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Juntas Generales pide que el Gobierno vasco asuma en 2017 la "totalidad" del gasto sanitario derivado de los servicios sociales que presta la Diputación

Bilbao

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy “instar" a la Diputación foral a que “acuerde” con el Gobierno vasco el que este “asuma a partir del 1 de enero de 2017 la totalidad” del gasto sanitario en el que incurre la institución foral en el desarrollo de sus competencias en materia de bienestar social. La petición viene reflejada en una proposición no de norma presentada por el grupo Popular Vizcaíno que ha contado con el apoyo de todos los grupos junteros, a excepción de Podemos Bizkaia que ha votado en contra.

Según ha desvelado en la comisión de Acción Social el apoderado popular Eduardo Andres, la previsión para 2016 es que este gasto sanitario supere los “12 millones de euros”, de los que "10 millones" corresponderá pagar a la Diputación y algo más de “2,2 millones” al Ejecutivo autonómico, en base a un convenio suscrito entre ambas administraciones. Con la entrada en vigor el año próximo del nuevo Decreto de Cartera, “queda claro” que el Gobierno vasco debe asumir la “totalidad” del gasto sanitario.

Ambas administraciones deben acordar primero las cantidades y establecer después quién se hará cargo de pagar una factura que ha ido subiendo progresivamente en los últimos años fruto del envejecimiento de la población. Desde los partidos que apoyan al ejecutivo foral -PNV y PSE-EE- se ha llamado a la “prudencia” debido a que el Gobierno vasco aún no está constituido, si bien la jeltzale Celia Gómez ha dicho que “no se parte de cero”, recordando que en los presupuestos de 2017 se cuenta con un compromiso inicial del Gobierno vasco de abonar “más de 4 millones de euros” por estos conceptos.

El apoderado popular ha justificado su proposición por considerar que las prestaciones sanitarias “no están siempre bien compensadas” por el Gobierno vasco por lo que ha instado a que, "a lo largo del próximo año", se revierta la situación en función del artículo 7 del Decreto 185/2015, de 6 de Octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, “consciente" de que no debe ser necesariamente desde el 1 de enero debido a la situación de provisionalidad del Ejecutivo autonómico. Para EH Bildu, este artículo “deja claro” , sin embargo, que mientras no se desarrolle el Decreto de Cartera, el abono del gasto sanitario correspondería “a ambas partes”.


COMPARECENCIAS DE LA DIPUTADA DE ACCIÓN SOCIAL

En la misma sesión, la diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha comparecido, a petición de la oposición, por cuatro asuntos: el informe de la patronal Lares respecto a la atención en las residencias de personas mayores de Bizkaia; el nuevo Estatuto del Cuidador; el anuncio del Gobierno foral de que, en 2017, los mayores puedan elegir residencia; y la situación del Hogar del Pensionista de Bermeo.

La diputada no ha querido entrar a valorar el informe de una de las patronales del sector de residencias , ya que dicho documento iba dirigido al departamento de Justicia y Empleo del Gobierno vasco. En él, se ponía sobre la mesa la “escasez de recursos” según la oposición, para atender de manera “digna” en situación de “normalidad" -sin huelga- a las personas mayores. “Tienen la libertad y los recursos para poder contratar a más personas” si lo ven necesario, ha contestado Sánchez Robles.

La oposición ha considerado que al albor de las propias valoraciones que se hacen desde el sector, los ratios actuales de atención son “insuficientes”. En este sentido, Sánchez Robles ha recordado que existe un proceso “abierto” dirigido a recoger aportaciones de agentes sindicales, patronal, y familiares, que debe servir de base para elaborar un documento con “voluntad clara de mejora”, como ya acordó por unanimidad las Juntas Generales en una proposición no de norma aprobada el 29 de julio, dirigida al Parlamento Vasco. En la iniciativa, se instaba a mejorar los ratios de atención en los centros residenciales, algo que, como dice la ley, es competencia autonómica, según la diputada.

A instancias también de EH Bildu, la diputada comparecía para ofrecer una explicación sobre el modelo de concertación anunciado por el diputado general en el pleno de Política General, en el que las personas mayores tendrán la posibilidad de elegir el centro residencial al que quieran acudir, un modelo aplicado en los países nórdicos "desde 1992 con éxito" La diputada ha subrayado que se podrá elegir entre “la práctica totalidad de los centros que acuden a esta concertación”, excepto “dos o tres” que voluntariamente han querido quedarse fuera. En cuanto al futuro Estatuto de las Personas Cuidadoras, también anunciado por Unai Rementeria, la diputada espera que se haga una realidad en 2017, tras un periodo de contraste con agentes externos.

En referencia al estado del Hogar del Pensionista de la calle Fraile Leku 1 de Bermeo, de titularidad estatal, Sánchez Robles ha anunciado que la Diputación aportará partidas “en 2017 y 2018” para acondicionar el inmueble, mayormente en el exterior, ya que el interior está “muy bien”. Se pintarán puertas, se mejorará el aislamiento del edificio y se cambiarán las ventanas, entre otras actuaciones.