El pleno de Juntas Generales aprueba la Norma Foral de racionalización y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia
El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado hoy en Gernika ha aprobado el Proyecto de Norma Foral presentado por la Diputación de racionalización y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia. El proyecto que incorporó en diciembre hasta 9 enmiendas de los grupos junteros en su tramitación en comisión, tiene como finalidad la salvaguarda de la propia autonomía financiera de los municipios de Bizkaia que rendirán cuentas ante la Diputación Foral de Bizkaia y no ante el Gobierno del Estado y el hecho de que las Mancomunidades sigan prestando los mismos servicios como hasta ahora.
El proyecto normativo final no sufre modificaciones respecto al dictamen emanado de la Comisión Institucional ya que las 8 enmiendas reservadas para el pleno –3 del PP y 5 de EH Bildu- han sido rechazadas por los grupos junteros del PNV y del PP, formaciones que han dado su apoyo artículo por artículo al proyecto normativo junto con EH Bildu, excepto en el artículo 1 y en el Preámbulo en los que los populares se han abstenido. En la explicación de voto, el grupo juntero Socialistas Vascos ha explicado su abstención a la Norma Foral por tener su origen en la Ley Orgánica 2/2012 que “desvirtúa”, según Alexia Castelo, la autonomía municipal.
Para el diputado de Presidencia, Unai Rementeria, la Norma Foral aprobada impulsa la “foralización” de todos aquellos aspectos limitativos de la autonomía municipal que presenta la Ley Estatal. La norma garantiza que los Ayuntamientos y las Entidades Locales sigan prestando los “mismos” servicios públicos que desarrollaban hasta ahora con la financiación propia de Bizkaia.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA PEDIR EL ASILO DE HASSANNA AALIA
Previamente, en una Declaración Pública leída por la Presidenta de la Cámara, Ana Madariaga, las Juntas Generales ha solicitado al Gobierno central que "reconsidere" la petición de asilo político del activista saharaui Hassanna Aalia ya que, "si vuelve a su país, será castigado duramente por las autoridades ocupantes marroquíes y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida".
De este modo, las Juntas vizcaínas muestran su adhesión a la Declaración aprobada por unanimidad por el intergrupo parlamentario Paz y libertad en el Sahara Occidental del Parlamento Vasco. En esta línea, reiteran su "preocupación por la vulneración de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos" y exigen "el final de esta situación de represión y la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis".
En este contexto, la Cámara insta al Ministerio del Interior a "reconsiderar" la petición de asilo político de Hassanna Aalia y aceptar su solicitud de protección internacional en función de lo establecido en la Ley 12/2009.
De este modo, advierte de que, "si vuelve a su país, será castigado duramente por las autoridades ocupantes marroquíes y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida", porque "es una persona activa políticamente, de reconocimiento internacional que lucha pacíficamente por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".
NOMBRES, ESCUDOS Y BANDERAS DE BIZKAIA
Por otro lado, el pleno ha desestimado la modificación de la Norma Foral 9/2012, de 5 diciembre, que planteaba el grupo juntero Popular Vizcaíno (PP) para la protección de los distintivos (nombre, escudo o banderas) que hayan tenido con anterioridad carácter oficial o usados como tales. El planteamiento de los populares, que según su representante Arturo Aldecoa, pretendía evitar el uso “sin autorización” por terceros de estos emblemas, ha sido desestimado por el rechazo del resto de grupos del Parlamento de Bizkaia. El pleno ha apoyado el dictamen salido de la comisión que rechazaba el cambio normativo con el único voto contrario de los 8 representantes populares.
A continuación, por el procedimiento de lectura única, la Diputación ha presentado para su ratificación el Decreto Foral Normativo 4/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que adapta el tratamiento de la deuda pública vasca en este tributo a la regulación europea. La modificación, aprobada con el apoyo de todos los grupos junteros, intentaba evitar que la Comisión Europea interpusiera un recurso de incumplimiento ante los tribunales europeos por lo que considera una restricción a la libertad de movimiento de capitales.
CESE DE ARRUEBARRENA
En la Casa de Juntas de Gernika, el pleno ha acordado, a través de una proposición no de norma presentada por el PP, pedir la destitución de Eneko Arruebarrena como Director Gerente de Metro Bilbao por su gestión en el proyecto Pinosolo cuando era alcalde de Leioa. La iniciativa apoyada por el grupo proponente, EH Bildu y PSE-EE, solicita a la Diputación que, como miembro de la sociedad Metro Bilbao, “promueva el cese inmediato” de Arruebarrena.
