LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA RESUELVE NUEVE RECLAMACIONES Y TRAMITA 113 SOLICITUDES EN 2025

• El órgano independiente remite su informe anual a las Juntas Generales destacando que dos de cada tres peticiones de información ciudadana fueron estimadas.
   
• Las solicitudes de información de la ciudadanía han crecido un 60% entre 2022 y 2025, pasando de 71 a 113.
   
• En la misma comisión, la Cámara vizcaína rechaza que la Diputación tenga que hacer una auditoría sobre los gastos vinculados al proyecto Guggehheim de Urdaibai.
   
• La iniciativa, presentada por el grupo Mixto Elkarrekin Bizkaia, solo ha contado con el apoyo del grupo Popular Vizcaíno, mientras que EH Bildu se ha abstenido y los grupos que apoyan al Gobierno foral (PNV y PSE-EE) han votado en contra.

(Bilbao, 26 de febrero de 2026). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia de Bizkaia ha presentado hoy en la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales, la memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2025. El documento detalla la actividad de este órgano independiente encargado de velar por la imparcialidad y objetividad en el acceso a la información pública. El trabajo de la comisión ha ido a más ya que tanto las resoluciones como las solicitudes de información muestran una tendencia “ascendente”.

Durante el año 2025, se registraron un total de 113 solicitudes de acceso a información pública, más que las 71, 64 y 95 contabilizadas en los tres años precedentes (2022, 2023 y 2024, respectivamente). De las peticiones del año pasado, 79 fueron estimadas íntegramente, dos se aceptaron parcialmente, ocho fueron denegadas y 13 resultaron inadmitidas. Asimismo, seis solicitudes se trasladaron a otras administraciones competentes y cinco permanecían pendientes de resolución al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre de 2025.

La Comisión dictó nueve resoluciones durante el año pasado, según ha informado el órgano evaluador compuesto por María Eugenia Maté Mendieta -presidenta- y por los vocales Nerea García Rodríguez y Unai Aberasturi Cantera, los tres presentes en la comisión. A éstas habría que sumar otras dos que quedan por resolver al ser presentadas a final de año.

Por áreas, entre estos 11 expedientes, cuatro reclamaciones se interpusieron frente a resoluciones del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (dos están pendientes); tres afectaron al área de Medio Natural y Agricultura; dos a Hacienda y Finanzas; una a Promoción Económica y otra al departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad.

Entre las novedades respecto a informes anteriores, la comisión ha tenido que evaluar una denuncia de un particular por una actuación de la sociedad foral Garbiker que no cumplió, según el demandante, sus obligaciones de publicidad activa en un proceso de selección. La comisión concluyó que el demandante no tenía razón tras constatar que sí existía información previa del proceso de selección y que esta información era accesible a través del portal de transparencia.

NO A UNA AUDITORÍA SOBRE EL GUGGENHEIM DE URDAIBAI

Por otro lado, la comisión ha rechazado una proposición no de norma del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia sobre la realización de una auditoría completa y detallada de todos los gastos, contratos, encargos y actuaciones financiadas con fondos públicos vinculadas al proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, incluyendo tanto los importes ejecutados directamente por la Diputación como los derivados de otras entidades públicas o privadas.

La formación morada pretendía que el resultado de dicha auditoría se presentara en las Juntas Generales de Bizkaia, en un plazo máximo de seis meses, incorporando un informe desglosado. La proposición no de norma ha sido rechazada por 9 votos en contra (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos), 4 abstenciones (EH Bildu) y 2 votos a favor (Elkarrekin Bizkaia y Popular Vizcaíno).

Durante el debate, los grupos que sustentan al Gobierno foral han defendido que ya existen mecanismos de control interno y fiscalización, como la función interventora y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que garantizan la legalidad del gasto público sin necesidad de auditorías extraordinarias. Por su parte, el grupo proponente y el PP han insistido en la necesidad de ofrecer una información completa y verificable ante la demanda social de transparencia tras el abandono de esta infraestructura estratégica.

Eneritz de Madariaga Martín, portavoz del grupo Mixto Elkarrekin Bizkaia y proponente de la iniciativa, ha defendido la necesidad de rendir cuentas con transparencia ante el impacto institucional y social del abandono del proyecto. Ha subrayado que es una cuestión de “responsabilidad política” y “rigor en la gestión” conocer el coste “real” de un proyecto que, tras años de esfuerzo y recursos públicos, ha terminado sin ejecutarse.

A su vez, Raquel González Díez-Andino, portavoz del grupo Popular Vizcaíno, ha apoyado la auditoría como una herramienta de “higiene institucional” y “buena administración” para despejar cualquier sospecha sobre la gestión de los fondos públicos. Ha señalado que, al tratarse de un proyecto “estrella” fallido, es imprescindible evaluar detalladamente los gastos para evitar que se repitan modelos de gestión que generan “frustración y división social”.

Otra postura a estos grupos de la oposición ha defendido Aitor López Vázquez, representante de EH Bildu, quien ha justificado la abstención de su grupo al considerar que primero debe agotarse la vía de las preguntas por escrito que registraron el pasado 12 de febrero, en las que se demandan más detalles. Ha indicado que, una vez recibida esta información sobre partidas presupuestarias y contratos, año a año, valorarán si los datos son suficientes o si es necesario exigir una auditoría u otras medidas de control. El único dato que ha ofrecido la Diputación en sede parlamentaria se refería a un gasto de “2.349.650,83” euros, una cifra que dio la diputada general, Elixabete Etxanobe Landajuela, en una comparecencia el 13 de enero, ha recordado el representante de la coalición abertzale.

Por su parte, Goyo Zurro Tobajas, portavoz del grupo Socialistas Vascos, ha rechazado la propuesta argumentando que no se debe confundir el control político con el control técnico de legalidad, el cual ya está garantizado por el sistema de control, público a través de distintos mecanismos (Intervención, TVCP o Central de Contratación Foral). Ha sostenido que una auditoría extraordinaria solo tendría sentido ante indicios de irregularidad, “que no existen”, y que la buena gobernanza implica respetar los mecanismos de fiscalización ordinarios.

Asimismo, Jesús Lekerikabeaskoa Arrillaga, portavoz del grupo Nacionalistas Vascos, ha manifestado su oposición a la propuesta al considerar que los instrumentos de control actuales son “perfectamente válidos y suficientes” para supervisar la actividad del Gobierno. Ha advertido que establecer medidas excepcionales enviaría un mensaje negativo a la ciudadanía, cuestionando “injustificadamente” el sistema de dación de cuentas que rige para todos los proyectos de la institución.