MURILLO DEFIENDE EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA LA GESTIÓN FORAL EN LAS RESIDENCIAS DEL TERRITORIO DURANTE LA PANDEMIA

Bilbao

• El diputado de Acción Social recuerda que el grado de satisfacción de familiares de residentes alcanza el “notable alto” según una encuesta y pide a la oposición que “no ponga en cuestión el sistema constantemente”.

• Murillo rechaza valorar la petición de dimisión de la asociación Babestu, a propuesta de Elkarrekin Bizkaia.

(Bilbao, a 31 de marzo de 2021). El diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, ha defendido hoy en las Juntas Generales de Bizkaia la gestión de su departamento en la pandemia en base a los resultados obtenidos por la última encuesta de satisfacción de familiares de residentes elaborada en diciembre de 2020. En una comparecencia producida en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína, solicitada por Elkarrekin Bizkaia, ha pedido a los grupos de la oposición que “no pongan en cuestión constantemente” el sistema residencial del territorio. “Demos credibilidad” a la opinión de familiares y al trabajo de la Fiscalía.

Elkarrekin Bizkaia había pedido su presencia en el Parlamento vizcaíno después de que la asociación Babestu pidiera a través de una carta su dimisión tras conocer los resultados de una encuesta de opinión hecha a familiares de los centros asistenciales durante toda la pandemia. Según ha recordado el grupo morado, en la misiva se denuncia la “autocomplaciencia” del Gobierno foral y el ejercicio “exhibicionista innecesario” que resulta ser “hiriente”.

Murillo ha explicado que dicha asociación ha tenido cumplida respuesta de las “8 quejas recibidas” por su departamento entre “1.560 llamadas y 364 quejas” vinculadas a la pandemia, que han sido contestadas “en menos de 24 horas en algún caso y en menos de seis días en el peor de los casos.”

Tras negar que la Diputación haya recibido esa carta, “más allá de las referencias en los medios de comunicación”, el diputado no ha querido entrar a valorar el contenido de la misma. “No me pronunciaré sobre posicionamientos de terceros”, ha dicho. Para defender su gestión se ha vuelto a apoyar en los resultados de la última encuesta de satisfacción hecha por su departamento a un total de “2.015” familiares o personas que tutelan a los residentes, con un grado de certidumbre del “95,5%”. Las familias de personas mayores usuarias de las residencias de Bizkaia valoraron con un 8,06 la atención que reciben sus familiares y con un 7,18 la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia en los centros residenciales respecto a la crisis sanitaria covid-19. En este trabajo se quiere apoyar el departamento de Acción Social para “implementar líneas de acción” con el objeto de mejorar la red asistencial del territorio.

Héctor Fernández (Elkarrekin Bizkaia) ha mostrado su “preocupación” por que la Diputación ponga el foco solo en los aspectos cuantitativos. “Hay que hilar más fino” y prestar atención a los puntos “más débiles” del sistema como es la supervisión foral, la falta de personal o la mejora de la información. “Una de cada cuatro” personas encuestadas consideró que “no había suficiente inspección y que en los centros se requiere más plantilla”, ha recordado. En referencia a la queja de Babestu, ha pedido que se tenga en cuenta la opinión del personal y de los familiares en la gestión de los centros.

Murillo ha admitido que hay “margen de mejora” pero ha valorado positivamente que “el elemento que mejor evolución” ha tenido respecto a la encuesta anterior ha sido precisamente el control de las residencias que ha pasado de obtener “6,01” puntos a “7,13” en la encuesta realizada en diciembre de 2020. Ha destacado también que un “71,8%” de los encuestados ha valorado entre el 8 y el 10 el servicio residencial de Bizkaia.

PREGUNTA ORAL

Por otro lado, en respuesta a una pregunta oral de EH Bildu, Murillo ha reconocido que no ha sido posible todavía “por la pandemia” cumplir con un mandato de las Juntas Generales de Bizkaia en relación a una enmienda transaccional aprobada por el pleno el 22 de enero de 2020 sobre medidas para el no empleo del síndrome de alienación parental por parte del Servicio de Infancia. En ella se solicitó, según Bea Ilardia, la implementación de formación a los profesionales del Servicio de Infancia en el ámbito del abuso sexual infantil y violencia machista, así como un análisis de las situaciones de desprotección identificadas. Murillo ha explicado que estas valoraciones se tienen que realizar “individualizadamente” y que con la pandemia no ha sido posible contar con ellas. Ha dicho que no se podrán hacer hasta que no se normalice el trabajo presencial, algo que “no sabemos cuándo ocurrirá”.

La escusa de la pandemia “está muy manida”, ha respondido Ilardia. Al no valorarse uno de los ítems ("instrumentalización en conflictos entre progenitores"), la portavoz de EH Bildu ha denunciado que la falta de formación de los profesionales está provocando que la Diputación sea “convidado de piedra y cómplice de atrocidades que se están produciendo hoy en nuestro territorio”, en “innumerables” casos que están obligando a menores a someterse a terapias en el Servicio de Infancia, sin que los trabajadores cuenten con formación en abusos sexuales y maltrato.