EL PROYECTO DE NORMA FORAL PARA IMPLANTAR BATUZ E INCORPORAR MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN, PASA EL TRÁMITE DE ENMIENDAS EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Bilbao

• La Comisión de Hacienda y Finanzas deja listo para el pleno el dictamen de los incentivos fiscales por la aplicación voluntaria del sistema BATUZ, y otras medidas para el impulso de la reactivación económica, que ponen el foco en la “silver economy”, la atracción del talento, el emprendimiento y el empleo de calidad.

• La norma foral armonizada del impuesto municipal de plusvalía podrá estar lista “en el segundo semestre del año próximo”, anuncia Iruarrizaga.

(Bilbao, a 22 de noviembre de 2021). La Comisión de Hacienda y Finanzas del Parlamento de Bizkaia ha dado luz verde a que, en un próximo pleno, se apruebe definitivamente el Proyecto de Norma Foral con el que la Diputación foral quiere sacar adelante nuevas medidas de impulso a la reactivación económica, así como deducciones por la aplicación voluntaria del sistema BATUZ, además de otras medidas de carácter técnico. Los 21 artículos han pasado el filtro esta mañana de la comisión gracias al apoyo de los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, no así de los grupos junteros de la oposición que han presentado 52 enmiendas al texto normativo.

El proyecto de norma se estructura a través de tres títulos. En el segundo, el proyecto de norma establece un incentivo fiscal para aquellas empresas y profesionales que implanten BATUZ desde el 1 de enero de 2022. Debido a la complejidad del sistema, Hacienda apuesta finalmente por establecer un periodo de adhesión voluntaria que estará vigente para los dos próximos ejercicios. Para incentivar la implantación voluntaria, los contribuyentes podrán reducir su base imponible de IRPF o Impuesto sobre Sociedades; compensación que será mayor cuanto antes se implante. Quienes lo hagan antes del primer trimestre reducirán un 15% su base imponible de los ejercicios 2022 y 2023. Eso sí, la obligación de BATUZ será efectiva a partir del año 2024 para todas las personas de Bizkaia, físicas o jurídicas, que desarrollan actividades económicas.

De todas formas, el proyecto de norma foral presentado incluye otras medidas fiscales para la recuperación de la economía. Así, se incentivan a las empresas que crean empleo de calidad , especialmente si contratan a personas de colectivos de difícil integración en el mercado laboral. Así mismo, se incentiva la profesionalización de las personas trabajadoras en sectores estratégicos para Bizkaia como la economía plateada y la economía de los cuidados.

El proyecto de norma foral propone un paquete de medidas de fomento del emprendimiento, el talento y el empleo de calidad. Se profundiza en el cuidado de mayores, en la denominada “silver economy”, y en el refuerzo de incentivos para las personas emprendedoras que creen nueva actividad económica. Habrá también una fiscalidad para atraer la llegada de personal extranjero cualificado.

52 ENMIENDAS DE LOS GRUPOS JUNTEROS

El enunciado del proyecto de norma foral ha empujado al Grupo Mixto-PP Bizkaia a registrar 13 enmiendas. Dicho grupo juntero ha pedido medidas fiscales “más generalistas” que beneficien a un mayor número de contribuyentes, ya que se excluye a un gran volumen de personas emprendedoras. Este grupo ha planteado también aumentar el porcentaje de las compensaciones y exenciones para contribuyentes mayores de 60 años.

Elkarrekin Bizkaia, que acudía también con otras 13 enmiendas, considera que las medidas, exenciones o deducciones suponen introducir, en algunos casos, un “sesgo clasista y regresivo” que sirve para “socializar las pérdidas” de grandes contribuyentes. Incluso se produce una “duplicidad” de deducciones en IRPF y en el Impuesto de Patrimonio. En cuanto a BATUZ, el grupo morado se ha mostrado en contra de establecer bonificaciones “de carácter general”, ya que se tendría que haber puesto el foco en aquellas empresas pequeñas que están pasando por dificultades económicas debido a la crisis económica generada por la pandemia.

