EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBA NUEVAS MEDIDAS DE APOYO PARA PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA

Gernika

• Un año después de iniciarse la pandemia, el Parlamento de Bizkaia sigue dando el visto bueno a decretos forales de la Diputación que persiguen proteger a los contribuyentes “más castigados” y reactivar los sectores “más afectados” por la pandemia.

• El Decreto Foral Normativo 4/2021, aprobado hoy en Gernika por 32 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, incorpora cuatro medidas “coyunturales”.

• La Cámara vizcaína rechaza en una sesión ordinaria otras cuatro iniciativas de la oposición.

(Gernika, a 21 de abril de 2021). El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado hoy en Gernika, ha dado el visto bueno al Decreto Foral Normativo 4/2021 de medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la Covid-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad económica. Las aprobadas hoy amplían el listado de medidas tributarias adoptadas desde que se inició la pandemia, en marzo de 2020, dirigidas a paliar las consecuencias que la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 está teniendo sobre los contribuyentes “más castigados por la pandemia”, según ha señalado el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga.

En primer lugar, los contribuyentes cuya actividad económica haya quedado suspendida o seriamente afectada como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias podrán aplicar una deducción del 15% de los gastos e inversiones que hayan realizado en 2021 para reanudar o recuperar la actividad económica. Entre otros gastos e inversiones deducibles, se encuentran las realizadas para implementar canales alternativos de comercialización, como plataformas online, o de prestación de servicios, así como para adecuar las instalaciones para respetar la limitación de aforos.

Asimismo, los trabajadores y trabajadoras autónomas estarán exentos de abonar los pagos fraccionados de IRPF correspondientes al primer y segundo trimestres de 2021, y que deberían realizarse en los meses de abril y julio. Esta medida “favorece” su liquidez al disponer de la cantidad correspondiente hasta que lo liquiden en la primavera de 2022.

En otro artículo del decreto se establecen deducciones para aquellas personas físicas o jurídicas arrendadoras de un inmueble destinado a cualquier sector de actividad económica que hayan acordado una rebaja en el precio de alquiler. El importe de la rebaja del alquiler se considera como gasto fiscalmente deducible. El objetivo de esta medida es incentivar a los arrendadores a rebajar los alquileres.

Y, por último, se establece el prorrateo por días naturales de la cuota fija anual del Tributo sobre el Juego para los supuestos en que el alta, la baja, la suspensión, la revocación o la extinción se haya producido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021.

Los cuatro artículos que incluye este decreto han sido aprobados, en votación única, por 32 a favor (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos), 16 en contra (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia) y 2 abstenciones (grupo Mixto-PPB).

Después de criticar la forma elegida para tramitar la norma -el decreto por vía de urgencia- lo que es un “abuso” porque “cercena” el debate, la portavoz del grupo Mixto, Amaya Fernández, no ha cuestionado las medidas propuestas. “Pueden estar bien”, ha dicho, si bien les hubiera gustado debatir cada una de las medidas como por ejemplo la deducción fiscal del 15% para los negocios afectados por la pandemia. “¿Por qué el 15% y no otro?”, ha preguntado.

El decreto se viene a sumar al “batiburrillo” que ha ido ratificando la Cámara a petición del Gobierno foral, ha afirmado Xabier Benito de Elkarrekin Bizkaia, que ha sostenido que son medidas fiscales “de pequeño impacto” y “tacañas” que tienen por objeto reducir el gasto, cuando ahora lo que se espera es que el gasto público sea considerado una inversión.

Por el contrario, el socialista Jesús Ortiz ha defendido el sí de su grupo al decreto porque incluye medidas que “van a ayudar a las personas y a las empresas que peor lo están pasando” en esta crisis. Además de “proteger a los contribuyentes más castigados”, Oscar Arana (PNV) ha destacado que las medidas contribuirán también “a impulsar la reactivación económica y reactivar los sectores afectados.”

Desde EH Bildu, Arantza Urkaregi ha lamentado que no se puedan incluir enmiendas ni alegaciones ciudadanas debido al carácter de urgencia del decreto. Es la octava vez que esto sucede desde que se inició la pandemia y, por eso, han solicitado, al igual que el resto de grupos de la oposición, su tramitación como proyecto de norma foral, cuestión que ha sido rechazada por PNV y PSE-EE. Su grupo no está de acuerdo, por ejemplo, en que se aprueben deducciones fiscales para los arrendatarios y no “ayudas directas” para los que pagan el alquiler. La coalición abertzale ha afeado que los decretos aprobados incorporen “solo” medidas para reducir los ingresos, cuando de lo que se trata es de aumentar el gasto para hacer “más inversión pública”.

