EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBA CON GRAN CONSENSO LA NORMA FORAL QUE REGULA EL IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS
- Los ayuntamientos de Bizkaia podrán aplicar a partir del 1 de enero de 2027 tasas diarias de entre 0,50 y 7 euros.
- Todos los grupos junteros, salvo el PP, han dado el visto bueno al dictamen de la comisión y han rechazado las enmiendas (un total de 17) que había reservado para el pleno el grupo Popular Vizcaino, única formación que finalmente ha votado en contra del articulado.
- El pleno ha aprobado la toma en consideración de dos Proposiciones de Norma (una del PP y la otra de EH Bildu) para modificar el artículo 98 del IRPF en relación con la tributación conjunta para padres y madres con descendientes que tengan custodia compartida.
(Gernika, a 17 de junio de 2026). Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy definitivamente el proyecto de Norma Foral por el que se regula el nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. La implantación de este nuevo tributo local de carácter obligatorio para los municipios vizcaínos, será efectivo a partir del uno de enero de 2027. Los ayuntamientos de Bizkaia podrán aplicar, tras aprobar sus correspondientes ordenanzas fiscales, tasas diarias de entre 0,50 euros y 7 euros a quienes nos visitan en función de dos variantes: el tipo de municipio y la clase de establecimiento, ya sean hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agroturismos, casas rurales, albergues, viviendas de uso turístico o cruceros.
La norma foral, compuesta por 16 artículos y distintas disposiciones, ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara vizcaína, a excepción del PP que ha votado en contra en todos los artículos, tanto en los enmendados como en los no enmendados. Esta formación había reservado un total de 17 enmiendas parciales que han sido nuevamente rechazadas por el resto de formaciones de la Cámara vizcaína. La norma foral nace por tanto con un gran consenso parlamentario, ya que 45 junteros y junteras han votado a favor de la misma y solo 3 han rechazado su contenido.
Los cuatro grupos que han apoyado el texto (Nacionalistas Vascos, EH Bildu, Socialistas Vascos y grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia), han dado el visto bueno a diversos cambios, después de que los dos grupos que apoyan al Gobierno foral y Elkarrekin Bizkaia llegaran a un acuerdo, al que sumó también EH Bildu en el debate en comisión. Gracias a este consenso se ha introducido el concepto de "intensidad turística" (ratio de plazas alojativas por habitante) para permitir que los municipios ajusten objetivamente sus tarifas, bonificaciones y recargos según la presión real que sufran.
El texto aprobado incorpora también otros asuntos que han modificado el texto original registrado en las Juntas Generales por la Diputación foral de Bizkaia. Así, la norma amplía los supuestos para aplicar bonificaciones del 100% en zonas de baja intensidad y para reforzar los recargos de hasta el 50% en municipios con alta presión turística, específicamente cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o superior a 750 o en aquellos con más de 5.000 habitantes e intensidad igual o superior al 10%.
Asimismo, se ha elevado de 5 a 6 el máximo de días sujetos al impuesto y se ha extendido la exención del pago a los acompañantes de personas con discapacidad o dependencia. También se ha incorporado un mecanismo de revisión periódica cada dos años para adaptar el tributo a la evolución del modelo turístico.
El grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha valorado la norma como un avance hacia un “modelo turístico sostenible y progresivo”. Sus aportaciones clave –aprobadas en comisión- incluyen el concepto de “intensidad turística”, que permite a los ayuntamientos aplicar recargos o bonificaciones según la presión que soporten, y la creación de un mecanismo de revisión periódica para adaptar el impuesto a cambios futuros. La portavoz de este grupo, Eneritz de Madariaga Martín, ha destacado también las exenciones para acompañantes de personas con discapacidad.
El grupo Popular Vizcaíno se ha opuesto a apoyar la norma con el argumento de no incrementar la “presión fiscal” y ha criticado que el impuesto grave la no pernoctación. Su apoderado Diego Pagadigorria Wicke ha exigido la “exclusión total del sector rural” (campings, agroturismos y casas rurales) por su bajo impacto, y ha propuesto ampliar las exenciones sociales hasta los 25 años, rebajar el grado de discapacidad requerido y blindar las estancias por motivos de salud, estudios o personal investigador.
