EL IFAS REVISARÁ LOS CRITERIOS DE GESTIÓN DE SUS BOLSAS DE TRABAJO Y ADAPTARÁ LAS BASES GENERALES TRAS LAS SENTENCIAS SOBRE PERSONAL FIJO

• La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, ha anunciado la medida en las Juntas Generales de Bizkaia tras la resolución judicial sobre dos trabajadoras eventuales, a petición del apoderado de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga Arrien.

(Bilbao, 12 de noviembre de 2026). La diputada foral de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi Ziarda, ha comparecido hoy ante la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales para dar explicaciones sobre la situación del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha reconocido la condición de personal fijo a dos personas trabajadoras eventuales. Durante su intervención, solicitada por el apoderado del grupo juntero EH Bildu, Urtzi Ostolozaga Arrien, la diputada ha anunciado que el IFAS prevé revisar los criterios de gestión de las bolsas de trabajo que regulan la contratación temporal y adaptar las bases generales y específicas de las nuevas convocatorias.

Según ha detallado Amaia Antxustegi Ziarda, los trabajos para introducir estas modificaciones ya han comenzado en la Mesa de Negociación del Instituto con el objetivo de adecuar los procedimientos al marco jurisprudencial fijado por el Tribunal Supremo, en base a otras dos sentencias, la 475/2026 y la 578/2026. Paralelamente a la revisión de los criterios de selección, la institución ha interpuesto recursos de casación y ha anunciado el estudio de presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho de igualdad en el acceso al empleo público.

En respuesta a EH Bildu que le pedía poner cifras a las consecuencias de estas sentencias, la diputada ha explicado que la plantilla del IFAS está integrada por 887 personas, de las cuales 538 son personal fijo, lo que sitúa la temporalidad estructural en torno a esa diferencia. Asimismo, ha indicado que hasta el momento se han presentado 202 demandas judiciales, habiéndose reconocido judicialmente la fijeza en una decena de casos.

Antxustegi Ziarda ha recordado que el IFAS ha convocado la totalidad de los procesos de estabilización y consolidación previstos por la Ley 20/2021 -con 105 plazas de consolidación y 24 de estabilización-, lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,53% a finales de 2022. La diputada ha querido diferenciar la estabilización de los puestos estructurales y las sustituciones por ausencias o movilidad: actualmente existen 45 personas en excedencia y una por reserva de puesto, la promoción interna temporal moviliza en torno a un centenar de contratos al año, y las medidas de baja incentivada del plan de recursos humanos afectan actualmente a 48 personas, habiéndose incorporado 224 personas desde 2023, ha detallado. La diputada ha recalcado que la contratación temporal suele responder a necesidades inevitables de sustitución por bajas, licencias, vacaciones, excedencias o promociones internas. 

Por su parte, el apoderado de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga Arrien, ha valorado las explicaciones de la diputada y ha señalado que, aunque la adaptación de los criterios de las bolsas y de las bases pueda reducir las demandas a medio plazo, no resolverá el problema en su totalidad. El juntero de la coalición abertzale ha advertido de que la institución se enfrenta a una “problemática estructural” que requiere una estrategia global, transparente, negociada y consensuada con los y las representantes del personal. Asimismo, ha reclamado un calendario realista para las ofertas públicas de empleo, ha pedido ejemplaridad a la administración como entidad contratante y ha solicitado que no se sancione a las personas trabajadoras que han defendido sus derechos ante los tribunales.

CASO DE UNA USUARIA

La diputada foral de Acción Social ha comparecido también a petición del Grupo Popular Vizcaíno para detallar la tramitación administrativa de un expediente sobre acceso a residencia y prestación vinculada al servicio. La diputada ha explicado que la persona interesada disponía inicialmente de un grado 1 de dependencia que no otorgaba derecho a centro público ni a prestación económica. Sin embargo, posteriormente se le reconoció el grado 2 de dependencia y la estancia permanente, fijando el derecho a la prestación económica vinculada al servicio con carácter retroactivo. Por este motivo, otra orden foral asignó una ayuda de 9,82 euros al día para contribuir a la estancia privada mientras se liberaba una plaza pública, aprobando  mensualidades anteriores devengadas para su abono en noviembre.

En relación con los criterios de asignación de centros públicos, Antxustegi Ziarda ha recordado que el Decreto Foral 17/2014 establece la prioridad de las personas de grado 3 sobre las de grado 2, valorando en segundo término la menor capacidad económica. La diputada ha precisado que los ingresos prioritarios e inmediatos se reservan exclusivamente para casos acreditados de abandono, maltrato o emergencia social, o para situaciones de especial vulnerabilidad económica amparadas por la resolución de 29 de septiembre de 2023. Esta norma exige disponer de un capital mobiliario inferior a 10.000 euros y no poseer segundas propiedades inmobiliarias con valor catastral igual o superior a 20.000 euros. Dado que en este caso consta la titularidad de un inmueble adicional que supera dicho umbral, no ha correspondido la resolución prioritaria ni la asignación de plaza. 

Por parte del Grupo Popular Vizcaíno, Diego Pagadigorria Wicke ha admitido que la aplicación del Decreto ha sido formalmente correcta en el expediente, confirmando que los abonos pendientes se efectuarán durante el mes de noviembre. No obstante, el juntero popular ha planteado una reflexión general fundamentada en la realidad sociodemográfica de Bizkaia y en el presupuesto de 815 millones de euros asignado al Departamento de Acción Social para el ejercicio 2027. En este contexto, Pagadigorria ha anunciado que su formación propondrá modificaciones normativas para dotar a la administración de una mayor flexibilidad en la gestión de los criterios de urgencia y vulnerabilidad.