COMPARECEN EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA PARA PEDIR NUEVAMENTE LA GRATUIDAD DE LAS AUTOPISTAS AP-8 Y AP-68
- La comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia ha recibido hoy a dos plataformas ciudadanas que demandan la eliminación de los peajes de estas dos autopistas por considerarlos un agravio comparativo y defienden la seguridad viaria como un derecho universal.
(Bilbao, a 17 de septiembre de 2026). Las Juntas Generales de Bizkaia han acogido en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía la comparecencia de representantes de las plataformas ciudadanas que llevan años solicitando formalmente la supresión total de los peajes en las autopistas AP-8 y AP-68. Durante la sesión, las personas comparecientes han expuesto que el mantenimiento de estos cobros supone un agravio comparativo para usuarias y usuarios de estas vías frente a otras zonas del Estado donde estas carreteras de alta capacidad ya son gratuitas.
En relación con la autopista AP-8, desde la Plataforma AP-8 Peajerik ez se ha recordado que la ciudadanía de comarcas como Durangaldea lleva 53 años abonando unas tarifas consideradas de las más elevadas del Estado. Su portavoz, Juan Carlos Poderoso Martínez, ha denunciado que la alternativa gratuita disponible es la carretera N-634, la cual soporta un aforo superior a los 20.000 vehículos diarios sin haber sido desdoblada, lo que compromete gravemente la seguridad de quienes transitan por ella. “Exigimos el derecho de contar con una movilidad segura, eficiente y ecológica”, ha sostenido.
La plataforma ha rechazado los argumentos institucionales relativos a la normativa europea o al principio de “quien contamina paga”, subrayando que la ciudadanía ya aporta millones de euros anuales a través del Impuesto de Hidrocarburos en Bizkaia. Poderoso ha criticado también la falta de debate de la Diputación (la plataforma presentó 24.872 firmas en contra del peaje), la necesidad de “hacer caja” y la discriminación que supone para quienes habitan en Durangaldea respecto a otras comarcas de Bizkaia que disfrutan de autovías sin peajes. Ha recordado el “escándalo” que supone pagar 2,80 euros por 17 kilómetros, uno de los tramos “más caros del Estado”.
Por su parte, en lo relativo a la autopista AP-68, el compareciente Kepa Alaña ha cuestionado la pretensión de aplicar “peajes blandos” tras la transferencia el próximo mes de noviembre de la titularidad de la carretera a las instituciones forales. El portavoz de la plataforma “AP-68 gratis” ha contrapuesto esta medida con las políticas de gratuidad y liberación implantadas en tramos de Aragón, La Rioja y Navarra, así como en otras autopistas estatales tras la finalización de sus concesiones. En lo que se refiere al tramo vasco, ha criticado que Araba haya aprobado una rebaja del 70%, mientras que en Bizkaia este descuento se quedará en el 20%.
Durante su intervención, el compareciente ha desmontado la necesidad de mantener el peaje para financiar servicios públicos, señalando que la recaudación por el Impuesto de Hidrocarburos asciende a 300 millones de euros, a lo que se suman 80 millones por el cobro de peajes, frente a un coste de mantenimiento de la red viaria de Bizkaia de 120 millones de euros. Finalmente, se ha apelado a la representación política, citando a los partidos PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin por consensuar el mantenimiento de los peajes, para que se garantice el derecho a una movilidad segura sin cargas económicas adicionales, porque Euskadi se ha convertido “en una isla en el Estado”.
Por otro lado, el ciudadano vizcaíno Raúl Fuente Castaño ha solicitado también, en la misma comisión, la supresión del peaje en la AP-68 entre Bilbao y Vitoria-Gasteiz, argumentando que acudir diariamente a trabajar o estudiar no debe suponer un coste económico añadido para la ciudadanía. Fuente Castaño ha denunciado la discriminación territorial que sufren las personas usuarias que circulan entre Bizkaia y Araba frente a la liberación ya prevista para los tramos de La Rioja, Navarra y Aragón. Asimismo, ha censurado que el modelo actual de subvenciones obligue a adelantar hasta 300 euros mensuales del bolsillo de la ciudadanía para financiar los desplazamientos obligatorios.