CLÁUSULAS SOCIALES, PEAJE AP-68 E INSPECCIONES EN CENTROS

En el pleno se debatían también otras tres iniciativas de los grupos junteros. La Cámara vizcaína ha rechazado una moción de Elkarrekin Bizkaia para que la Diputación garantizase la aplicación de las cláusulas sociales en los contratos de la institución foral y de sus entes, y controlase las condiciones laborales en empresas con contratos forales. La iniciativa ha sido rechazada por los dos grupos que sustentan al Gobierno foral que han argumentando que la Diputación ha aplicado “2.783 cláusulas sociales en 234 contratos públicos” entre 2019 y 2020.

Asimismo ha decaído otra moción del grupo Mixto-PPB que pretendía que se aplicase “con carácter inmediato” al tramo vizcaíno de la autopista AP-68, el “mismo” régimen de subvenciones que se aplica a las infraestructuras viarias sometidas a peaje de titularidad foral (AP-8, VSM y Túneles de Artxanda), así como que se promoviesen los acuerdos necesarios con Araba.

Los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han unido sus votos para tumbar esta iniciativa ya que apuestan por resolver antes las cuestiones técnicas que no permiten de momento incorporar esta vía al límite de gasto del resto de vías forales. En estos momentos, la titularidad de la vía es foral pero la gestión es privada por una concesión que el PP amplió “15 años”, hasta noviembre de 2026, han criticado ambas formaciones. “Hemos heredado un piso, pero tiene un inquilino”, ha dicho el socialista Ignacio Jerónimo. De todas formas, “esto no es impedimento para se esté trabajando” en una solución técnica con AVASA y en cerrar un acuerdo en la comisión técnica, ha añadido Irene Edesa (PNV).

La popular Amaya Fernández ha tachado de “tomadura de pelo” y “excusas” las palabras de los grupos que apoyan al Gobierno foral, ya que otras administraciones sin titularidad sobre la autopista, han logrado articular bonificaciones para sus residentes, como es el caso de Araba desde 2001. “Veinte de años de incapacidad, pura desidia y de búsqueda de culpables”, ha lamentado.

Los otros dos grupos de la oposición se han unido a estas críticas. Desde Elkarrekin Bizkaia, Emilio Lobato ha advertido de que no se puede esperar a 2026 y a través de una enmienda han pedido que se introduzcan medidas para reducir el tráfico y la contaminación de esta vía, e incentivar el uso del transporte público mediante el estudio de “nuevas rutas, horarios y ajuste de tarifas”.

EH Bildu, a través de Raúl Méndez, ha pedido también a través de su propia enmienda, no aceptada por el grupo proponente, que se estudie la mejora del transporte público, además del estudio de bonificaciones para regular el tráfico pesado de la N-625 y, por otro, abordar la financiación de las vías de alta capacidad “para acabar con la discriminación de las comarcas”. Un primer paso sería “extrapolar” el límite de gasto de otras vías forales a la AP-68.

Por último, el Parlamento de Bizkaia ha rechazado también una proposición no de norma del grupo Mixto-PPB, que fue trasladada por la representación sindical de IFAS el 15 de enero en una comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, para instar a la Diputación a “ampliar el número de personal técnico adscrito al servicio foral de inspección de los centros residenciales destinados a mayores, discapacidad, infancia y adolescencia”.

Antes de abordar esta cuestión, los dos grupos que sustentan al Gobierno creen que es conveniente esperar a mayo, mes en el que la Diputación informará de la labor de inspección de 2020, si bien han puesto en valor que la Diputación ha puesto en marcha “más recursos” durante esta pandemia. Los grupos de la oposición creen, sin embargo, “insuficientes” los recursos humanos actuales para garantizar el compromiso foral de aumentar el número de inspecciones. “Siete inspectores para 10.000 plazas”. Desde las filas jeltzales creen que son “suficientes” en una situación normal de no pandemia..

NUEVA JUNTERA: IGONE PORTO GÓMEZ

Igone Porto Gómez ha tomado asiento en la Cámara vizcaína al inicio de la sesión como representante del grupo juntero Nacionalistas Vascos en sustitución de Ibone Bengoetxea, exdiputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales y que ha sido juntera en la Cámara foral desde junio de 2019.