariaga ha pedido “cambiar el chip” para que estos puntos de venta alimentaria se incorporen en los Servicios de Cartera, como pueden ser el transporte público u otros servicios sociales, ya que la Diputación tiene “estructura y herramientas” para, desde la colaboración con otras instituciones, establecer estos puntos de abastecimiento.

MÁS PLANTILLA EN EL CENTRO DE CRISIS DE VIOLENCIA SEXUAL

En otra Moción, EH Bildu ha pedido el apoyo de la Cámara para que la Diputación ampliase la plantilla del Centro de Crisis puesto en marcha para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, con el objeto de garantizar la estabilidad del servicio y la atención integral. En concreto, se ha propuesto que “tres personas psicólogas y tres asesoras jurídicas trabajen a jornada completa”.

La juntera de EH Bildu Bea Ilardia Olangua ha denunciado no entender que, con un crecimiento del número de denuncias por delitos de violencia sexual, no se plantee un reforzamiento del servicio. En este sentido, y según datos de la propia Diputación, el Centro de Crisis atendió a “344” mujeres en el primer semestre de 2025, lo que supone atender en seis meses al “80%” de las mujeres que fueron atendidas en todo 2024, que fueron “428”.

La demanda de refuerzo de este personal no ha sido apoyada por la Cámara vizcaína, ya que la moción ha sido rechazada por Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y grupo Popular Vizcaino. Solo el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha mostrado cierto apoyo -se ha abstenido-, si bien habían planteado cambios por medio de la negociación de una iniciativa transaccionada.

La apoderada socialista Begoña Gil Llanos ha defendido el compromiso “firme” de la Diputación y de su grupo por la lucha contra la violencia machista. Ha dicho que la institución foral “cumple y supera” los requisitos que se establecen en la Ley Orgánica y en el Convenio de Estambul para atender a las víctimas de violencia sexual, y que el centro en cuestión, abierto las 24 horas del día y los 365 días del año, “pone a estas víctimas en el centro”. Ha señalado que es “falso” que falte personal en el centro, ya que el “100%” de la atención psicológica y jurídica que llegó a la Diputación en 2024, fue atendida en dicho servicio. “No hubo ninguna sola desatención”, ha sostenido.

El grupo Nacionalistas Vascos ha defendido también el trabajo “integral, de calidad,  profesional y multidisciplinar” que se lleva a cabo en el centro. En función de la evaluación “continua” del servicio, el redimensionamiento es posible en función de las necesidades, ha añadido la jeltzale Celia Gómez Dehesa, recordando las palabras de la diputación de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada.

En su segundo turno, Ilardia ha querido “poner en valor” el trabajo del personal del centro, que “hace lo que puede”, y ha insistido en que el servicio tiene “carencias”. Con menos población que Bizkaia, ha puesto como ejemplo “pionero” Asturias, comunidad que cuenta con un centro de gestión “pública” en el que trabajan 7 asesoras jurídicas y 8 psicólogas.

ENCLAVE DE SAN ANTONIO DE ABIÑA

El grupo Popular Vizcaíno ha pedido, a través de una proposición no de norma, que la Diputación “reconsidere” la decisión tomada en el pleno del 14 de diciembre de 2017 por las Juntas Generales sobre el enclave de Abiña (Busturia), y revisar la situación con los nuevos informes para llegar a una nueva conclusión.  La portavoz de este grupo , Raquel González Díez-Andino, ha incluido en la propuesta que el Parlamento foral inste a la Diputación a “mediar” entre ambos municipios para que, tanto Sukarrieta como Busturia, acepten “de buena fe” una nueva resolución. Dicha propuesta solo ha sido apoyada por el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia.

Tanto EH Bildu, como los dos grupos que apoyan al Gobierno foral, han recordado que el caso cuenta ya con una sentencia “firme” del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ya estableció que dicho enclave existía y que, por tanto, el barrio de San Antonio de Abiña correspondía al municipio de Busturia. Además, el mismo tribunal llegó a rechazar el último recurso puesto en marcha por el ayuntamiento de Sukarrieta.

A partir de ahora, los grupos que se han opuesto han defendido que este asunto entra dentro del ámbito jurídico y no político. “No tenemos argumentos para dar la razón a uno u a otro”, ha dicho Aitor López Vázquez, de EH Bildu. “Animo a Sukarrieta a seguir los cauces jurídicos si existen nuevos elementos para que se produzca una revisión judicial”, ha pedido el socialista Juan Otermin Eraso al alcalde de Sukarrieta y vecinos y vecinas que se encontraban en el pleno. El juntero de Nacionalistas Vascos Mikel Bagan Urtiaga ha centrado su oposición en que la proposición está “mal formulada” puesto que se viene a pedir la “intromisión” del Ejecutivo Foral en las competencias de las Juntas Generales de Bizkaia.