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Fecha29/06/2018

Comisión de Peticiones y Relaciones con la ciudada

La tasa de alcantarillado y la situación de los derechos humanos en Palestina centran la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía

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La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía ha acogido esta mañana dos comparecencias.

En primer lugar, un ciudadano de la localidad de Erandio ha denunciado frente a los grupos junteros la desigualdad existente en el pago de tasa de alcantarillado en su municipio en comparación del resto de localidades vizcaínas. Tal y como ha explicado, los Ayuntamientos de Bilbao y de Erandio son los únicos en Bizkaia que aplican el tipo de tasa sobre el valor catastral, “lo que coloquialmente entendemos por I.B.I”, a diferencia del resto que lo hacen por el consumo del agua.

El compareciente ha explicado que la recaudación anual en Erandio asciende a los 900.000 euros, de los cuales “no se emplean en el servicio ni el 50%”. A este respecto, y en defensa de su postura, ha hecho referencia a la Norma Foral de Haciendas Locales, y en concreto a su artículo 25, asegurando una falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento. Un argumento con el que, sin embargo, no ha coincidido la representante del Grupo Nacionalistas Vascos, Ana Esther Furundarena, quien ha manifestado que “la aplicación del I.B.I se ajusta a la Norma y por tanto, es legal”.

Tanto el representante de EH Bildu, David Lopategui, como el de Podemos Bizkaia, Josean Elguezabal, han asegurado compartir las quejas del compareciente y han declarado que realizarán un seguimiento del tema. El portavoz del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, por su parte, ha recomendado al vecino de Erandio que acuda al Ararteko; a este respecto el compareciente ha manifestado haber acudido “un millón de veces” sin finalmente hallar solución. La apoderada del grupo Socialistas Vascos, Marimar Rodríguez, en orden también con lo expresado por el juntero popular Eduardo Andrés y casi todos los grupos, ha declarado que ésta se trata de “una competencia municipal en base a una normativa foral” y que por lo tanto no hay posibilidad de actuación por parte de las Juntas Generales.

La segunda comparecencia ha corrido a cargo de dos integrantes de la Asociación Paz con Dignidad. Esther Muñiz y Ana Sánchez han detallado la situación de los derechos humanos en Palestina y expondrá las alternativas de resistencia civil no-violenta generadas desde la sociedad civil palestina y vasca, más concretamente a través de la Campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones por los Derechos del pueblo Palestino (BDS); un movimiento “antirracista que combate de manera activa todas las formas de discriminación incluyendo el antisemitismo y la islamofobia”.

Una situación, que según ha aclarado Ana Sánchez, “no puede verse reducida a una ocupación militar” y que genera la “obligación legal” de que el resto de Estados e instituciones públicas “promuevan los derechos humanos”. En la práctica esto se traduciría en “la obligación de no reconocer ni proporcionar asistencia material a este tipo de situaciones que son internacionalmente ilícitas”. Es decir, “dejar de tener relaciones económicas, diplomáticas, culturales y comerciales”.

En el turno de intervención de los grupos, el representante socialista Josu Montalbán ha explicado que, a pesar de apoyar el criterio de la comparecencia, “es difícil abordar desde Juntas Generales el conflicto”. De igual manera la apoderada del Grupo Nacionalistas Vascos, Irene Edesa, ha reiterado la solidaridad de su grupo con el pueblo palestino, así como “la condena contra toda vulneración de derechos humanos”.

No obstante, los grupos opositores EH Bildu y Podemos Bizkaia han querido conocer la opinión de las comparecientes en relación al acuerdo de la Diputación Foral con la aceleradora SOSA. A este respecto Esther Muñoz ha instado a la “revisión de qué tipos de contratos y convenios hay con empresas privadas del ámbito securitario o militar israelí para poner fin a este tipo de complicidades”. La apoderada nacionalista, sin embargo, ha recordado el compromiso de la Diputación Foral con la incorporación de claúsulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas, “y así se lo ha comunicado a las entidades con las que mantienen convenios y acuerdos relacionados con la promoción exterior y la internacionalización”.