LA DIPUTACIÓN ANALIZARÁ LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA DE SEPARAR A LOS MENORES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
- La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, niega en las Juntas Generales que la Diputación haya dado ya una negativa a esta posibilidad, como ha afirmado el grupo Popular Vizcaíno que le ha pedido su presencia en la Cámara vizcaína por el aumento de las violaciones a menores en 2023.
(Bilbao, a 16 de diciembre de 2024). La Diputación analizará la petición de la Fiscalía Superior del País Vasco que hace unas semanas pidió la segregación de los centros de menores tutelados para evitar que se produzcan agresiones sexuales. “Recogemos” la petición de la Fiscalía y “analizaremos” dicha demanda, ha respondido hoy la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en una comparecencia solicitada por el grupo Popular Vizcaíno en las Juntas Generales de Bizkaia.
Antxustegi ha querido “aclarar” los datos ofrecidos en el informe hecho público recientemente por el ministerio fiscal del País Vasco en donde se constataba que durante 2023 se habían producido 80 delitos contra la libertad sexual a menores en Euskadi (24 abusos sexuales y 56 agresiones sexuales). En 2023, las denuncias pasaron a ser 42 en la CAV (fueron 30 en 2022), de las que 6 fueron archivadas por ser los autores menores de 14 años, y otras 5 denuncias se desestimaron por no estar “suficientemente justificado” el delito penal.
La diputada foral ha señalado que el dato “relevante” hecho público es que solo en 12 casos –de esas 42 denuncias-, los menores estaban siendo tutelados por alguna administración y “en todos los casos” fue la propia institución pública de protección la que denunció los hechos ante la fiscalía. En el informe, se hace referencia al “buen hacer” de las entidades forales a la hora de denunciar los casos, siendo “una de las causas posibles del ascenso de los datos”, ha significado.
La diputada foral ha pedido ser “cautos” con las informaciones que se publican en los medios de comunicación para “evitar la estigmatización” de los menores y para “garantizar su protección”. En los datos que maneja la Diputación, referidos a los años que comprenden entre 2017 y 2022, ha habido 31 denuncias a menores contra la libertad sexual (6 a víctimas masculinas y 25 a femeninas). “Solo en un caso”, ha destacado Antxustegi, el delito ocurrió “dentro” de un centro foral de acogida. En el resto de casos, los menores no estaban incluidos en la red foral, lo que viene a confirmar que “no es habitual” encontrar casos en los centros gestionados por la Diputación foral de Bizkaia. De 2023, hay abiertos en estos momentos “tres atestados”.
Antxustegi ha demandado a la formación popular que no genere alarma. “No hay que estigmatizar, ni dar pábulo a estas informaciones sin contrastarlas previamente”, ha pedido. Los populares habían solicitado su comparecencia el 21 de noviembre por noticias aparecidas en prensa “sobre las denuncias por abusos sexuales en centros de menores dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia, recibidas en la Fiscalía”.
La portavoz de los populares, Raquel González, ha tachado de ”extrema gravedad” los 12 casos denunciados y ha pedido “repensar” la decisión de no segregar los centros forales por género en base a la supuesta negativa avanzada días después por la Diputación. Ha aprovechado la sesión para denunciar el “deterioro absoluto del servicio de acogida”.
La diputada foral de Acción Social ha querido dejar claro que no han dado todavía una repuesta a la Fiscalía por el asunto de la segregación de los centros, decisión que responderá “siempre a criterios técnicos”, ha advertido. En esta toma en consideración, se tendrán en cuenta elementos de parentesco, ya que “no es conveniente”, a su juicio, separar “por su bienestar emocional” a hermanos de hermanas.
El resto de grupos junteros se han alineado con la Diputación en este asunto y han afeado el propósito “lamentable” del PP de ligar agresiones sexuales con la atención pública a menores no acompañados. EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han mostrado su rechazo a la separación por sexo de los menores. Y desde las filas de los grupos que apoyan al Gobierno foral han pedido que se tome una decisión teniendo en cuenta la opinión de los profesionales y con criterios exclusivamente técnicos. El portavoz socialista Juan Otermin, ha lamentado “la mala fe” del PP por traer este asunto a la comisión de Acción Social. Los menores “nunca pueden ser motivo de publicidad ni de escarnio público”, ha dicho.