En su intervención, el portavoz popular, Jesús Isasi, ha recordado las conclusiones de la comisión municipal creada por la oposición de Leioa para estudiar posibles irregularidades en el proyecto de Pinosolo. Según el apoderado popular, esta comisión ha demostrado las “decisiones equivocadas” de Arruebarrena cuando era regidor del municipio de la margen derecha.
Por su parte, Joaquín Colmenero (PSE-EE) ha pedido al Gobierno foral que cumpla el código ético del Gobierno Vasco y asuma las responsabilidades políticas en este caso, ya que la comisión municipal ha visto ya “indicios” de que se ha producido una adjudicación “teledirigida” en favor de dos empresas (Aros y Viuda de Sanz).
Aitor Torre (EH Bildu) ha definido la gestión del gerente de Metro Bilbao en Leioa de “temeraria” y “ruinosa” para el municipio, y ha criticado que el PNV practique las “puertas giratorias” y “premie” a determinados altos cargos jeltzales. Considera el caso Pinosolo como un “amaño de libro”.
Para el PNV, los tres grupos de la oposición “han puesto en marcha el ventilador”. No quieren hacer justicia, sino que se han puesto de acuerdo para plantear un “linchamiento público”, basado en las conclusiones de una comisión municipal “parcial”, según el jeltzale Jon Larrea, quien ha dejado claro en varias ocasiones que su formación está en contra de la corrupción y a favor de la “presunción de inocencia y de las garantías procesales”.
El apoderado nacionalista ha afeado al PP y al PSE-EE por incumplir una proposición no de norma aprobada recientemente en la Cámara vizcaína que establecía un procedimiento a seguir ante posibles casos de corrupción, en la que se instaba a apartar a un alto cargo cuando se “incoe acto de apertura de juicio oral”, premisa que no se cumple en el caso de Arruebarrena al no estar imputado.
A juicio de Larrea, la decisión de la oposición es una “burla” a la justicia “porque no se espera a que resuelvan los jueces”. Es una burla también a la separación de poderes porque son “ustedes los que investigan, juzgan, sentencian y quieren ejecutar la condena”, ha dicho. Ha añadido también que esta proposición no de norma es una burla a la Cámara porque “pisotean” el acuerdo alcanzado en las Juntas Generales.
CONTROL EN LAS OBRAS FORALES Y REDUCCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
Por su parte, a través de la figura de la proposición no de norma, EH Bildu buscaba mayor control laboral de la Diputación en las obras forales y una reducción de las deducciones en el Impuesto de Sociedades . Ambas iniciativas ha sido desestimadas por la Cámara, al contar solo con el apoyo del PSE-EE en la primera y quedarse sin apoyos parlamentarios en la referida a la modificación del Impuesto de Sociedades.
En la primera iniciativa, EH Bildu buscaba que la Diputación instalase un control de horarios de entrada y salida de trabajadores en las obras forales y permitiese a los representantes sindicales la entrada en estos tajos para buscar un mayor control de los mismos, ya que según este grupo en “algunas obras” se han precarizado las condiciones laborales “acercándose a la esclavitud”. La apoderada socialista Alexia Castelo ha apuntado que estas situaciones de “semiesclavitud” se han dado o dan en las obras de San Mames Barria y en los trabajos de los ejes viarios de Autzagane, Gerediaga o Bermeo. La socialista ha denunciado que “fallan los controles” y que las obras se ejecutan a través de una “amalgama” de contratas y subcontratas.
PNV y PP han justificado su rechazo en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado “nula” la parte de una normativa en Gipuzkoa que permitía el acceso de los representantes sindicales a las obras, algo que se planteaba en la iniciativa presentada por la coalición abertzale.
En relación a los controles en la obra pública, la diputada del área de Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi ha afirmado después en respuesta a una pregunta oral del PP, que la Diputación aplica las instrucciones técnicas aprobadas por el Consejo de Gobierno. “Los controles han funcionado y se hace cumplir escrupulosamente la ley”, ha dicho. Para demostrarlo, Garamendi se ha referido a la irregularidad detectada en la obra de la Amorebieta-Mujica, en donde se aplicó la instrucción obligando a la UTE Autzagane a regularizar la relación con un subcontratista, al que finalmente expulsó de la obra por no cumplir las condiciones laborales.
