EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS TIENE UNA OPINIÓN "LIMPIA" DE LAS CUENTAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA DE 2019
Bilbao
- El vicepresidente de la entidad, José Ángel Quintanilla, ha respondido a las dudas de los grupos junteros y ha destacado que el informe considera “limpias” las cuentas de Bizkaia de ese año previo a la pandemia.
(Bilbao, a 24 de enero de 2022). El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha explicado hoy en las Juntas Generales de Bizkaia su Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019. En la comparecencia en la comisión de Hacienda y Finanzas, protagonizada por su nueva presidenta Ana Elguera y por su vicepresidente José Ángel Quintanilla, se ha destacado que la Diputación cumplió de modo “razonable” con la legalidad en el ejercicio analizado, aunque pone algunos ‘peros’, algo que entra dentro de los análisis que realiza el órgano fiscalizador.
El informe incluye el análisis de aspectos legales como el cumplimiento de la normativa vigente, aspectos contables y un análisis financiero de las cuentas de la Diputación, del IFAS y de más de una veintena de entes forales, entre sociedades mercantiles y fundaciones. EL TVCP ha dado su opinión sobre el cumplimento de legalidad y de las cuentas, incluyendo como es habitual un capítulo de “salvedades”, y de otras consideraciones “que no afectan de manera relevante” a la gestión y al control de las cuentas del Territorio.
En primer lugar, Quintanilla ha señalado que no ha comparecido ante la comisión el expresidente del tribunal y ex Diputado General de Bizkaia José Luis Bilbao, porque no ha intervenido en la fiscalización de las cuentas del territorio. El vicepresidente del tribunal ha destacado después que el informe concluye que las cuentas de 2019 son “limpias” y por ello, “no se proponen ajustes contables al remanente de tesorería, ni a los fondos propios.” El informe detalla que, excepto por “4 incumplimientos”, Bizkaia “ha cumplido razonablemente la legalidad que regula su actividad económico-financiera”.
La Diputación y el IFAS han incrementado en un 1,3%, de las retribuciones de cada puesto, el complemento específico de todo su personal para devolver la deuda por pérdida de poder adquisitivo del periodo 2012-2013, recogida en el acuerdo para el personal funcionario y el convenio para el personal laboral. En opinión del tribunal, esta asignación “altera la naturaleza del complemento específico fijada en la normativa sobre función pública”. La Diputación ha abonado “2,1 millones de euros” y el Instituto Foral “660.000 euros”, en 2019.
Una segunda salvedad es la que se refiere a Bizkaikoa, Garbiker y Biscaytik porque han contratado suministros o servicios por valor de “870.000 euros, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia”.
Otro “pero” del tribunal lo protagonizaron Basalan, el Palacio Euskalduna y la Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga, porque han superado las cantidades asignadas para un contrato, sin aprobar modificación alguna. En concreto, “por 52.000, 57.000 y 200.000 euros”, respectivamente.
Y, por último, las salvedades de legalidad terminan con un servicio adjudicado por la Diputación y otros servicios y suministros de seis entidades, que continuaron su ejecución después del vencimiento. La ejecución en 2019 ha ascendido a “110.000 euros” en la Diputación y a “1,3 millones de euros” en las sociedades públicas forales.
Salvo estas salvedades, las cuentas que integran el Territorio Histórico expresan “en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio 2019, la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo”, ha dicho Quintanilla. Es decir, el tribunal tiene una opinión “limpia” y, por ello, “no propone ajustes contables al remanente de tesorería ni a los fondos propios, ni tampoco plantea incertidumbres ni otros hechos relevantes que tuvieran que tener en cuenta para interpretar las cuentas.”
Del análisis financiero, el tribunal establece que hubo “51 millones de euros” de resultado positivo entre ingresos y gastos, y que Bizkaia ha cumplido las condiciones establecidas en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiendo remitido informe a la Administración del Estado y a su ente fiscalizador, “sin que se haya manifestado salvedad alguna”.
Respecto al control interno y procedimiento de gestión, el Informe de Fiscalización señala “21 deficiencias” en los sistemas de contratación (hubo “31” en 2018) relacionadas con los plazos, la deficiencia en el contenido del Perfil del Contratante, la materialización de algunos proyectos o la falta de documentación. Quintanilla ha dicho que su tribunal “no ha aceptado ninguna de las 52 alegaciones” que presentó la Diputación al informe.
Por su parte, Arantza Urkaregi (EH Bildu), apoderada que había solicitado la presencia de los responsables del tribunal en el Parlamento de Bizkaia, ha reconocido que el nivel de cumplimiento de legalidad es “mayor” que otros ejercicios, si bien ha mostrado su preocupación por “algunas deficiencias que se repiten año a año”, sobre todo en algunas entidades del sector público foral y en lo que guarda relación con cuestiones de contratación. Asimismo, ha citado dos cuestiones “nuevas” que no aparecían otros años, y que tienen que ver con la falta de información sobre el convenio colectivo de Interbiak y la Fundación Bizkaitik, y con el destino de los “beneficios” de entidades sin ánimo de lucro que gestionan centros de menores del IFAS.
Por el contrario, los dos grupos que sustentan al Gobierno foral han destacado el resultado positivo del informe y han agradecido las explicaciones del representante del tribunal. Según socialistas y jeltzales se pone de manifiesto que la Diputación Foral de Bizkaia “mejora día a día en la gestión y en el cumplimiento de la legalidad”. Y han destacado que son menores las salvedades, porque se tienen en cuenta las recomendaciones del tribunal.
