La Diputación abrirá en enero un nuevo hogar para menores
La solicitud de comparecencia urgente del PP venía al caso, según el apoderado Eduardo Andrés, por la petición realizada por algunos trabajadores de esta sección que se ocupa de la valoración de los menores de edad, de contratar “5 psicólogos”. Según ha trasladado el juntero popular, los trabajadores dicen que se encuentran “desbordados”, lo que origina que no se estén cumpliendo los plazos establecidos en la normativa para casos de desamparo de niños y adolescentes.
Sánchez-Robles ha negado tal extremo. “No es verdad que la sección esté colapsada”, ha dicho. La responsable foral ha explicado que, en todo caso, se han dado “circunstancias excepcionales” que han provocado que la sección de valoración tenga “desajustes”, pero que en ningún caso afecta a la atención directa a los menores, ya que no existe “lista de espera” en ninguno de los diez programas detallados en su comparecencia. Robles ha explicado que estas anomalías se han producido por el incremento de expedientes -en 2014 entraron "184 casos más" que en 2013, por la crisis-, y por circunstancias laborales como bajas, reducciones de jornada, medidas de conciliación laboral y un concurso de traslados, unido a que la normativa obliga a la entidad foral a realizar procedimientos de diagnóstico “más rigurosos y exhaustivos”.
La responsable foral, al igual que el resto de grupos junteros , ha culpado en parte al PP de esta situación, ya que distintas iniciativas legislativas del Gobierno central impidieron realizar contrataciones públicas para reforzar este tipo de servicios. La “Ley Montoro”, es una ley que “no tiene corazón”, ha lamentado la diputada que prevé paliar la situación el próximo año, debido a la flexibilidad de estas medidas, con la contratación de dos psicólogos, a razón de los planes establecidos por la propia jefatura de la Sección. Además, ha recordado que la Diputación no pudo ampliar este servicio por medio de otras figuras conveniadas, debido a que la ley obliga a que sea personal propio quien valore los expedientes.
Sánchez-Robles ha señalado que la Diputación cuenta actualmente con “531 plazas” para menores con problemas -110 de gestión propia y otras 421 conveniadas con 15 entidades-, “46 centros y hogares”, y “510 profesionales”. La diputada ha señalado que el nuevo centro –no ha precisado su ubicación- vendrá a reforzar los “hogares especializados para jóvenes procedentes de adopciones o acogimientos truncados”, en los que se ha reducido el tope de plazas, vía decreto. El ratio de ocupación ha pasado de "12 menores a un máximo de 10. El equipo humano de esta Sección de Recepción, Valoración y Orientación, está compuesto por un jefe de sección, un responsable de área, cinco psicólogos, diez trabajadores sociales y siete administrativos, ha detallado
La diputada ha querido destacar el trabajo de los empleados del servicio de infancia que trabajan con "cargas de tensión emocionales" que impactan en su día a día. Ha señalado que el sistema utilizado en Bizkaia para proteger a los menores en riesgo de desamparo es “avanzado” y está “consolidado”, además de ser “un referente” en Euskadi, en el Estado y en Europa. Los técnicos del departamento han sido incluso citados como expertos en varias ponencias desarrolladas en las Cortes Generales, tanto por el Gobierno socialista como por el popular, ha precisado. Cada programa del servicio está sometido a una “auditoría operativa“” para adaptar los recursos a las necesidades de cada momento.
NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
En la misma sesión, la Comisión de Acción Social ha rechazado una proposición no de norma presentada por el PP que pretendía instar a la Diputación Foral de Bizkaia a que ampliase las ayudas individuales destinadas a terapias de estimulación temprana, y a que sus tratamientos pudiesen alcanzar a mayores de 6 años. Todos los grupos junteros han rechazado la medida pues choca con la opinión de los expertos que argumentan que las terapias tempranas dejan de ser efectivas a partir de los 5 años y con las competencias del Gobierno vasco, ya que los menores a partir de los 6 años comienzan el periodo de escolarización obligatoria y tiene que ser esta Administración, a través de los “berritzegunes”, los que se ocupen de cubrir estas necesidades.
