LA DIPUTACIÓN ANUNCIA EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA QUE INICIA UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA RESIDENCIA TABIRA BERRI POR INFRACCIONES QUE LA INSPECCIÓN NO CONSIDERA “MUY GRAVES”, PERO SÍ “RELEVANTES”
- La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, comparece en la Comisión de Acción Social para informar de los resultados de la última inspección realizada a la residencia de Durango.
- La diputada ha comparecido también a petición de la oposición para explicar el alcance de los nuevos decretos forales 28/2026 y 29/2026, y por las “presuntas irregularidades” en unas bolsas de trabajo del IFAS.
(Bilbao, a 25 de junio de 2026). La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, ha comparecido hoy ante la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia para informar sobre los resultados de la inspección realizada a la residencia Tabira Berri de Durango. Esta comparecencia responde al compromiso personal asumido por la diputada el pasado 27 de abril de dar cuenta de las actuaciones una vez obtenidos los resultados técnicos y jurídicos.
El proceso inspector se inició el pasado 26 de marzo, realizándose una visita de inspección no anunciada un día más tarde. Tras la emisión del informe final el 29 de abril y un posterior informe de comprobación el 28 de mayo, la Diputación ha procedido a trasladar el expediente al órgano sancionador competente al detectarse incumplimientos que no han sido subsanados en su totalidad.
En cuanto al personal, aunque se cumplen las ratios, la inspección detectó a una trabajadora de atención directa sin la cualificación oficial exigida, situación que persiste actualmente. Asimismo, se identificaron desajustes en la organización del trabajo, con asignaciones de funciones no acordes al perfil profesional, como la preparación de medicación por personal auxiliar.
En el ámbito de la nutrición, se constataron en la residencia desajustes en el número de menús, suministrándose ocho menús para una ocupación de entre 13 y 14 personas durante las cenas y fines de semana. Por el contrario, en materia de higiene y cuidados no se apreciaron incumplimientos normativos. Las deficiencias menores detectadas en mantenimiento y seguridad, como la accesibilidad a extintores o productos de limpieza, fueron corregidas de forma inmediata durante la visita.
Amaia Antxustegi Ziarda ha aclarado que, según la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, las infracciones no se califican como “muy graves” al no existir daño directo o trato degradante hacia las personas usuarias, pero son consideradas "relevantes" para la calidad del servicio. La diputada ha concluido que la apertura de este expediente sancionador acredita que los sistemas de control funcionan y protegen a las personas residentes: “La existencia de un expediente no desacredita al sistema, acredita que lo controla y que los controles funcionan”. Por último, ha insistido en que las visitas inspectoras se realizan sin aviso previo.
Los grupos de la oposición han destacado que esta residencia está recibiendo quejas “graves” de familiares desde el año 2024. Eneritz de Madariaga Martín, portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, ha expresado su preocupación por que estas disfunciones se hayan detectado dos años después de las primeras denuncias y ha cuestionado si la dirección del centro gestiona correctamente otros servicios bajo su responsabilidad.
En una línea similar, Raquel González Diez-Andino, portavoz del grupo Popular Vizcaíno, ha calificado de “caos absoluto” la organización interna y ha advertido de que el actual sistema de sanciones no soluciona los problemas, sugiriendo que a algunas entidades les resulta más rentable pagar multas que corregir las deficiencias.
Finalmente, Urtzi Ostolozaga Arrien, representante de EH Bildu, ha criticado un modelo de cuidados que considera “agotado” y “mercantilista”, señalando que la precariedad laboral de las personas cuidadoras incide directamente en la reducción del bienestar de las personas residentes.
DECRETOS FORALES SOBRE DISCAPACIDAD
En el marco de la misma jornada parlamentaria, la diputada ha comparecido a petición del grupo Popular Vizcaíno para explicar el alcance de los nuevos decretos forales 28/2026 y 29/2026, que regulan el acceso y los precios públicos en centros para personas con discapacidad. La portavoz popular, Raquel González Díez-Andino, ha expresado que estas normas han generado "alarma social" al introducir cambios que califica de sustanciales, como la potestad de la Administración para realizar traslados de oficio sin acuerdo previo de la persona usuaria, el acotamiento de la edad de permanencia en centros de discapacidad (fijada entre los 18 y 64 años) y la modificación del copago.
