DENUNCIAN LA NEGATIVA DE LA DIPUTACIÓN A QUE UNA RESIDENTE CONTINÚE EN EL CENTRO DE DÍA DE AMOREBIETA-ETXANO POR MOTIVOS DE EDAD

• El portavoz de una usuaria con síndrome de Down critica en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia la decisión de que se haya extinguido la plaza tras más de dos décadas en el centro “Nafarroa”, recurso especializado en atender a personas con discapacidad intelectual.
   
• Representantes del sindicato LAB explican las consecuencias de la aplicación de los nuevos Decretos Forales 28/2026 y 29/2026 en el sector de la diversidad funcional.

(Bilbao, 22 de junio de 2026). Borja Arrizabalaga Barrena, actuando como portavoz de la familia de una usuaria, ha comparecido hoy ante la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia para denunciar la extinción de la plaza de una residente en el centro de día "Nafarroa" de Amorebieta-Etxano. El portavoz ha calificado la decisión de la Diputación como una "vulneración flagrante de los derechos humanos", criticando que el cese de la prestación se fundamente exclusivamente en el cumplimiento de una determinada edad y no en las necesidades de la persona.

Marilu, de 67 años y con síndrome de Down, dispone de una plaza “definitiva” en dicho centro desde el año 2002. Según ha expuesto su portavoz, la Diputación Foral de Bizkaia comunicó el cese de la plaza el pasado 20 de enero de 2026 sin alegar ninguna de las causas de extinción previstas en la normativa, como podrían ser una mejoría o empeoramiento significativo de su estado, por lo que han pedido que se le devuelva la plaza. Arrizabalaga ha subrayado que la legislación vigente, incluyendo la Ley 12/2008 de Servicios Sociales o el decreto foral 113/2016, establece que el criterio fundamental de asignación de recursos debe ser la idoneidad y la adecuación a las necesidades individuales, no el transcurso del tiempo.

Durante la comparecencia, se ha alertado sobre el grave impacto emocional que el traslado está provocando en la usuaria. Informes profesionales del psicólogo del propio centro "Nafarroa" advierten de riesgos de “ansiedad, desorientación y deterioro emocional” ante la ruptura de un entorno vital construido durante 22 años. Asimismo, el portavoz ha criticado la falta de transparencia de la Administración, señalando que existió silencio administrativo ante la solicitud de información sobre plazas vacantes que habrían permitido a la usuaria permanecer en su centro de referencia.

Finalmente, Borja Arrizabalaga Barrena ha instado a las instituciones a “reflexionar” sobre el modelo de atención a las personas con discapacidad intelectual durante su envejecimiento. Ha defendido que el sistema debe adaptarse a las personas y no a la inversa, garantizando que el acceso a los derechos humanos y la continuidad de los apoyos no se vean limitados por criterios administrativos de edad o gestión de plazas. “Creo sinceramente que una sociedad avanzada debe ser especialmente prudente cuando la edad empieza a convertirse en el factor determinante de decisiones que afectan a derechos consolidados. Porque entonces corremos el riesgo de pasar de la individualización a la categorización de la persona al expediente”, ha dicho.

CRÍTICAS SINDICALES A DOS DECRETOS FORALES

En la misma sesión, representantes del sindicato LAB han intervenido para trasladar las consecuencias de la aplicación de los nuevos Decretos Forales 28/2026 y 29/2026 en el sector de la diversidad funcional. Loinaz Larredondo Muñoz ha alertado sobre la supresión de los certificados de idoneidad, una medida que, a su juicio, obligará a los servicios a atender perfiles de necesidades muy heterogéneos en los mismos espacios. Esta situación dificultará el mantenimiento de una atención especializada y personalizada, provocando un deterioro en la calidad de vida de las personas usuarias y un empeoramiento de las condiciones laborales de las y los profesionales debido al aumento de la carga de trabajo y emocional.

Asimismo, la portavoz de LAB ha criticado la limitación de los apoyos especializados al rango de edad entre los 18 y los 64 años, calificando de "ruptura" el traslado obligatorio a residencias de personas mayores al superar dicho límite. La representante sindical ha subrayado que esta medida ignora que las necesidades de las personas con diversidad funcional son continuas a lo largo de toda su vida y que obligarlas a abandonar su hogar de décadas supone la pérdida de sus rutinas, de sus profesionales de referencia y de sus vínculos afectivos más profundos.

Por su parte, Borja Llonin Fernández ha denunciado la imposibilidad de compatibilizar distintos servicios públicos, como una vivienda con apoyo y un centro de día, lo que en la práctica reduce la participación comunitaria y favorece el aislamiento de las personas usuarias. El portavoz ha advertido que este cambio de modelo hacia una atención de 24 horas en un único recurso exigirá una mayor financiación y un incremento de las plantillas que no se contempla en los conciertos actuales. Además, ha señalado que el nuevo decreto ha generado un consenso unánime de rechazo entre familias, personal trabajador, sindicatos y asociaciones. Finalmente, ha mostrado su preocupación por el nuevo sistema de copagos.