El portavoz del grupo Socialistas Vascos, Goyo Zurro Tobajas, ha apoyado la norma como parte de una “estrategia ética y responsable” para que el turista contribuya a sufragar los servicios públicos (limpieza, seguridad, mantenimiento) que consume. Los socialistas sostienen que el impacto económico para el visitante es mínimo –un “1,7%” de gasto más para un turista medio- y que no afectará a la competitividad, mientras que “refuerza la autonomía financiera de los ayuntamientos” para gestionar mejor la actividad local.
Por su parte, EH Bildu ha apoyado la norma pero ha criticado que llega con “diez años de retraso”. La juntera Arantza Sarasola Lartategi ha recordado que en el pasado fueron tachados de "turistófobos" por proponer medidas similares. Aunque no consideran el turismo un sector "fundamental" al nivel de la industria, reconocen su valor siempre que no degrade la vida de los vecinos y vecinas, quienes ya sufren el “encarecimiento de la vivienda” y la presión de los pisos turísticos. Sarasola ha valorado positivamente que sea un impuesto municipal y progresivo, garantizando que quienes generan más impacto —como los cruceristas— paguen más que los usuarios de campings, y que la recaudación sirva para que los ayuntamientos cubran los costes adicionales en servicios como la limpieza o la recogida de residuos.
Por último, el grupo Nacionalistas Vascos ha defendido la norma como una herramienta necesaria ante el crecimiento del turismo (5,8% del PIB vasco), señalando que, aunque no hay saturación general en Bizkaia, muchos municipios sufren “externalidades negativas”. Su apoderado Unai Lerma Mentxaka ha argumentado que los ayuntamientos se ven obligados a dimensionar sus servicios públicos para una "población flotante" muy superior a su censo, lo que genera un déficit que este impuesto ayudará a sufragar. El PNV ha puesto el foco en la autonomía municipal, destacando que la norma no es homogénea, sino que permite a cada ayuntamiento decidir sus tipos y aplicar bonificaciones o recargos según su "intensidad turística".
AJUSTES EN EL IRPF PARA LA CUSTODIA COMPARTIDA
Tras la aprobación de la Norma Foral sobre el Impuesto de Tasas Turísticas, el último pleno de este curso político celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, ha tratado otros ocho asuntos: dos Proposiciones de Norma Foral, cinco Mociones y una Proposición no de norma.
Las dos Proposiciones de Norma Foral, presentadas de forma separada por EH Bildu y el grupo Popular Vizcaíno, han pedido la modificación del artículo 98 del IRPF en relación con la tributación conjunta para padres y madres con descendientes que tengan custodia compartida. La Cámara vizcaína ha votado a favor de la toma en consideración de ambas proposiciones de norma.
En esta materia fiscal, Arantza Sarasola Lartategi, en representación del grupo EH Bildu, ha defendido un debate para modificar el IRPF con el objetivo de garantizar el derecho de todas las familias a presentar declaración conjunta, independientemente de la situación legal de los progenitores. Su iniciativa busca que la composición de la unidad familiar se vincule a la custodia de los hijos e hijas y no exclusivamente a la dependencia económica, evitando así perjuicios económicos a las familias separadas o víctimas de violencia machista.
Por su parte, Diego Pagadigorria Wicke, juntero del grupo Popular Vizcaíno, ha presentado una propuesta “de urgencia” también dirigida a la modificación del IRPF para “restaurar la seguridad jurídica y el alivio fiscal de miles de familias en régimen de custodia compartida”. La regulación actual, aprobada el año pasado, endurece los requisitos para la tributación conjunta, generando un trato que consideran “injusto y discriminatorio” al establecer presunciones de mantenimiento económico compartido muy difíciles de rebatir en la práctica.
Las dos formaciones que apoyan al Gobierno foral han apoyado “ajustes” tras detectarse “efectos distintos” de la norma ante situaciones personales. Jeltzales y socialistas propondrán por tanto modificar el artículo 98 del IRPF a través de dos ajustes principales, destinados a perfeccionar el tratamiento de las unidades familiares. El primero de ellos consiste en concretar y ampliar los medios de prueba requeridos para reconocer el mantenimiento exclusivo de los hijos por parte de un progenitor. El segundo ajuste se centrará en establecer un umbral económico específico a partir del cual se determinará oficialmente que existe dicho mantenimiento exclusivo, buscando así una mayor seguridad jurídica y equidad en la tributación.