Ante estas cuestiones, la diputada Amaia Antxustegi Ziarda ha defendido que los decretos buscan dotar al sistema de "mayor seguridad jurídica, coherencia y equidad" a largo plazo, permitiendo corregir “desigualdades históricas” para asegurar que los apoyos se adapten con rigor a la evolución de las necesidades reales y etapas vitales de cada persona usuaria. No son fruto de una decisión “coyuntural o improvisada”, sino que responden a una "hoja de ruta" ya definida en el Plan para la participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en Bizkaia.
Respecto a los traslados de oficio, ha aportado datos que acreditan su carácter “excepcional”: de los más de 250 traslados realizados en los últimos años, “menos del 2%” se ejecutaron de oficio. En relación con el copago, ha aclarado que en las plazas residenciales se mantiene la capacidad económica individual, mientras que la referencia a la unidad familiar en centros de día busca evitar “desigualdades injustificadas”. Asimismo, ha justificado el pago de la plaza durante ausencias por hospitalización como una medida para garantizar la reserva del recurso y la continuidad de los apoyos. Sobre la limitación de edad, la ha definido como una "adaptación a la etapa vital" y no como una exclusión, asegurando transiciones planificadas hacia recursos de dependencia.
Por su parte, Raquel González Díez-Andino ha replicado que la atención adecuada e individualizada no se garantiza con traslados impuestos y ha advertido que, según sus cálculos, el copago podría llegar a duplicarse en algunos casos. La portavoz popular ha criticado que la normativa se haya diseñado "desde los despachos" sin considerar la realidad de las familias, denunciando que lo que la Diputación denomina "duplicidades" de servicios es, para profesionales y familias, una "complementariedad" esencial para la atención. Finalmente, ha instado a la responsable foral a corregir los aspectos que están generando angustia en el sector antes de que su aplicación sea definitiva.
IRREGULARIDADES EN PROCESOS DE SELECCIÓN DEL IFAS
Finalmente, la comisión ha abordado las presuntas irregularidades detectadas en cuatro procesos de selección de bolsas de trabajo del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). A petición de Arantza Sarasola Lartategi, apoderada del grupo EH Bildu, la diputada foral ha comparecido para dar cuenta de los expedientes disciplinarios abiertos tras conocerse que varios miembros de una comisión de valoración mantenían vínculos de parentesco con personas aspirantes. Estas acciones contravienen, a juicio de la coalición abertzale, la obligatoriedad legal de abstención que rige para los integrantes de tribunales de selección en este tipo de procedimientos.
En su respuesta, Amaia Antxustegi Ziarda ha detallado que el IFAS tuvo conocimiento de estas incidencias el pasado 10 de junio, concretamente en las bolsas de personal de portería y ayudantes de mantenimiento, así como de camareras-limpiadoras. La diputada ha subrayado que la reacción fue "inmediata, diligente y responsable", procediendo a la paralización de los procesos afectados para garantizar la seguridad jurídica.
Entre las medidas adoptadas, se ha apartado de inmediato a las personas implicadas, que “no son cargos públicos” -ha matizado- de las comisiones de valoración y se ha decidido repetir las baremaciones con nuevos integrantes en los procesos con listas provisionales publicadas. Para los procesos ya evaluados pero no publicados, se optó por la anulación de las convocatorias previa consulta con las organizaciones sindicales. Las irregularidades han afectado a cuatro procesos y a las empleadas públicas implicadas se les ha abierto un expediente disciplinario, con calificación de “grave”, que está en fase de instrucción.
Tras verificar que no existen irregularidades en procesos anteriores, Antxustegi Ziarda ha defendido la integridad del sistema: "Lo relevante no es únicamente que se haya detectado una irregularidad, sino cómo se ha respondido a ella". Ha concluido su intervención afirmando que el procedimiento actual demuestra que la institución dispone de mecanismos eficaces para detectar, acotar y corregir anomalías, salvaguardando los derechos de todos los participantes.
