Acción Social recibió "28 quejas" formales en 32 días de huelga en las residencias de Bizkaia
Siguiendo una cronología de los hechos desde que empezaron las jornadas de paro el 17 de marzo, Sánchez Robles ha explicado que su departamento trasladó a la dirección de Trabajo del Gobierno Vasco, competente para decretar los servicios mínimos, una “comunicación” con las situaciones que se vivieron en los centros sociales de personas mayores por la huelga convocada entre el 8 y el 14 de julio, la quinta convocatoria y la última con servicios mínimos de entre el 50 y el 60%.
En esa comunicación (que no informe), elaborada con las actas de inspección realizadas por los técnicos de la Diputación y por médicos colegiados, se informó al Ejecutivo vasco de cuál había sido la situación de los centros en lo que la Diputación considera “hitos prioritarios” : la alimentación, la higiene, los cuidados de salud y la seguridad de los residentes. En el escrito que trasladó a la dirección de Trabajo , se llegó a constatar el “compromiso” de la Institución foral bajo el cual quería que “en ninguna circunstancia se podía dar una situación de maltrato, y tampoco en situaciones de huelga”. De forma literal, la Diputación llegó a trasladar a Lakua que “las evidencias" apuntaban a que se podía estar "ante situaciones de maltrato institucional”.
Esta notificación fue, según la diputada, la que indujo a que, en la siguiente y hasta ahora última convocatoria de huelga –entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre-, la autoridad laboral decidiera elevar los servicios mínimos “hasta el 70% en general”, y “hasta un 80% en los momentos de mayor actividad en los centros”.
La diputada ha informado de que un día antes a estas jornadas de huelga, la Diputación difundió un protocolo de actuación para los profesionales del servicio de Inspección de su departamento con el objeto de “garantizar el derecho a la atención integral y la salud de las personas usuarias” de los centros de servicios sociales de Bizkaia “en aquellas situaciones que pudieran provocar una falta de atención y conculcación de derechos fundamentales”.
Sánchez Robles ha explicado que la Diputación siguió de manera “rigurosa” esta instrucción, especialmente en los centros de mayor afectación, y de esta actuación se derivaron “algunas consideraciones de la última jornada de huelga”. La diputada ha hablado de “retrasos, de media, de 15 a 30 minutos en la administración del desayuno, la comida o la cena” o “retrasos generalizados que no han pasado de 30 minutos en cuanto a levantar a las personas”. En lo que respecta a la vigilancia, en “algunos casos sí se ha constatado la inexistencia de vigilancia en zonas comunes donde había numerosas personas usuarias”, ha afirmado. En cambio, Sánchez Robles ha indicado que se ha cumplido “de manera general” en los cambios posturales y de absorbentes de los usuarios, y en la atención sanitaria, donde el suministro de medicación y las curas “no han sufrido alteraciones”. En cuanto a la higiene básica, los centros mantuvieron “como mínimo una ducha semanal, algunos incluso dos; y otros centros han mantenido todas las higienes programadas”.
Por ello, en base a estos datos, Sánchez Robles ha valorado que la incidencia de la última convocatoria de huelga ha sido “significativamente menor” en los usuarios que las precedentes, a pesar de alargarse las jornadas de paro. La huelga ha servido para que el departamento “afine” los mecanismos de Inspección y seguimiento, y se incrementen los servicios mínimos por parte de la autoridad competente.
La responsable foral ha vuelto a recordar en varias ocasiones que la Diputación está “para salvaguardar la dignidad e integridad de las personas mayores” y que ésta “no se vea alterada en los días de huelga”. “Lo primero son las personas más vulnerables, pese a que seamos respetuosos con la reivindicación de los trabajadores”, ha dicho, para después desear que el conflicto laboral “se resuelva a la mayor brevedad posible”.
GRUPOS JUNTEROS
Los grupos junteros han coincidido con la diputada en que la huelga ha servido para "abrir un debate" sobre el modelo de gestión que queremos para los centros de mayores del territorio. Arturo Aldecoa (Mixto) ha sostenido que "igual es el momento de elegir entre la atención a la tercera edad y el titanio”, ya que la evolución de la pirámide poblacional invita a pensar a que el modelo actual “no va a funcionar”. La solución exige “mucha reflexión”.
El PP, en boca de su apoderado Eduardo Andrés, ha lamentado que la Diputación no ampliara los mecanismos de inspección meses antes de hacerlo, para conocer lo que estaba ocurriendo en los centros residenciales durante las huelgas. Ha acusado a la diputada y al grupo juntero del PNV de “ocultar la verdad” en los meses de junio y julio cuando repetían “que no pasaba nada y que existía un trato adecuado”, mientras ya se estaban produciendo “situaciones de maltrato”.
Por su parte, la juntera de Podemos Bizkaia Nuria Atienza ha pedido “empleo de calidad para garantizar la dignidad” de los usuarios de residencias, ya que el origen del problema está en el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de las residencias privadas que cobran "entre un 40 y un 60% menos" que en la red pública, sufriendo además una “gran” carga de trabajo.
Para el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, esas condiciones laborales que critican las centrales sindicales “van unidas al mal servicio”. “La huelga ha hecho visible un problema que es una reivindicación del sector”. Se ha referido también a las diferencias salariales entre la red pública y la privada, y ha cuestionado a la diputada por el tipo de concertación que se hace en Bizkaia “en el que las empresas están teniendo ganancias millonarias”.
Por su parte, los grupos junteros que apoyan al Gobierno foral – PNV y PSE-EE - , han recogido la propuesta de Aldecoa de estudiar un nuevo modelo. El socialista Juan Otermin ha pedido “aquí – en las Juntas Generales- y en el Parlamento Vasco, debatir el modelo que queremos para el futuro”. Por su parte, Jon Sánchez ha animado a la oposición a “fotografiarse” y “hablar del coste de cada modelo”.
En su intervención, el jeltzale ha criticado la deriva del sindicato mayoritario en las residencias de Bizkaia que ha pasado de decir -según él- que el convenio firmado en 2014 era “buenísimo” a criticarlo dos años después. En este sentido, ha definido el papel “político-sindical” de "algunos" sindicatos y ha sacado a relucir que en el estudio sociológico foral Neurbi, los trabajadores valoraron el trabajo de los agentes sociales con una nota de entre “los 2,80 y los 4,01 puntos”.
En el caso del conflicto laboral de las residencias, Sánchez ha señalado que a la Diputación le corresponde "supervisar" los servicios y no ser “mediador” de un conflicto laboral entre trabajadores y empresas, salvo que haya un cambio en el modelo de relaciones laborales.
NUEVO DECRETO FORAL SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA
Por otra parte, en la misma sesión, el PP ha pedido explicaciones a Sánchez Robles por las medidas adoptadas por la Diputación para llevar a cabo la difusión de las ayudas individuales a la atención temprana, en cumplimiento de una proposición no de norma aprobada por las Juntas Generales en marzo de 2015. La diputada ha explicado que esta labor informativa fue llevada a cabo por el propio departamento de Educación del Gobierno vasco a través de misivas a los centros escolares.
La diputada ha anunciado en la sesión que “a finales de año” estará preparado ya el decreto foral que regule la "coordinación" entre las distintas administraciones y el "acceso" a estas ayudas. Sánchez Robles ha indicado que los “puntos de entrada” de las solicitudes serán los centros educativos de Infantil y Primaria, y los “Berritzegunes”. Los últimos datos que maneja la Diputación hablan de “2.000 preinscripciones” y de “600 niños y niñas” beneficiados de estas ayudas a la atención temprana.
