LA RED CONCERTADA FORAL OFRECE INICIALMENTE 668 PLAZAS RESIDENCIALES EN 38 UNIDADES CONVIVENCIALES DE 24 CENTROS DE MAYORES

Bilbao

• El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, explica en las Juntas Generales de Bizkaia que su departamento invertirá 113 millones de euros en los dos próximos ejercicios para que el “35%” de las plazas de mayores a finales de 2023 se ubique en unidades pequeñas.

• 2021 concluirá con un aumento de las inspecciones del “20%” respecto a años pre-covid, al contabilizar en los nueve primeros meses del año “casi tantas” como en 2018 o 2019.

(Bilbao, a 14 de octubre de 2021). La Diputación foral de Bizkaia ha dado los primeros pasos para que 2022 se convierta en el año de inicio e implantación de las nuevas unidades convivenciales de centros residenciales de Bizkaia, que se incluyen en el nuevo modelo de cuidado de larga duración de las personas mayores. El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha explicado hoy en una comisión de las Juntas Generales de Bizkaia, a petición de Elkarrekin Bizkaia, que las primeras unidades comenzarán a operar a partir de marzo.

La Diputación ha previsto para el próximo ejercicio ofertar un total de “500 plazas, de un total de 3.100” que se concertarán, y la respuesta dada por el conjunto de la red foral concertada ha sido “positiva”. La Diputación tendrá que elegir entre las “668” plazas dispuestas en “24” centros, que se han presentado para un total de “38” unidades convivenciales, lo que ofrece una media de “18” plazas por unidad. Murillo ha adelantado que para 2022 se espera también contar con más plazas en “6” centros municipales y en “1” residencia del IFAS.

La nueva estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia tiene como “aspiración” que, en 2023, el “35%” de las personas mayores en residencias conviva en grupos de 25 personas como máximo en un entorno lo más hogareño posible. Para ello, en los dos próximos años se esperan invertir “113” millones de euros, ya que, entre otras cosas, el departamento de Acción Social ha calculado que el nuevo modelo provoque un alza del precio del coste por plaza de un “5%” respecto a las plazas ordinarias. Murillo espera que en el año 2023 se lleguen a concertar otras “1.200” plazas de este tipo.

Las unidades convivenciales es una de los pilares sobre los que se apoya el nuevo modelo de atención de larga duración hacia una “personalización” que avance en la atención a la diversidad y la evolución de las necesidades, expectativas y preferencias de las personas que necesitan de apoyos para desarrollar su proyecto de vida. La idea es que el proceso se haga de forma “progresiva y voluntaria”, y se materialice a través de tres instrumentos: la concertación, los convenios municipales y la propia red foral del IFAS.

Murillo ha recordado que las unidades de convivencia ya están previstas y recogidas en la normativa actual (Decreto 126/2019 en el ámbito de la CAPV), y desde la Institución foral se está materializando ese impulso a través de la puesta en marcha de diversas herramientas jurídicas como son: el Decreto Foral que regula las unidades de convivencia y la incorporación de las unidades de convivencia a la nueva concertación de plazas residenciales.

El nuevo modelo parte de un convencimiento “empírico”. Algunos estudios señalan que las personas “quieren quedarse en su casa o acudir a lugares que sean lo más parecido a sus hogares”. Este modelo ha sido contrastado también con la ciudadanía a través de encuestas en el que se “considera necesario el impulso a la personalización”, así como con diferentes agentes externos entre los que se encuentran gestores de centros, colegios profesionales o la Comisión Permanente de Centros integrados de la red foral.

Las explicaciones del diputado no han llegado a convencer a la oposición, especialmente al representante del grupo Mixto, Eduardo Andrade, que ha señalado que la Diputación “juega al engaño”, ya que mientras habla de unidades convivenciales pequeñas, construye en Getxo un centro “para 100 mayores”. Por su parte, EH Bildu le ha vuelto a pedir que consensúen el modelo con el resto de grupos junteros. A su apoderada, Izaskun Duque no le salen las cuentas, ya que según sus cálculos la inversión por nueva plaza se situaría “entre los 7,5 y los 8 millones de euros”, y no en un incremento de 113 millones en dos años.

INSPECCIONES EN RESIDENCIAS DE MAYORES

En una comparecencia posterior a petición de EH Bildu, Murillo se ha referido a las inspecciones realizadas por personal de su departamento en los centros residenciales de mayores en lo que llevamos de año y a la situación de algunas residencias del territorio.

El diputado ha precisado que en los primeros 9 meses del año, se han realizado “152 visitas presenciales”, de ellas “69” han sido por orden, “5” por denuncias y “68” de oficio. El cómputo global suma “casi tantas” como las realizadas en años pre-covid. En 2018 fueron “157”, y en 2019 sumaron “160 inspecciones”. Ha recordado que “todas” las residencias del territorio se inspeccionan “por lo menos una vez al año sin previo aviso” y que se realizan otra serie de inspecciones, “las que haga falta”, si así lo cree conveniente el servicio de inspección.

Murillo espera acabar el año con un “20%” más de inspecciones respecto a estos años previos a la pandemia, aunque lejos de las “332” inspecciones realizadas el año pasado, un hecho que “no es comprable” debido al impacto que tuvo el coronavirus en las residencias.

Murillo se ha referido también a la situación actual de los centros de Vitalia Home de Bagatza, Abeletxe de Ermua, Atxartaga de Ortuella, Vitalitas de Santa Teresa e Iñigo de Loiola de Barakaldo como le pedía la coalición abertzale por la posible afección en la atención como consecuencia de diferentes conflictos laborales, entre otras razones.

En este sentido, Murillo ha detallado las actuaciones de inspección realizadas en el pequeño centro Iñigo de Loyola de Barakaldo desde que se ordenó la suspensión del mismo el pasado martes, 12 de octubre, por diversas “incidencias y vulneraciones”, que comenzaron a salir a la luz en una primera inspección el 14 de septiembre, y que fue hecha por no recibir respuesta a peticiones formales de información de la propia Diputación. A partir del 8 de octubre dichas inspecciones pasaron a ser diarias. El personal inspector encontró “vulneraciones sobre prescripciones médicas, sobre titulación de profesionales de enfermería o ausencia de programa de actividades”, ha concretado el diputado. La no subsanación de estas irregularidades es lo que ha empujado a cerrar el centro.

Este caso demuestra, según Murillo, que a su departamento “no le tiembla la mano para decretar el cierre de un centro”. Se realizan “más inspecciones que nunca” y esto lo valoran las propias familias que piensan, en base a las encuestas, que la Diputación “lleva un mayor control”. Murillo ha adelantado que en los próximos presupuestos se incluirá la partida necesaria para que Acción Social cuente con un inspector más en 2022.