En otra pregunta y respondiendo en este caso a EH Bildu, la diputada ha negado que existan “irregularidades” y “sobrecoste” en las obras de la Gerediaga-Elorrio, sino todo lo contrario. “Se ha rebajado el coste de ejecución de la obra” de una carretera por la que circularán “12.000 vehículos diarios, muchos de ellos camiones”. Unas obras que han permitido crear “500 empleos” en su fase de construcción.
Para el representante de EH Bildu, Aitor Torre, la disminución de un “4,4%” del tráfico rodado según los últimos datos, elevará el coste del peaje en sombra previsto para esta carretera. Según sus cálculos, los vizcaínos “pagaremos 10 euros” por vehículo, por recorrer “apenas 6,4 kilómetros”.
SEGREGACIÓN DE USANSOLO
A través de una moción, la coalición abertzale pretendía que el Parlamento de Bizkaia instase a la Diputación Foral a modificar o derogar la Norma Foral 9/2012 de Demarcaciones Territoriales, expresamente promulgada, según EH Bildu, para “paralizar el proyecto de segregación de Usansolo”. Finalmente, la Cámara vizcaína ha aprobado la moción con la incorporación de tres enmiendas del PNV al texto inicial para “corregir” el documento y eliminar esta alusión, y así adecuarla a la normativa vigente y “en línea de lo solicitado por el Ayuntamiento de Galdakao en Pleno en relación al plan de segregación”.
Según los jeltzales, tiene que ser la Diputación la que plantee una modificación de la Norma Foral en las Juntas Generales. Jon Andoni Atutxa ha corregido a EH Bildu en que el Ejecutivo no tiene capacidad legal para derogar una Norma Foral, ya que esta potestad recae únicamente en el Parlamento de Bizkaia, algo con lo que se han mostrado de acuerdo tanto PSE-EE como PP. Este último partido se ha abstenido y EH Bildu ha aceptado el cambio propuesto por los jelzales animando al pueblo de Usansolo a seguir con el proceso.
CONTROL DE LA RGI
La última parte de la sesión estaba reservada, como es habitual, para las respuestas de la Diputación a diferentes cuestiones planteadas por los grupos junteros. Los populares han interpelado al Ejecutivo dirigido por José Luis Bilbao por el mantenimiento de los servicios sociales y, especialmente, por la “falta de control” en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), según ha manifestado la apoderada del PP Esther Martínez.
La representante popular ha defendido la creación de un sistema sostenible, ya que la RGI debiera ser “un trampolín para buscar empleo” y, sin embargo, hay una “cronificación” de las personas que reciben la ayuda. Se ha postulado por una reforma del sistema para que esta ayuda no se convierta en una renta “vitalicia”, al tiempo que criticaba la labor del consejero Juan María Aburto por su “manifiesta incompetencia” y la “inexistencia de una política de empleabilidad”.
La diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha defendido la labor del exdiputado vizcaíno al “haber hecho tanto y en tan poco tiempo por la consolidación de los servicios sociales y el fomento del empleo”. Antes, ha recordado que la gestión de Aburto en el Gobierno Vasco ha permitido “mejorar la coordinación y la tramitación administrativas de estas ayudas”. La diputada ha acusado al PP de interpretar los datos con “un sesgo claramente xenófobo”, algo que ha rechazado Martínez advirtiendo de que se trata de "un insulto" al PP y a los ciudadanos que están participando en la recogida de firmas para modificar la RGI.
Según la responsable foral, la consejería de Aburto ha logrado que la tramitación de la RGI se ajuste a la legalidad, eliminando el “atasco” producido con el anterior Gobierno socialista en Gasteiz. Según ella, el Ejecutivo autonómico actual ha logrado la mejora del control y de la lucha contra el fraude, creando una unidad específica de control interno, con las que se están recuperando “cobros indebidos”.
El diputado general, José Luis Bilbao, ha solicitado turno de intervención para denunciar la estrategia del PP, nacida en verano desde el ayuntamiento de Gasteiz, de traer este asunto al Parlamento de Bizkaia. El debate sobre la gestión del consejero “Aburto, la RGI, Lanbide o las políticas activas de empleo están fuera de lugar” . Ha criticado, asimismo, que los populares “inviertan la carga de la prueba” al pedir al Gobierno Vasco que demuestre el “runrún que –según el PP- se oye en la calle”. “Ése es su concepto de la democracia”, ha denunciado.
