La Diputación asegura que la atención en los centros de Gorabide "no ha sufrido afecciones" con el conflicto laboral

EH Bildu había pedido la comparecencia de la diputada en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína después de que el comité de empresa de Gorabide explicara las peticiones laborales de los trabajadores a los grupos junteros en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía celebrada el pasado 14 de abril. En base a la información aportada en aquella ocasión por los representantes de los trabajadores, el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, ha preguntado a la diputada si estaba al corriente de la situación laboral en la entidad y si los servicios que se están ofreciendo van en sintonía con la aportación económica que está realizando la Diputación.
Después de afirmar que la Diputación sí conoce la situación, Sánchez Robles ha asegurado que las auditorías anuales que se realizan en cada centro no han evidenciado “insuficiencias” en los servicios de Gorabide y que los técnicos forales no han recibido “quejas formales” por parte de los familiares. La diputada ha trasladado que su departamento no considera “necesario”, además, ampliar la aportación económica a esta entidad, según se desprende de los propios informes de auditoría.
La Diputación ha lamentado que se ponga en duda la labor de los trabajadores forales, que mantienen una relación “fluida” con Gorabide, en aras a vigilar el servicio que se ofrece a través de “30 centros” y, para ello, ha ofrecido algunos datos. En los últimos cuatro meses, según Sánchez Robles, se ha producido “el intercambio de 985 correos electrónicos”, “720 llamadas telefónicas”, “35 visitas a centros”, “124 citas con usuarios”, “242 traslados” y “más de 500 informes” de personas usuarias.
EH Bildu y Podemos Bizkaia han pedido que la Diputación realice “inspecciones de manera habitual” para comprobar si los centros están cumpliendo con los ratios establecidos, algo que está condicionado por la inexistencia de normativa reguladora, según la diputada. Ambas formaciones sí han establecido relación entre un “óptimo” servicio y unas condiciones laborales "dignas" y "estables". Unanue ha trasladado a la comisión que en el último año Gorabide ha realizado “9.763 contratos”, una cifra que considera “bastante elevada”. Por su parte, Josean Elgezabal , de la formación morada, ha pedido “mayor transparencia y participación” en las decisiones que toma la dirección, y un protocolo de actuación ante el incremento de las agresiones a los trabajadores.
Por su parte, PNV y PSE han coincidido con la diputada en que, en una negociación colectiva, “se vienen a tensionar las relaciones” para conseguir mejoras en el convenio y, en este ámbito, “poco pinta” la Diputación, ha señalado el socialista Juan Otermin, que cree que la Institución foral sólo puede intervenir cuando se incumpla la normativa. Ambas formaciones han destacado que la atención en los centros “no ha sufrido” en el proceso de negociación del convenio.
INICIATIVAS RECHAZADAS
En el debate de dos proposiciones no de norma presentadas por EH Bildu, los grupos junteros han vuelto a establecer su postura en torno a si se desplegará a tiempo -a partir de enero de 2017- lo que marca el Decreto de Cartera del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el caso de Bizkaia.
Por una parte, tanto Podemos Bizkaia como el PP se han alineado con las tesis de la coalición abertzale que vienen a coincidir en que el despliegue de los servicios llegará “tarde”. En cambio, en el otro extremo, PNV y PSE-EE han insisitido en que dicho despliegue se hará a tiempo. “Tenemos hasta final de año”, ha recordado la jeltzale Celia Gómez.
Este argumento temporal ha sido utilizado para que las dos formaciones que sustentan al Gobierno foral hayan votado en contra de sendas proposiciones no de norma de EH Bildu en las que se pedía adelantar la aplicación de algunas cuestiones que quedaban reflejadas en el Decreto de Cartera aprobado en octubre del año pasado y que según la apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi está “ya vigente”.
La coalición abertzale pretendía, por un lado, que la Diputación hiciera efectiva la opción de no prorrogar el contrato en las residencias públicas y privadas concertadas que finaliza el próximo 14 de noviembre. Ha planteado la creación de una mesa “técnica” para incluir mejores condiciones en un futuro contrato.
Según PNV y PSE-EE, esta mesa ya existe “desde hace mucho tiempo” y, además, se trabaja en un nuevo modelo salido de la Cartera de Servicios que está provocando en sí mismo una “redefinición” de los servicios. De todas formas, ven “necesario” y “lógico” que la Diputación establezca la posibilidad de “prórroga” en los contratos de cara a cubrirse, porque si no “podríamos entrar en una situación de inseguridad”. Es una herramienta “garantista” para que no haya “un vacío legal”, ha señalado el jeltzale Jon Sánchez.
Por otro lado, la coalición abertzale había pedido a los grupos junteros apoyo a una proposición no de norma, para que la Institución foral adecuase la normativa de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, y las prestaciones para asistencia personal, al Decreto de Cartera de Servicios Sociales que, según EH Bildu, compatibiliza ambas ayudas con servicios de atención a la dependencia. Como ya sucediera en el caso anterior, solo han conseguido el apoyo de Podemos Bizkaia, lo que ha resultado insuficiente para hacer prosperar la iniciativa.
PNV, PSE-EE y PP ven conveniente esperar a enero del año próximo cuando se produzca el despliegue del nuevo modelo de “gobernanza compartida” de los servicios sociales, entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno autonómico. Además, para los jeltzales, en el terreno de las incompatibilidades de las ayudas sociales, hay aspectos que se mejoran en el Decreto de Cartera, aunque “en otros” el nuevo marco reglamentario es “más restrictivo” que la normativa foral.