LA DIPUTACIÓN ATRIBUYE EL INCREMENTO DE EXPEDIENTES EN RESIDENCIAS AL REFUERZO DEL CONTROL Y A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD INSPECTORA
- La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, defiende en el pleno celebrado en Gernika que la mayor agilidad administrativa y las nuevas normativas permiten una supervisión “más minuciosa” para garantizar los derechos de las personas usuarias.
- EH Bildu ha cuestionado la lectura positiva del Gobierno foral argumentando que un funcionamiento correcto de la administración debería aspirar a que las infracciones y sanciones disminuyan como reflejo de una mejora en el servicio.
- El cuarto pleno de control del año, celebrado en la Casa de Juntas Gernika ha incluido en el orden del día interpelaciones (3) y preguntas orales (5) sobre el apoyo al comercio local, la identificación de grandes tenedores de vivienda, la culminación de las obras en la carretera BI-630, la doble validación para personas con discapacidad en el transporte público, el mal uso del euskera en una campaña de Bizkaibus, la incorporación de otra definición de “unidad familiar” para la campaña de la Renta y la implantación del régimen de franquicia del IVA.
(Gernika, 29 de abril de 2026). La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, ha intervenido hoy en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, para explicar, a petición de EH Bildu, el aumento de los expedientes sancionadores en los centros residenciales del territorio. Durante su intervención, la diputada ha vinculado directamente este incremento a una mejora en los mecanismos de inspección y a una mayor capacidad de tramitación administrativa, descartando que los datos respondan a un deterioro generalizado del servicio.
La interpelación, formulada por la apoderada del grupo juntero EH Bildu, Izaskun Duque Santocoloma, ponía el foco en el salto cuantitativo de expedientes registrados, que pasaron de 28 en el año 2024 a 214 en el ejercicio de 2025. En este último año “más del 70% de residencias” han tenido un expediente abierto. Ante estas cifras, Antxustegi Ziarda ha subrayado que este aumento no supone que existan más infracciones de las que se cometían anteriormente, sino que la institución foral es ahora capaz de detectar y tramitar “todas” las vulneraciones gracias a un sistema “más riguroso”.
La diputada ha detallado varios factores clave que explican la situación actual. En primer lugar, ha citado la entrada en vigor del Decreto 126/2019 de centros residenciales, cuyo plazo de adecuación para los centros finalizó en 2021. A esto se suma la aplicación de la Ley 1/2023 de la potestad sancionadora de las administraciones públicas vascas, que ha obligado a realizar inspecciones más minuciosas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y la protección de los derechos de las personas residentes.
En el plano operativo, la Diputación ha reforzado su estructura técnica mediante la creación de un programa de interinidad que ha incorporado a cuatro especialistas al equipo de inspección. Asimismo, se ha implantado un nuevo programa informático específico para facilitar y agilizar la gestión de estos expedientes.
En cuanto al estado de los centros, Antxustegi Ziarda ha aportado datos para contextualizar la realidad del sector en Bizkaia. De los 157 centros residenciales autorizados, 58 no fueron objeto de ninguna sanción, al igual que 37 de las 49 viviendas comunitarias registradas.
La diputada ha aclarado que no todas las vulneraciones presentan la misma gravedad. La mayoría de los casos corresponden a “cuestiones menores” de mantenimiento o incumplimientos puntuales en las ratios de personal. Estos últimos se están reduciendo. En lo referente a las sanciones catalogadas como muy graves, la diputada ha precisado que todas han estado relacionadas con el uso de sujeciones físicas, ya sea por ausencia de consentimiento informado o por falta de registro, un ámbito en el que el Departamento de Acción Social mantiene un plan estricto para su progresiva eliminación.
En su réplica, la apoderada de EH Bildu, ha cuestionado la lectura positiva del Gobierno foral, argumentando que un funcionamiento correcto de la administración debería aspirar a que las infracciones y sanciones disminuyan como reflejo de una mejora en el servicio. Asimismo, ha denunciado que el número de expedientes “se ha cuadruplicado” en un año (entre 2024 y 2025) a pesar de mantenerse una cifra similar de inspecciones, y ha criticado que la lentitud de los procesos administrativos —que pueden durar hasta dos años— cronifica situaciones de vulneración de derechos. Finalmente, Duque ha sostenido que las multas actuales no resultan disuasorias frente a los beneficios de las empresas gestoras, por lo que ha propuesto reformar tanto el sistema de inspección como el de sanciones.
CAMBIOS EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA
Los cambios en la normativa tributaria de Bizkaia, ha suscitado el interés de los grupos de la oposición en este pleno de control. El Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha interpelado a la Diputación por cómo se puede detectar a los grandes tenedores de vivienda. La apoderada Eneritz de Madariaga Martin ha preguntado sobre qué medidas tomará el departamento de Hacienda para identificar a estos grandes propietarios en el territorio y paliar la falta de datos – no así en otros territorios- que impide desarrollar mejores políticas fiscales y públicas.