NOTIFICACIONES “TOTALES” DE LAS PRESTACIONES
A solicitud del PP, que denunciaba en otra interpelación el hecho de que la Diputación no había podido entregar “8.311 notificaciones de extinción” a los perceptores de ayudas especiales para la inclusión social entre los años 2011 y 2014, la diputada de Acción Social ha aclarado que este montante se refiere a las notificaciones realizadas por la Diputación en “todas” sus prestaciones, no sólo en las que reciben los jóvenes en dificultades durante un máximo de 30 meses.
La diputada ha señalado que, a cierre de 2014, existían “281 perceptores de estas ayudas” y que la cifra correcta se sitúa en las “1.627 personas”, perceptores que durante estos años fueron dados de baja por agotarse el límite temporal para recibir las ayudas en su gran mayoría.
IMPUESTO DE PATRIMONIO
En respuesta a una Interpelación de EH Bildu, el diputado de Hacienda y Finanzas, Juan María Iruarrizaga, ha declarado que el impuesto de Patrimonio responde a los principios de “justicia, progresividad y efectividad” y que la Hacienda de Bizkaia espera “cumplir las previsiones” de ingresos por este tributo en el año 2014. La portavoz de EH Bildu ha cifrado esta recaudación hasta noviembre, recogiendo datos de la propia Hacienda en los “68,7 millones de euros, frente a los 95 millones que estaban previstos”.
En su intervención, Iruarrizaga ha dado algunos datos sobre las incidencias detectadas en este impuesto en el año 2013. La Hacienda de Bizkaia tiene registrados, según él, “350 requerimientos” sobre contribuyentes que no declararon cuando tenían obligación de hacerlo. Asimismo, el responsable de la Hacienda foral ha manifestado que han detectado a “555 contribuyentes” que no han declarado los valores bursátiles a través de sociedades y otros “2.200” que no han revelado correctamente los inmuebles en propiedad y el valor de los mismos.
El diputado ha dejado claro que las cuotas derivadas de estas infracciones serán ingresadas con sus correspondientes “intereses y sanciones”, si los hubiera, indicando que la evolución de los ingresos por este tributo contará con un “crecimiento mayor” al de Gipuzkoa.
SUELDOS Y ALTOS CARGOS DEL IFAS
El resto de cuestiones planteadas eran iniciativas de EH Bildu que quería saber la política de retribución de la Diputación, o la postura foral en torno a la designación “a dedo” de directivos en el IFAS, entre otras cosas.
El diputado general, José Luis Bilbao, ha recordado a EH Bildu que su sueldo “no es el más alto de Hego Euskal Herria” como indicaba la portavoz de este grupo, y que su censantía será de una mensualidad. Existen “14 personas en la Diputación que ganan más que yo”. Le ha recordado que su salario, y el de diputados, portavoces o miembros de la Mesa, está regulado y aparece en los presupuestos. Ha recriminado a Soto que “señale con el dedo y falten al respeto cuando se aprueban cosas que no les gusta”. “Puedo decirle que podemos llevar la cabeza bien alta, sin haber extorsionado a nadie y sin haber aplaudido a asesinos”.
En relación a los cargos del IFAS, la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha indicado que estos cargos serán ocupados “progresivamente” por personal propio de este organismo en base a unos acuerdos adoptados en la mesa de contratación con los sindicatos, cuando en Gipuzkoa estas plazas se siguen cubriendo con personal de libre designación.
La portavoz de EH Bildu, Irune Soto, ha denunciado que las bases de los concursos se realizan “a medida” para personas afines al PNV. “Actúan como si el IFAS sea un txoko”, ha señalado.
POLÍTICAS Y SERVICIOS SOCIALES
En el terreno de las políticas sociales, la coalición abertzale buscaba respuestas de la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, sobre la “tasa de cobertura” de los distintos servicios sociales y por lo que consideran “un recorte” en la calidad de estos servicios.
La diputada se ha apoyado en datos para defender la calidad de los servicios sociales de la Diputación. Ardanza ha señalado que en 2014 se produjeron “solo 19 quejas y 11 denuncias”.
En cuanto a la tasa de cobertura, y tras enumerar uno a uno el índice de cada servicio, ha señalado que espera que Bizkaia cumpla con los requisitos del mapa de servicios sociales, donde se establecen los criterios poblacionales más idóneos para la implantación de los diferentes servicios. Ardanza ha señalado, de todas formas, que la creación de un mayor número de plazas no tiene por qué ser la mejor solución en todos los casos. Ha puesto como ejemplo el acogimiento familiar para niños y niñas en familias vizcaínas, una estrategia que considera “mejor” que la creación de plazas en centros de menores.
