EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA INSTA A LA DIPUTACIÓN A INTRODUCIR CAMBIOS EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RESIDENCIAS
Gernika
- La Cámara vizcaína pide que se establezca un control económico de las residencias de Bizkaia mediante el análisis de los gastos de personal, el establecimiento de un “ratio” para las nuevas unidades convivenciales o la medición del tiempo de cuidado, entre otras cuestiones.
- La sesión celebrada en la Casa de Juntas de Gernika aprueba también la Cuenta General del Territorio de 2019.
- El Parlamento de Bizkaia desestima la toma en consideración de una Proposición de Norma para introducir cambios en el límite del listado de los deudores de la Hacienda foral que incluye ahora a contribuyentes con deudas superiores al millón de euros.
(Gernika, a 16 de febrero de 2022). El pleno ordinario de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado hoy en Gernika, ha aprobado dos enmiendas transaccionales firmadas por los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral - Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos- y parte de la oposición, para introducir diversos cambios en la gestión y control de las residencias de Bizkaia. Algunas de estas modificaciones, a propuesta de Elkarrekin Bizkaia, guardan relación con recomendaciones que hacía el Ararteko en el informe sobre el impacto del Covid-19 en los centros de mayores durante 2020. Otras, corresponden a medidas acordadas con EH Bildu para que la institución foral analice el gasto de personal y las cuentas anuales de cara “a identificar elementos que puedan señalar riesgos para una atención de calidad”.
Ambas enmiendas nacen de sendas mociones que habían presentado por separado Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu, y que incidían en dos Interpelaciones hechas al Gobierno foral en el último pleno de control, celebrado el 26 de enero. La formación morada planteaba en un principio seguir algunas de las recomendaciones que elaboró el Ararteko sobre la incidencia del coronavirus durante el año 2020. En base a este informe, planteaban seis puntos de mejora que se han quedado en cinco tras la negociación con los grupos que apoyan al Gobierno.
En base al nuevo texto, las Juntas Generales de Bizkaia instan a la Diputación a “avanzar en la publicación e información sobre los centros residenciales” en base al trabajo de los servicios de Inspección, así como en la información sobre las personas residentes. Además, le piden al Ejecutivo foral “elaborar un test diagnóstico con indicadores que permita cuantificar el avance en la atención” tras la puesta en marcha de las nuevas “unidades convivenciales” de 25 residentes, y también promover unas jornadas científicas que impulsen mejoras en los cuidados. En el acuerdo se establecen “deberes” para el Gobierno vasco como el establecimiento de un “ratio” para cada pequeña residencia de este nuevo modelo de cuidados, y “planes de contingencia frente a agentes infecciosos comunes y frente al Covid-19”.
Por un lado, EH Bildu, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han presentado otra enmienda transaccional a una moción de la coalición abertzale sobre el control económico de las residencias para personas mayores de gestión privada. En concreto, el texto aprobado por la Cámara vizcaína insta a la Diputación a realizar un análisis del gasto de personal que dedica cada centro para conocer si éste es “inferior al promedio, conocer las causas y, en su caso, establecer medidas correctoras”. También le pide otro análisis de las cuentas anuales de cada residencia para “identificar elementos que puedan señalar riesgos para la atención de calidad”. Al Ejecutivo vasco, la Cámara vizcaína le reclama una reflexión sobre “el tiempo de cuidado” de cada residente en el País Vasco.
Los grupos proponentes han aplaudido este doble acuerdo que ha concitado la unanimidad de la Cámara vizcaína y que supone “profundizar” en el nuevo modelo de cuidados que la Diputación quiere implantar en Bizkaia. “Es un paso en la buena dirección” que permitirá “controlar el dinero público y el tiempo de cuidado para ofrecer un cuidado de calidad”, ha señalado Arantza Urkaregi, de EH Bildu. El objetivo del acuerdo es “lograr un mejor servicio en la asistencia de las personas mayores”, en un ambiente laboral “con condiciones dignas y libre de especulaciones financieras”, ha añadido el portavoz socialista Juan Otermin. La jeltzale Ana Esther Furundarena ha puesto el énfasis también en “garantizar el cuidado de las personas residentes”, así como en el trabajo de control que realizan los servicios forales de Inspección. Héctor Fernández, de Elkarrekin Bizkaia, tras recordar que el acuerdo llega en plena huelga de residencias, ha dicho que es un acuerdo “de mínimos” para mejorar el sistema asistencial, pero que sirve para “seguir trabajando en algo que nos preocupa tanto”. La popular Esther Martínez ha enfatizado que mejorar la calidad asistencial es un tema “fundamental” de las Administraciones, por lo que “nos debemos preguntar si estamos invirtiendo el necesario dinero público”.
