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La Diputación ha destinado 4,7 millones de euros a servicios jurídicos externos en los últimos seis años

Bilbao

La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, lbone Bengoetxea, ha comparecido en las Juntas Generales a petición del grupo Popular vizcaíno para dar cuenta de los gastos incurridos por la Diputación y sus entidades públicas en servicios jurídicos externos. En una extensa comparecencia, la responsable foral ha asegurado que, en los últimos seis años, la Institución foral ha destinado “2 millones de euros” y sus entidades dependientes otros “2,7 millones”, en casos que por su “relevancia o especialización” han tenido que ser contratos a despachos externos, corrigiendo así al PP que afirmaba que los gastos incurridos eran “superiores a los cinco millones”.

Bengoetxea ha precisado que de las “4.900 causas abiertas” en estos seis años “sólo el 0,2% se externalizan”. Teniendo en cuenta que la Diputación ha manejado un presupuesto propio de 7.200 millones de euros en este tiempo, los servicios externalizados suponen apenas el “0,06%” del gasto, ha precisado. La diputada ha cifrado “el retorno de la inversión -por los juicios ganados- en el 1.057%”.

La responsable foral ha criticado la postura del portavoz popular, Javier Ruiz, por “generar dudas” en el modo de contratación de la Diputación. En este sentido, todas las contrataciones se hicieron "de forma clara y de la forma que procedía hacerlos". Ha explicado que las críticas lanzadas a la Diputación por el apoderado del PP, se basan en informaciones que la propia Institución trasladó por escrito al grupo Popular ante una petición formal, en aras a una política de transparencia.

Bengoetxea ha salido así al paso de las críticas de los populares que han señalado, en boca de su portavoz Javier Ruiz, que los gastos son “abultados” y ha pedido que se aclare el proceso de adjudicación elegido, especialmente para aquellos expedientes que han derivado en gastos importantes.

La diputada ha explicado que en la Diputación existen dos servicios jurídicos, uno dependiente de su departamento –con 12 letrados- y el otro en Hacienda y Finanzas para llevar asuntos económicos y relacionados con cuestiones tributarias. En total, los funcionarios públicos han manejado en los últimos seis años un total de “4.900 expedientes”, de los que “1.800” están “vivos” a día de hoy.

En referencia a los “grandes” casos, externalizados “por su especialización o por la cuantía que se reclamaba a la Diputación”, Bengoetxea se ha referido primeramente a la denuncia interpuesta por vecinos de Sabino Arana en la que se pedía una indemnización “de 5 millones de euros” por ruidos, y que fue ganada.

Asimismo, la diputada ha hecho mención a la causa abierta para blindar el Concierto Económico que está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Otro sería el conocido popularmente como “el caso de los bonos del Ferry”, que fue ganado también por la Diputación, y en el que se contrató a un despacho de abogados con capacidad para trabajar en la Unión Europea.

Asimismo, la Diputación tuvo que salir con medios externos en defensa de su capacidad para gestionar el transporte público por carretera, causa de la que salió airosa en el juicio; o por la reclamación –desestimada- “de 4,7 millones” de una empresa constructora por la variante de Gernika.

En su turno, Javier Ruiz, portavoz del grupo Popular, ha manifestado que la Diputación ha incurrido en un “abuso de la contratación directa” con “más de 200 contrataciones” en donde se siguen criterios “subjetivos y arbitrarios”. Tras dar las minutas de algunas adjudicaciones, Ruiz se ha referido al “gran volumen” de las que se han adjudicado vía Consejo de Gobierno, en detrimento del concurso público.

Podemos Bizkaia y EH Bildu han señalado que se utiliza en “exceso” la contratación de servicios externos y que estos recaen “en muchas ocasiones, en los mismos” letrados.

El PNV ha destacado las “amplias y detalladas” explicaciones de la diputada. Según María Presa, el PP ha querido abrir “un nuevo frente de acoso y derribo” al Gobierno foral, advirtiendo que “no será el último”, al que “se han apuntado” también otros grupos. Presa ha pedido que se haga una labor de control “seria, responsable y rigurosa”, y ha defendido el procedimiento de contratación del Gobierno foral.


PROPOSICIÓN RECHAZADA

Por otra parte, la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia, ha rechazado una proposición no de norma de Podemos Bizkaia para que se incluyeran ciertas propuestas en el Portal de Transparencia con la intención de construir una herramienta “real de participación y acceso a la información”. El PNV ha pedidoal grupo morado que espere al desarrollo del plan foral para la participación ciudadana que tendrá su propio cauce y canal a partir del año 2017.