BIZKAIA DEFIENDE QUE LAS MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDA SE CONSENSÚEN EN EL ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA

Bilbao

• El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, comparece en las Juntas Generales de Bizkaia por la fiscalidad para el alquiler de vivienda y por el informe fiscalizador de la Cuenta General de Bizkaia de 2019, a iniciativa de EH Bildu.

(Bilbao, a 28 de enero de 2022). La Diputación está analizando ya cómo encajar el Plan Director de Vivienda 2021-2023, presentado en diciembre por el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, en la fiscalidad de Bizkaia. Según el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, que ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu, el Gobierno foral comparte los “objetivos generales” del mismo en materia de alquiler de vivienda y rehabilitación. Para él, son medidas “continuistas” en referencia a lo que la Hacienda vizcaína lleva haciendo en materia de fiscalidad “durante más de 36 años”, pero al mismo tiempo tienen un encaje complejo “técnicamente” en la normativa fiscal actual. Por ello, ha defendido que antes de que se traslade a un proyecto de norma, las medidas deben consensuarse en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

La Diputación está “analizando” las medidas que se plantean y “profundizando” en los efectos que tendrán su aplicación, por ejemplo, en el IRPF, ya que el plan director del Gobierno vasco plantea topes máximos de renta para el alquiler y ayudas al arrendador. Cualquier medida que se plantee tiene que tener encaje “en la visión global” de este impuesto, ha advertido. “Si bien se han realizado varias aproximaciones y análisis del planeamiento y las propuestas de fiscalidad presentadas” por el departamento de Vivienda ya en 2019 y que se recogen en el Plan Director, la reflexión y el debate “siguen abiertos” en el órgano de Coordinación Tributaria “a la espera de que las diferentes olas de la pandemia remitan” y permitan “normalizar agendas” y “acabar, concretar el análisis y obtener conclusiones”.

Iruarrizaga ha confirmado que Bizkaia inició el trabajo de análisis en octubre de 2019, pocos meses después de presentarse las medidas, y que durante los años siguientes se ha continuado “profundizando” en el mismo, aunque la pandemia “alteró todas las agendas”, centrándose durante este tiempo los esfuerzos de su área en plantear y aprobar 14 decretos normativos para mitigar los efectos del covid-19 y reactivar la economía. Además, la inclusión de medidas en el plan que afectan a la fiscalidad local ha hecho necesario que se incorpore al “complejo” debate, el punto de vista de los municipios.

Todos los grupos junteros han coincidido en que son “necesarias” incorporar medidas para fomentar el alquiler de vivienda “digna a un precio razonable”, algo que se ha venido haciendo históricamente, pero que necesita “urgentemente” una revisión, según EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, ya que las normas actuales “amparan “ más la adquisición de vivienda que el alquiler. Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha pedido que esto “no se convierta en un debate interminable” y que se plantee una reforma “antes de acabar la legislatura”.

El plan insiste en la necesidad de analizar la fiscalidad en base a la propuesta realizada en 2019 por el Gobierno Vasco a las diputaciones forales, competentes en la materia, en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria para fomentar el alquiler de viviendas que contengan los precios del alquiler. El Departamento de Hacienda y Finanzas de Bizkaia ha elaborado al menos dos informes sobre las políticas fiscales en materia de vivienda. Uno, a petición del Observatorio de Vivienda del Departamento de Planificación Territorial y Vivienda, sobre el impacto de la política fiscal en materia de vivienda en el ejercicio 2018, y otro, sobre el tratamiento fiscal de la compra de vivienda, teniendo en cuenta diferentes circunstancias, enviado al Órgano de Coordinación Tributaria para su análisis y valoración.

CUENTA GENERAL DE 2019

Por otro lado, tras la visita el pasado lunes de los responsables del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) para explicar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia de 2019, hoy le ha tocado el turno al diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, acudir a las Juntas Generales para explicar este informe a petición de EH Bildu. La coalición abertzale ha preguntado al responsable foral por las medidas que va a tomar la Diputación para corregir las salvedades que recoge el análisis del órgano fiscalizador.

El diputado ha recordado las palabras del vicepresidente del tribunal, José Ángel Quintanilla, cuando aseguró que las cuentas de 2019 son “limpias” y que “no se proponen ajustes contables al remanente de tesorería, ni a los fondos propios.” El informe detalla que, excepto por “4 incumplimientos”, Bizkaia ha cumplido “razonablemente” la legalidad que regula su actividad económico-financiera.

Tras explicar las principales magnitudes de la Cuenta General, - 8.265 millones en ingresos, 7.843 millones en gastos, 422 millones de ahorro, 51 millones de superávit presupuestario y 35 millones de déficit tras los ajustes contables- Iruarrizaga ha definido la Cuenta General del año previo a la pandemia como de “muy positiva, tanto por las cifras como por la gestión”, y ha destacado también la disminución en el número de deficiencias que el propio tribunal ha detectado ese año, que “no son relevantes respecto al volumen total”, ha apuntillado.

Los incumplimientos detectados, que no son salvedades de legalidad, forman parte de “criterios interpretativos diferentes”. El tribunal ofrece sus recomendaciones sobre algunas cuestiones y la Diputación “tiene otra opinión”, y la expresa a través de sus alegaciones. Así es, la institución foral tiene otro concepto del complemento específico, de la prórroga “forzosa” de los contratos en vigor, del control interno de la contratación o de la naturaleza jurídica del Instituto Tutelar de Bizkaia y de Bizkaikoa, aspectos que ha recordado Iruarrizaga y que cuestionaba el órgano fiscalizador.

Por su parte, Arantza Urkaregi (EH Bildu), ha mostrado su preocupación por “algunas deficiencias que se repiten año a año”, sobre todo en algunas entidades del sector público foral y en lo que guarda relación con cuestiones de contratación. La intervención del diputado demuestra, semanas antes de que la Cuenta sea aprobada definitivamente en un pleno, que hay cuestiones que “no se han solucionado”.