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Las Juntas Generales acuerdan "posibilitar valoraciones provisionales" de la situación de dependencia

comisión

Bilbao, a 9 de octubre de 2015

La comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado esta mañana, por unanimidad, una proposición No de Norma que invita a “modificar las condiciones actuales para acceder a la valoración de dependencia”. La iniciativa original del PP ha sido corregida tras la aceptación de dos enmiendas conjuntas presentadas por los grupos junteros de PNV y PSE-EE. A través de una de ellas, se insta a la Diputación a posibilitar “valoraciones provisionales que habrán de ser revisadas una vez que la situación de la persona en situación de dependencia se haya estabilizado”.

En un inicio, los populares planteaban que las valoraciones de dependencia se pudieran realizar “en centros clínicos y hospitalarios”, algo que según el apoderado popular Eduardo Andrés, no se daba, lo que venía a “ralentizar” el acceso a los servicios o ayudas sociales. Las personas ingresadas en estos centros deben esperar a regresar al domicilio o a su residencia habitual para conseguir esta valoración. “Nos preocupa en aquellos casos más graves”, ha concretado. Por eso, planteaban en su iniciativa instar a la Diputación a modificar las condiciones actuales para “facilitar y acelerar” la tramitación de dependencia en estos centros.

PNV y PSE-EE han señalado que esta posibilidad podía chocar con el marco jurídico actual establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En su caso, han pedido que se establezcan “valoraciones provisionales”, y revisables cuando la situación de la persona se haya estabilizado. “Si queremos que esta excepcionalidad se recoja –la de los centros clínicos y hospitalarios- habría que instar al Congreso a modificar la Ley”, ha matizado el apoderado socialista Juan Otermin, después de confirmar que, pese a lo que dice la ley, en Bizkaia, estos pacientes “ya están siendo atendidos”, independientemente de dónde se encuentren.


POR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DE AYUDAS CENTRALIZADO

Por otra parte, en otra proposición no de norma, el grupo juntero Popular Vizcaíno, pedía que se instara a la Diputación a “crear y publicitar” un servicio gratuito de información telefónico sobre las ayudas y prestaciones sociales “existentes”, ya que “por desgracia” son “muchas” las personas a las que, "en un primer momento", les "cuesta" acceder a los servicios sociales, “sobre todo en municipios pequeños”, a juicio del apoderado popular Eduardo Andrés. La iniciativa ha sido rechazada por 9 votos en contra (PNV y PSE-EE), 5 abstenciones (EH Bildu y Podemos) y 1 voto a favor (PP).

PNV y PSE-EE han planteado a través de varias enmiendas que se eliminase del texto el que se deba “crear” un servicio telefónico, puesto que éste ya se ofrece “desde el año 2012”, a través del 900 22 00 02. Aceptado el cambio por el grupo proponente, el desencuentro, sin embargo, se ha centrado en qué información se debe ofrecer a través de este servicio. Mientras que los jeltzales y socialistas han abogado por que la línea 900 ofrezca únicamente información sobre las ayudas y servicios gestionados por la Diputación vizcaína, el PP buscaba que la oferta se extendiera a dar información de otras prestaciones municipales y autonómicas como las AES (Ayuda de Emergencia Social) o la RGI (Renta de Garantía de Ingresos).

Por su parte, Podemos Bizkaia ha apostado por “unificar” este servicio que bien podría plantearse “vía EUDEL” con la participación de ayuntamientos, Gobierno vasco y la Diputación. Sin entrar a valorar esta alternativa, EH Bildu ha planteado que el servicio teléfonico foral esté operatico “las 24 horas”. Además, creen que éste debería ser “más accesible al entendimiento de la ciudadanía”, sobre todo pensando en las personas mayores.

La jeltzale Celia Gómez ha aplaudido“el ánimo de los grupos junteros por mejorar el servicio” de información a la ciudadanía, pero ha cuestionado la idea del PP de que la Diputación tenga la obligación de informar de “todas” las ayudas, ya sean éstas “municipales, autonómicas, estatales o europeas”. El servicio telefónico gratuito foral, que en 2015 lleva atendidas “52.726 consultas”, ofrece un “gran servicio” y “ya contempla derivar” al usuario, cuando la ocasión lo requiere, a los teléfonos correspondientes de los servicios municipales o al 012 del Gobierno vasco. Para Juan Otermin (PSE-EE), la propuesta popular pretendía “otorgar” a la Diputación funciones que no le corresponden. “No puede suplir las carencias de otros”, ha dicho.