LA DIPUTACIÓN ANUNCIA NUEVOS RECURSOS ANTE EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE CASOS DE DESPROTECCIÓN DE MENORES Y LA COMPLEJIDAD DE LOS PERFILES ATENDIDOS

• La diputada Amaia Antxustegi Ziarda advierte en todo caso, en una comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia, que el Servicio de Infancia “no puede crecer a la misma velocidad que les necesidades que emergen”.

(Bilbao, a 16 de febrero de 2026). La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Bizkaia para dar respuesta a las solicitudes de comparecencia urgente de los grupos junteros Mixto-Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu. Tras una comisión a puerta cerrada con trabajadoras del Servicio de Infancia en el mes de enero, ambos grupos han aireado hoy un “colapso sistémico” de este servicio que afecta “gravemente” a menores en situación de desprotección. Las trabajadoras de ese servicio foral destacaron en esa comisión a los grupos junteros falta de recursos y la existencia de 171 menores en lista de espera que aguardan hasta un año para recibir atención.

Durante su respuesta, la diputada ha reconocido el “tensionamiento” que sufre el Sistema Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia, advirtiendo “con honestidad” que los recursos públicos no pueden expandirse con la misma celeridad con la que emergen nuevas y complejas necesidades sociales. “No podemos crecer a la misma velocidad”, ha dicho. Tras reconocer este hecho, ha anunciado la incorporación de nuevos recursos ante el incremento exponencial de casos y la complejidad de los perfiles atendidos.

Antxustegi ha detallado una realidad social marcada por un aumento significativo de la presión asistencial. Entre 2022 y 2024, los expedientes de protección abiertos ascendieron de 2.432 a 2.592, mientras que el número de menores en acogimiento residencial creció de 668 a 1.006. A este escenario se suma la caída de familias de acogida, que han pasado de 101 a 52 en el mismo periodo, y el aumento de menores migrantes sin referentes familiares, que ya alcanzan los 688.

Frente a las críticas de la oposición sobre ese supuesto colapso y la existencia de listas de espera sin atención efectiva, la diputada ha precisado que, a fecha de 30 de enero de 2026, los expedientes pendientes de asignación son 112, y no 171. Asimismo, ha subrayado que se priorizan las situaciones de mayor riesgo para garantizar una atención inmediata. Antxustegi ha confirmado que la media de asignación de los casos se situaron en los 38 días en 2023; en 65 días en 2024; y en 39 días en 2025.

La evolución de los programas de intervención del Servicio de Infancia habla también del incremento “exponencial” de casos a proteger en los últimos años. Concretamente, el programa de intervención familiar ha crecido un “64%” desde el 2018 al 2025. El de atención psicológica en casos de abuso sexual un “123%” y el programa especializado de adolescentes un “152%”. Ha defendido por tanto el esfuerzo foral de adaptarse a estas necesidades “Se apuesta y se seguirá apostando por la prevención y la preservación familiar de los menores, ajustando los programas a las necesidades que se detecten en cada momento”, ha dicho.

Para fortalecer el servicio, la responsable foral de Acción Social ha anunciado la incorporación próxima de un trabajador social ya presupuestado y la creación de un equipo de refuerzo adicional compuesto por un trabajador social y una psicóloga. Además, se procederá a la estabilización de plazas mediante concursos para jefaturas y direcciones de hogares, y se reforzará la Unidad de Atención y Recepción (UAR) con una plaza de psicóloga para atender la complejidad de los casos.

En materia de salud laboral, ante las demandas de las trabajadoras y trabajadores, la diputada ha destacado la implementación de protocolos contra la violencia externa, programas de acompañamiento psicológico y medidas para garantizar el anonimato del personal en los expedientes judiciales. Antxustegi ha concluido reafirmando el compromiso de la Diputación Foral con la protección de la infancia, destacando que en los últimos cuatro años se han abierto “8 recursos nuevos” y se han creado “365 plazas nuevas” en el sistema de protección.