Por su parte, EH Bildu ha defendido 26 cambios en el proyecto de norma. La coalición abertzale ha planteado la eliminación de artículos en los que se incluían también deducciones por diferentes motivos, echando en falta también una definición de las actividades que engloba la “silver economy”, ya que muchas de los incentivos propuestos tienen como destino impulsar actividad económica en el ámbito del cuidado de las personas mayores. Han pedido, sin éxito, la implantación, como en Navarra, de la creación de un grupo de expertos “independientes” que evalúen la eficacia de las deducciones que se plantean.

Sin embargo, los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral sólo han admitido una enmienda para incluir un lenguaje más inclusivo en la norma y otras correcciones de carácter técnico que mejoraban la redacción del texto.

PLUSVALÍA MUNICIPAL

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha comparecido, a petición del grupo Mixto-PP y de Elkarrekin Bizkaia, para informar de las posibles consecuencias que tendrá en la normativa foral la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó en octubre artículos de la legislación estatal en materia de plusvalía municipal.

Así, Iruarrizaga ha informado de que la Diputación ha aprobado el Decreto Foral Normativo 7/2021, de 16 de noviembre, por el que se adapta la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al reciente pronunciamiento, y ha justificado esta vía de urgencia “por seguridad jurídica”. Se quiere evitar así un posible “vacío” legal que hubiera durado “entre 3 o 4 meses” de elegir la figura de la norma foral, como le han exigido desde la oposición para posibilitar el debate.

El tribunal obliga a que no se someta a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. En Bizkaia se aprovecha esta reforma de adecuación a la capacidad económica, para incrementar en 5 puntos (del 10 al 15%) el tipo máximo vigente a exigir por los Ayuntamientos para determinar la cuota del tributo, igualando de esta manera dicho tipo máximo al vigente en Gipuzkoa, mientras que en territorio alavés el tipo máximo que cada municipio pueda llegar es al 30 por ciento. La oposición ha pedido que se aclare el motivo de esta diferencia.

Con datos del Eustat de 2019, los 82 municipios vizcaínos que incluyeron este impuesto en su política de ingresos (entre el 0 y el 10%) recaudaron “16,8 millones de euros”, que supusieron el “3,31%” de la recaudación propia de estos ayuntamientos, ha apuntado Iruarrizaga.

Una vez salvaguardada la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de los Ayuntamientos que liquidan el impuesto, la Diputación ha aclarado que en el Órgano de Coordinación Tributaria se ha establecido un grupo de trabajo de carácter técnico, donde estarán representados los tres niveles institucionales, cuyo objetivo será elaborar una propuesta de reforma armonizada del impuesto, que podrá estar lista “en el segundo semestre del año próximo”, ha anunciado Iruarrizaga.

OTROS ASUNTOS

La comisión de Hacienda y Finanzas ha aprobado por unanimidad la comparecencia del representante del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para dar cuenta del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019.

Por otro lado, el “colapso” informático del 25 de octubre en Hacienda y Finanzas que obligó a ampliar el plazo de presentación hasta el día 29 de octubre, para posibilitar que todos los contribuyentes pudieran cumplir sus obligaciones, fueron “ajenos” al departamento de Hacienda, según ha respondido Iruarrizaga a una pregunta oral del grupo Mixto-PP. A juicio de este grupo, este hecho “no es un fallo puntual” y se suma a otras incidencias que están “generando dolores de cabeza a los contribuyentes”. Por eso ha pedido “medidas” para evitar el “caos”.

“Nada de caos o colapso”. Esta “desestabilización” informática se ha producido de manera “puntual”. “Quiere meter en una olla todo y darle al chaparral ”, ha dicho Iruarrizaga afeando la actitud de la portavoz del grupo Mixto-PP, Amaya Fernández.