CUENTA GENERAL DE 2019
Por otro lado, el pleno ha dado luz verde al Proyecto de Norma Foral que ampara la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019. Tras recibir las explicaciones en comisión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, las cuentas de este año prepandemia, han sido aprobadas hoy con los votos a favor de los grupos junteros Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos. EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han votado en contra, y el grupo Mixto-PP Bizkaia se ha abstenido.
El visto bueno del pleno llega después de que la comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara foral escuchara, el 24 de enero, las conclusiones emitidas por el Tribunal Vasco sobre dichas cuentas. Su presidenta Ana Elguera y su vicepresidente José Ángel Quintanilla, destacaron en aquella sesión que la Diputación Foral de Bizkaia había cumplido de modo “razonable” con la legalidad en el ejercicio analizado, y que las cuentas se consideraban “limpias” por lo que no proponían “ajustes contables al remanente de tesorería, ni a los fondos propios.” El informe detallaba que, excepto por “cuatro incumplimientos”, Bizkaia había cumplido “razonablemente la legalidad que regula su actividad económico-financiera”, según ha recordado también hoy el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga.
La oposición, sin embargo, ha afeado a la Diputación que no haya eliminado “todos” los incumplimientos de legalidad. “Algunos” se repiten, como los que incumplen principios de publicidad y concurrencia, o los que tienen que ver con la extensión de contratos ya finalizados, según han advertido desde las filas de Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu. Iruarrizaga ha respondido que las “incidencias” son cada ejercicio “menores”, y las detectadas, “de escasa relevancia”.
En lo que no ha habido suficiente apoyo en la Cámara es para seguir la tramitación de una Proposición de Norma de Elkarrekin Bizkaia que pretendía reducir el importe que conlleva la inclusión en la lista de deudores tributarios hasta situarlo en los 600.000 euros. La actual normativa obliga a Hacienda a publicar en un listado público desde el año 2016 a morosos que sobrepasan el millón de euros en deudas con el fisco vizcaíno. Para ello, la formación morada ha planteado modificar el artículo 94 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, con el apoyo de EH Bildu y del grupo Mixto-PP Bizkaia, pero con la negativa de los dos grupos que apoyan al Gobierno foral.
Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos no han rechazado de plano dicha rebaja, si bien han pedido esperar a que la Diputación plantee una modificación en base a las nuevas medidas contra el fraude fiscal que “está elaborando” el departamento de Hacienda. EH Bildu ha pedido que se incluya en esta modificación normativa un límite similar al de Navarra, comunidad que incluye en este listado a contribuyentes con deudas por encima de los 120.000 euros, un límite que fue acordado en el parlamento navarro “por todos los grupos, excepto el PP”, ha recordado la coalición abertzale.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Nacida también de otra Interpelación a la Diputación en el último pleno de control, EH Bildu ha planteado en una Moción diversas iniciativas para promover la producción y el consumo responsable de productos locales y para potenciar los circuitos cortos de comercialización. Lo que era en un principio un decálogo, se ha convertido en una enmienda transaccional acordada con Elkarrekin Bizkaia con 12 propuestas, que finalmente han sido desestimadas por la Cámara debido al rechazo de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos.
Los proponentes han defendido un texto que incorporaba iniciativas, por ejemplo, para apoyar económicamente a Euskal Herria Esnea y al proyecto cárnico Belardi, o a explotaciones que apuesten por la “agricultura agroecológica, familiar y diversificada”. En las demandas a la Diputación se incluían también la introducción del producto local en los comedores escolares, la revitalización del Fondo de Tierras, el asesoramiento y la formación, una red de puntos de distribución de grupos de consumo dotada de locales, equipamientos y personal, un sistema público de procesamiento y distribución de alimentos agrícolas locales y de temporada, o ayudas directas a baserritarras “para que no tengan que trabajar más de 40 horas semanales”. Como aportación, el grupo morado ha introducido dos medidas, una que hacía referencia al establecimiento de un “precio justo” por encima de los costes de producción, y otra para encontrar un apoyo “equitativo” en los proyectos que nazcan de la agroecología.
Los grupos que apoyan al Gobierno foral han recordado el apoyo que desde las instituciones se está llevando a cabo al sector primario. Ahí están las medidas de choque que contempla el plan Bizkaia Aurrera o los “más de 1.000 millones de euros” incluidos en el PERTE agroalimentario del Gobierno central. Jeltzales y socialistas han repasado, una a una, la docena de demandas planteadas, criticándolas bien porque la Diputación “no es competente”, porque “ya se está haciendo”, o porque, lo que se plantea, “se está abordando desde una perspectiva muy local”. “Confunden las competencias de cada Administración”, ha sentenciado el jeltzale Gorka Beitia.