La portavoz del Grupo Juntero Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga Martín, ha denunciado que la crisis del Servicio de Infancia no es un problema coyuntural reciente, sino una situación “estructural” que el personal lleva denunciando desde hace diez años. Durante su intervención, ha cuestionado si el refuerzo de personal anunciado es suficiente para absorber los expedientes pendientes y ha alertado sobre la existencia de un “cuello de botella” que provoca que casos graves no se deriven al servicio para evitar que queden en un limbo administrativo. Asimismo, De Madariaga ha criticado que la Diputación se limite a aumentar plazas en recursos ya existentes en lugar de crear nuevas infraestructuras, por lo que ha instado a la institución a realizar un diagnóstico real y un plan de recursos humanos ajustado a la complejidad de los perfiles actuales.

En la misma línea, la juntera de EH Bildu, Bea Ilardia Olangua, ha acusado al Departamento de Acción Social de una falta de planificación y previsión “alarmante”, señalando que el colapso del sistema persiste a pesar de las medidas que la diputada afirma haber implementado. Ilardia ha calificado de "impresionante" que existan 112 expedientes en situación de "ralentización", recordando que se trata de menores “en riesgo grave” que carecen de una intervención técnica efectiva y de un coordinador de referencia. En su intervención, ha exigido tres compromisos inmediatos: la publicación de datos actualizados, un plan de refuerzo con calendario y dotación concreta, y un plazo definido para alcanzar la “lista de espera cero”.

IRREGULARIDADES EN VIVIENDAS COMUNITARIAS DE MAYORES

En otra comparecencia a petición del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Antxustegi ha dado respuesta a las presuntas situaciones de explotación laboral y deficiencias en la atención a personas mayores en viviendas comunitarias de Bilbao, denunciadas públicamente por el sindicato LAB.

Durante su intervención, Antxustegi ha confirmado que, tras las inspecciones realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia en el año 2025, se ratifica el cumplimiento de las ratios de personal en dichos centros, tal y como informó en el último pleno de control. La diputada ha asegurado que no se han detectado vulneraciones en esta materia ni deficiencias graves en la atención prestada a las personas usuarias. Asimismo, ha subrayado que la responsabilidad de su departamento es velar por el bienestar de los y las residentes, y que no tiene competencia para valorar o sancionar las condiciones laborales del personal, materia que corresponde exclusivamente a la Inspección de Trabajo.

La diputada ha informado de que el Departamento de Acción Social no ha recibido “quejas ni denuncias formales” sobre explotación laboral en estos recursos, habiendo tenido conocimiento de las mismas únicamente a través de los medios de comunicación. No obstante, ha detallado que en el periodo 2024-2025 se registraron cuatro quejas sobre dos de las nueve viviendas de la empresa aludida: dos han sido archivadas y otras dos contestadas tras los informes pertinentes, sin que ninguna hiciera referencia a cuestiones laborales. Además, ha señalado que los tres expedientes sancionadores abiertos anteriormente a dicha empresa por mantenimiento y sujeciones, ya fueron subsanados.

Por su parte, la portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga Martín, ha defendido que existe una conexión inherente entre las condiciones laborales y la calidad asistencial, argumentando que la Ley 12/2008 de Servicios Sociales obliga a la administración a verificar la existencia real de personal suficiente y legalmente contratado. Bajo esta premisa, ha exigido una inspección exhaustiva de todos los centros vinculados a la empresa señalada y una revisión estratégica del modelo de cuidados.

En su turno de réplica, Antxustegi ha defendido el rigor del procedimiento inspector, detallando que la revisión de los contratos no se limita al momento de la visita, sino que se comprueba la situación documental de la semana previa para garantizar la rigurosidad del control. La diputada ha recalcado que las visitas de inspección nunca son avisadas y que el personal trabajador dispone de canales de interlocución confidenciales para denunciar cualquier irregularidad. Asimismo, ha rechazado las acusaciones de pasividad en los expedientes, aclarando que los tiempos de resolución están fijados por la normativa y que la reglamentación definitiva de estos recursos es competencia del Gobierno Vasco.