LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA CIFRA EN “CASI 500 MILLONES” EL GASTO EN DEPENDENCIA, DE LOS QUE LA MITAD TENDRÁ QUE SOPORTAR EL ESTADO EN 2027

• La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, responde en una pregunta parlamentaria del grupo Popular Vizcaíno, que el Gobierno Central tendrá que asumir el 50% de este gasto para 2027 en función del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, del 10 de abril.
   
• La responsable foral ha comparecido también en Juntas Generales para dar cuenta de la última encuesta de satisfacción de las personas usuarias de centros residenciales del territorio.

(Bilbao, a 2 de junio de 2025). El nuevo acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico del 10 de abril tendrá un impacto significativo en la financiación del gasto en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La Diputación Foral de Bizkaia verá reducida la carga que actualmente soporta en el horizonte de 2027, ya que en base a este acuerdo el Estado asumirá el 50% de forma “gradual”. Según el último certificado hecho público esta mañana en las Juntas Generales de Bizkaia por la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, con datos de 2024, el Territorio Histórico de Bizkaia destinó “casi 500 millones de euros” al SAAD. La diferencia entre financiar el “16-17%” como ocurre actualmente, o la mitad, representa una cantidad importante que podría estar disponible para otros fines o para mejorar los servicios existentes. 

El acuerdo eleva “significativamente” el presupuesto de la Diputación, dinero que podrá ser destinado a otros servicios que necesite la ciudadanía, ha señalado la portavoz del grupo Popular Vizcaíno, Raquel González, quien en una pregunta oral se ha interesado en la comisión de Acción Social por el destino de ese “30%” que ahora está asumiendo la institución foral para hacer frente a gastos que van en una doble dirección: los recursos de atención directa y las prestaciones económicas. 

La nueva financiación se desplegará “de manera gradual” durante lo que queda de legislatura a partir de la aprobación de la siguiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha confirmado Antxustegi. No obstante, se garantiza que en 2027 el País Vasco recibirá del Estado el 50% del gasto del sistema.  En resumen, el acuerdo impacta en la inversión del gasto certificado al aumentar drásticamente la contribución del Estado, lo que potencialmente libera recursos que actualmente soportan las administraciones vascas. 

Los detalles sobre la cantidad final y cómo se invertirán específicamente esos recursos adicionales aún no están definidos, ya que dependen del trabajo de un grupo de trabajo bilateral de negociación que acaba de constituirse. Este grupo analizará los gastos en dependencia y acordará la metodología de desarrollo que se aplicará para determinar la financiación complementaria y su aplicación gradual. Por lo tanto, en un estado “tan inicial” de las negociaciones, la Diputación Foral de Bizkaia ha querido ser prudente y no concretar cifras que podrían crear expectativas elevadas.

El grupo popular ha trasladado su deseo de que el dinero que quede disponible se invierta "única y exclusivamente para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de las familias que les atienden", pidiendo que sea "nominal para la dependencia" y no se diluya dentro del área general de Acción Social. Por su parte, la representante de la Diputación ha asegurado que ese dinero "se invertirá en aquellos servicios que necesita la ciudadanía" y que harán un "uso responsable” del mismo.

SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE RESIDENCIAS

La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi ha acudido a las Juntas Generales, a petición propia, para dar cuenta de los resultados de la última encuesta de percepción de personas usuarias de centros residenciales de Bizkaia. Este sondeo bianual de la Institución foral revela una percepción “positiva” de los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia, con un crecimiento en el conocimiento y valoración de las unidades convivenciales.

En relación con los datos, Antxustegi ha destacado que las personas usuarias valoran con un 7,9 sobre 10 el grado de satisfacción general con el servicio ofrecido por los centros residenciales para personas en situación de dependencia.  Ocho de cada diez de las familias encuestadas valoran el servicio de los centros residenciales por encima de un 7 (concretamente el 81,4% de los encuestados) y “sólo el 2,8%” afirma estar insatisfecho con la atención de los centros residenciales. El modelo de unidades convivenciales recibe una valoración “muy positiva” que se eleva a 8,68 puntos.

El sondeo, realizado a 1.550 personas referentes entre noviembre y diciembre de 2024 de un total de 3.844 registros, arroja también que un 79,3 % de las personas participantes afirman que recomendaría el centro residencial donde se encuentra su familiar, con una puntuación media de 7,81 sobre 10. Así mismo, las familias encuestadas valoran con un 8,20 el trato recibido por parte de la Diputación Foral de Bizkaia en todo el proceso de información y tramitación de la plaza residencial y un 91,2% considera importante contar con una persona de referencia en la Institución foral a quien dirigirse.

Entre los aspectos a mejorar, las personas referentes de usuarias y usuarias perciben en un 27,7% que se pueden establecer mejoras en aspectos como la formación del personal. Un 18,4% incluye “observaciones” en aspectos relacionados con las actividades de ocio, la atención psicológica, la higiene, la alimentación o la lavandería. Además, un 7,9% cree que es factible mejorar los trámites administrativos y un 5% ve posibilidad de logran avances en instalaciones, equipamientos y accesibilidad. En el sondeo, se constata que una de cada cuatro personas no ha planteado ninguna mejora y un 14,9% ha expresado simplemente “una satisfacción positiva” en relación a diversas cuestiones.

Desde los grupos de la oposición se ha puesto el acento en distintos puntos de mejora. La portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, pese a reconocer que la mayoría de las personas pueden elegir centro -8 de cada 10 pueden hacerlo- cree que ese 20% es motivo suficiente para establecer medidas que rebajen esta cifra, ya que nos encontramos ante un derecho que tienen todas las personas dependientes. 

Desde el grupo Popular Vizcaíno, su portavoz, Raquel González, ha puesto el foco en dos puntos “rojos” como son la supervisión de los centros y los ratios de personal que en algunos sitios son “muy bajitos”.

Por su parte, Izaskun Duque, de EH Bildu, se ha quejado de no recibir la información previamente para hacer un seguimiento “estricto” de los datos que se recogen en el sondeo para hacer una comparación. En cuanto a los datos, Duque ha preguntado por el descenso en el número de muestras respecto al anterior sondeo, ya que de 2.800 encuestados de 2023 se ha bajado a 1.550, “muy lejos” de las 11.000 plazas residenciales. La representante de la coalición abertzale ha puesto también el foco en asunto que obtienen las notas “más bajas” como son las inspecciones y los ratios de personal.

Desde las formaciones que apoyan al Gobierno foral, se han congratulado de que los datos mejoren con los años desde que se hizo la primera valoración en el año 2018. El socialista Juan Otermin ha señalado que se va “en la buena dirección” para que las familias puedan elegir centro residencial. Y desde las filas jeltzales, María Isabel Landa ha destacado que el “verdadero valor” de la encuesta es que los aspectos que ven mejorables las personas usuarias, “coinciden” con las líneas de trabajo del departamento de Acción Social.