La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Itxaso Berrojalbiz Zabala, se ha referido a la colaboración interinstitucional para ser rigurosos en esta cuestión, ya que, en estos momentos, existen “obstáculos” para definir bien a estos grandes propietarios y evitar litigios, utilizando los datos del catastro que obran en poder de Hacienda. Entre estos obstáculos Berrojalbiz ha citado en cómo manejar las viviendas con más de un propietario o las propiedades que han llegado vía herencia. De todas formas, ha sido positiva ya que “existen pasos para llegar a buen puerto”.
En su intervención, la diputada ha destacado como uno de estos pasos “de éxito” la colaboración interinstitucional que permitió la publicación, el pasado 20 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la resolución para actualizar el sistema de índices de precios de referencia para el alquiler. Gracias al trabajo conjunto entre la Hacienda foral de Bizkaia, Eustat y el Ministerio de Vivienda, se han incorporado por primera vez al sistema estatal de referencia del precio de alquiler de vivienda (SERPAVI) los municipios vizcaínos de Barakaldo, Bilbao, Getxo, Portugalete y Santurtzi, los cuales han sido declarados como zonas tensionadas en el territorio. Esta inclusión en el listado oficial permite que tanto arrendadores como arrendatarios cuenten con una base de datos pública sobre precios de referencia y que los propietarios puedan aplicar los incentivos fiscales aprobados en la reciente revisión fiscal de Bizkaia.
Berrojalbiz ha subido al atril también para explicar el cambio de criterio en la denominación de "unidad familiar" en la declaración de la renta, ya que EH Bildu considera que esta modificación urgida en la última revisión fiscal “empobrecerá” a las familias separadas con hijos, especialmente a las mujeres. Para la diputada, sin embargo, el cambio obedece a buscar la “neutralidad fiscal” y adaptarse a la diversidad de modelos familiares, eliminando diferencias injustificadas entre uniones formalizadas y no formalizadas que generaban efectos no deseados.
La diputada ha rebatido el argumento del impacto negativo por género aportando datos del informe de perspectiva de género de su departamento, que señala que las personas separadas representan el 5,59% del total de contribuyentes en Bizkaia y se distribuyen casi al 50% entre hombres y mujeres. Además, ha mencionado que, según datos de Eustat de 2024, la custodia compartida se dio en el 64,6% de los casos en Euskadi, cuestionando así que el cuidado recaiga exclusivamente en las mujeres. Por último, ha destacado que la reforma beneficia a “2.100 familias monoparentales reales” en el territorio al haber incrementado la reducción por tributación conjunta en “4.800 euros”.
El pleno ha concluido con una pregunta oral del Grupo Popular Vizcaíno en relación a al régimen de franquicia en el IVA. Se ha pedido a la diputada de Hacienda una valoración sobre la posible implantación en Bizkaia de un sistema que permita eximir del IVA a las autónomas y los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, siguiendo una directiva europea. La Diputación ha valorado “positivamente” este régimen y, como es obligado según el Concierto Económico, Bizkaia lo aplicará si se aprueba en el Congreso, ya que, entre otras cosas, permitirá “reducir la burocracia”, ha explicado Berrojalbiz.
CARRETERAS, TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIO LOCAL
Por su parte, el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha preguntado por la finalización de las obras en la carretera BI-630. Esta formación solicitaba información sobre el estado y los plazos de finalización de los tramos pendientes de esta carretera, denunciando que el compromiso de terminar las obras en 2025 no se ha cumplido. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga Sagastasoloa ha confirmado que solo una de las cinco fases de la obra se ha finalizado (5 de 21 kilómetros) y que existe un compromiso foral para seguir avanzando, si bien ha admitido dificultades en la “viabilización” de las fases que restan por ejecutar. La carretera circula por un ámbito de Protección Ambiental y “hay que hilar muy fino”, por lo que los proyectos “se duplican en presupuesto y plazos”, ha advertido sin querer determina una fecha exacta.
A su vez, EH Bildu ha preguntado por las acciones que se van a realizar para que las personas ciegas o en silla de ruedas puedan ser incluidas en el sistema de doble validación, permitiendo que sus acompañantes viajen gratis sin incidentes. Se corregirán aquellas incidencias detectadas a través del Consorcio de Transportes de Bizkaia, mediante una campaña de sensibilización dirigida a los diferentes operadores del territorio, ha respondido la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda.
En una pregunta oral de EH Bildu para evitar errores en el uso del euskera, la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, ha pedido disculpas por el error de traducción en una campaña para fomentar el respeto debido a comportamientos incívicos. La diputada ha informado de que “se han reforzado los mecanismos de control y validación lingüística”. EH Bildu ha lamentado que esta circunstancia no es la primera vez que ocurre en el servicio Bizkaibus, cuestionando los mecanismos de control existentes para asegurar un uso correcto del euskera en las campañas forales.
Por último, en otra interpelación, la coalición abertzale ha pedido a la Diputación que aclarase si tiene previsto elaborar ayudas específicas para asociaciones de comerciantes locales, autónomos y microempresas para fomentar el consumo local y la modernización del sector. La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko Urkidi, ha hecho un repaso de las actuaciones que desde tres departamentos (Empleo, Inclusión Social e Igualdad; Hacienda y Finanzas; y Promoción Económica) se están desarrollando para apoyar al comercio de proximidad.