ENMIENDAS TRANSACCIONALES APROBADAS
En el pleno, los grupos que apoyan al Gobierno foral han llegado a dos acuerdos con EH Bildu para sacar adelante sendas enmiendas transaccionales. En la primera, se plantea la necesidad de diseñar un plan de formación específico sobre los diferentes tipos de discapacidad dirigidas al personal técnico deportivo, así como seguir trabajando con los ayuntamientos en la elaboración de diagnósticos de su oferta deportiva, con el fin de identificar nuevas oportunidades de inclusión. La enmienda, apoyada por todos los grupos excepto del PP que se ha abstenido, insta también a la Diputación a establecer vías de comunicación directa con la ciudadanía.
En un primer momento, la coalición abertzale había propuesto la elaboración de un "Plan estratégico de discapacidad y actividad física y deporte de Bizkaia", para coordinar políticas públicas y asegurar que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho a practicar deporte, una propuesta “más ambiciosa”, según la juntera proponente Rakel Goñi Lacar. El acuerdo alcanzado, aunque supone rebajar esa ambición, persigue que esta cuestión “no muera en la playa”. Goñi ha insistido en que es necesaria la elaboración de “una hoja de ruta común para aunar esfuerzos desde una visión compartida”.
La protección del patrimonio natural también ha tenido espacio en el debate foral con una moción de Aitor López Vázquez, apoderado del grupo EH Bildu, centrada en la crítica situación del visón europeo, especie que no se detecta en Bizkaia desde 2021. La iniciativa original pedía a la Diputación que solicitara al Gobierno Vasco un nuevo plan de gestión, identificara las localizaciones más adecuadas para posibles repoblaciones y asignara partidas presupuestarias para la difusión y conservación de esta especie autóctona.
En la enmienda transaccional acordada por los tres grupos junteros, y aprobada finalmente por unanimidad, la Cámara foral insta a la Diputación a elaborar un estudio de la efectividad de la reintroducción y las localizaciones más adecuadas para llevarla a cabo, y a dar cuenta de las conclusiones de dicha revisión técnica y de las propuestas de actuación, tanto a las Juntas Generales como al Gobierno vasco.
INICIATIVAS RECHAZADAS
En el ámbito de la sostenibilidad, Richar Vaquero Moreno, apoderado del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, ha instado a través de una moción a que la Diputación Foral impulsase la generación de energía renovable en infraestructuras públicas como túneles, cubiertas y aparcamientos. La propuesta, que no ha contado con ningún otro apoyo parlamentario, solicitaba la realización de estudios técnicos para maximizar el aprovechamiento energético y favorecer fórmulas de autoconsumo compartido y comunidades energéticas locales.
Asimismo, Arantza Sarasola Lartategi, de EH Bildu, ha presentado una moción que reclamaba la recuperación del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. La iniciativa proponía que las instituciones correspondientes defendieran este gravamen de forma permanente en foros internacionales y ante el Gobierno de España, con el fin de garantizar un sistema fiscal “más justo” y proteger el bienestar de la ciudadanía frente a los efectos de la crisis energética. La moción ha contado con el apoyo de Elkarrekin Bizkaia y el rechazo de PP, PSE y PNV.
Respecto a la atención social, la portavoz del grupo Popular Vizcaíno, Raquel González Díez-Andino, ha defendido una moción en la que se denunciaba el deterioro del sistema de dependencia y discapacidad en el territorio. Su propuesta estaba encaminada a mejorar la gestión de recursos como el servicio Bidaideak y a crear un sistema de atención prioritaria denominado "Bidaideak plus" para personas con grado III de dependencia o movilidad reducida severa, además de implementar consultas públicas sobre tiempos de espera. La propuesta ha decaído por el voto contrario de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se han abstenido.
Finalmente, Pablo Gómez-Guadalupe García-Tejedor, en nombre del grupo Popular Vizcaíno, ha presentado una Proposición no de norma para incentivar el comercio tradicional ante el cierre de más de mil establecimientos en los últimos tres años. La propuesta sugería sustituir el modelo tradicional de bonos por un sistema de compras bonificadas mediante aplicaciones digitales que generasen descuentos acumulativos, fomentando así una cultura de consumo de proximidad y la viabilidad futura del sector. Compartido el diagnóstico de que el comercio local vive un mal momento, el resto de grupos de la Cámara han afeado la postura del PP de fiar la mejora de este sector a una única herramienta, en lugar de plantear una estrategia “global, coordinada y apoyada” en el propio sector comercial.
