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Juntas Generales pide a Diputación que estudie la incorporación de "penalizaciones" a residencias concertadas ante una disminución de la calidad

Bilbao

Las Juntas Generales de Bizkaia han instado hoy a la Diputación Foral a explorar la “viabilidad jurídica y nuevas fórmulas” para incluir “medidas de penalización en el caso de producirse una disminución en la calidad y el servicio que se presta a los usuarios" en las plazas residenciales de los centros concertados. El texto aprobado esta tarde en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína es una enmienda de modificación de los grupos junteros de PNV y PSE-EE a una proposición no de norma que había presentado el grupo Popular y al que se ha unido también el grupo Mixto. EH Bildu y Podemos Bizkaia han votado en contra.

La iniciativa aprobada da pie a que la Diputación elabore un informe jurídico para que una medida de este tipo se incorpore en futuras contrataciones para la concertación de plazas. En estos momentos, los centros residenciales de titularidad privada atienden en Bizkaia a 10.170 personas mayores dependientes, la mitad son plazas concertadas con la Diputación.

La propuesta acordada partía de una proposición no de norma del grupo Popular Vizcaíno que pretendía inicialmente que la Diputación incluyera las cláusulas en el próximo contrato para la concertación de plazas residenciales en centros privados. El actual se prorrogó en primavera y finaliza el próximo 31 de diciembre. Antes de que la Diputación tenga que añadir penalizaciones en futuros contratos, PNV y PSE-EE han considerado conveniente realizar primero un análisis para "garantizar la viabilidad jurídica" de dicha medida.

Eduardo Andrés, del PP, ha aceptado la enmienda y, en consecuencia, la realización de que la Institución foral lleve a cabo este análisis previo. De ser viable, las cláusulas implicarían, según él, “la reducción del importe a abonar por los servicios forales”, en el caso de producirse una disminución en la calidad y en el servicio que se presta a los usuarios, como ha ocurrido, por ejemplo, durante las jornadas de huelga. Ha aclarado que dichas penalizaciones no están planteadas únicamente para estos periodos de paro.

Según el apoderado popular, este sector es el “único” en donde la empresa "sigue recibiendo lo mismo, mientras que los trabajadores ven disminuir sus salarios". Durante la huelga, la calidad del servicio “ha dejado mucho que desear”, mientras la Diputación “sigue pagando por plaza el mismo importe”. Para Andrés es “aún más grave” que se le siga detrayendo al usuario “el mismo importe de su pensión por un servicio que es menor”, ha dicho.

En la bancada juntera que ha apoyado la propuesta, ha causado “sorpresa” que los dos grupos que representan a la izquierda en el Parlamento vizcaíno, EH Bildu y Podemos Bizkaia, hayan rechazado la medida.

EH Bildu ha aclarado que su voto contrario no es porque estén en contra de que se penalice a una empresa, sino del modelo elegido para sancionarla. Para Arantza Urkaregi “se abre una puerta para penalizar a la carta” y “para pagar diferente en función de la calidad”, ha dicho. Ha abogado por que se utilice el modelo guipuzcoano, en donde "al desglosarse la tarifa" entre lo que recibe el trabajador y la empresa, se puede penalizar a esta última, sin perjuicio de que la otra parte se vea perjudicada.

El representante de Podemos Bizkaia, Josean Elgezabal, ha preguntado “por qué esta cláusula sólo para las residencias” y “cómo se mide la calidad del servicio”. “También se podría beneficiar a los que mejoran el servicio”, ha planteado.