Juntas Generales pide a la Diputación que diseñe un sistema informático para que los grupos junteros consulten las quejas y peticiones de los ciudadanos
La comisión Institucional de las Juntas Generales ha aprobado hoy, por unanimidad, una proposición no de norma presentada por el PP que insta a la Diputación Foral de Bizkaia a estudiar y articular “un sistema informático de recogida, descripción e indexación de escritos”, presentados a la Diputación por los ciudadanos, que contengan “quejas, denuncias y peticiones”, de manera que todos los Departamentos puedan conocer con celeridad dichos escritos y “responder adecuadamente en tiempo y forma a los mismos”. Además, piden que los grupos junteros tengan la posibilidad de consultar estos archivos informáticamente “en todo aquello que no sea confidencial”.
El PP centra esta iniciativa en el debate en Juntas Generales por mejorar la comunicación interna en los departamentos forales cuando se reciben escritos a través del Registro oficial en donde los ciudadanos denuncian hechos o situaciones diversas. La informatización y divulgación de estos contenidos sería de “utilidad” , tanto para el trabajo de la Diputación como para los propios grupos junteros, ha defendido Arturo Aldecoa, del PP.
El grupo juntero del PNV ha destacado que la Diputación ya cuenta con Laguntza, un sistema de atención a la ciudadanía “muy parecido al que se propone”, pero que, en cualquier caso, apoyan la iniciativa porque la apuesta foral “pasa por la innovación tecnológica” como la planteada a través de esta iniciativa respaldada por todos los grupos.
CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
La Diputación tendrá que hacer frente a esta nueva encomienda de las Juntas Generales como lo ha hecho en el pasado reciente con otras "96" iniciativas parlamentarias. En una comparecencia solicitada por el diputado de Presidencia, Unai Rementeria ha dado cuenta del informe entregado a los grupos junteros de la Cámara sobre el grado de cumplimiento de las propuestas acordadas y presentadas por los distintos grupos, como así le solicitó el pleno en una proposición no de norma aprobada el 24 de abril de 2013.
Así, desde esa fecha, de las 96 iniciativas parlamentarias que han salido adelante, 94 eran proposiciones no de norma y solo dos mociones. La Diputación ha cumplido prácticamente con todos los mandatos emanados del Parlamento de Bizkaia. “Solo 2” iniciativas se quedaron sin cumplir por “cuestiones técnicas” o de “interés general”, ha resaltado la jeltzale Nerea Ahedo.
CONTRATO DE BISCAYTIK
El portavoz de la Diputación comparecía también a solicitud del PP por una publicación periodística que aludía a “posibles irregularidades” en una contratación de la Fundación Biscaytik.
“En aras a la transparencia y claridad”, el diputado ha presentado ante los grupos junteros dos informes solicitados por la Diputación sobre el expediente de contratación 2013/025 que fue resuelto el 6 de noviembre de 2013. La documentación repartida hoy a los miembros de la comisión Institucional ha incluido un informe interno y una auditoría encargada al bufete de abogados Uría y Meléndez, que “avalan –según él- la legalidad del proceso”. En este asunto, “nadie ha vulnerado la ley”, ha sostenido Rementeria.
De la auditoría practicada por la Diputación se concluye que el objeto del contrato se ajustó “en todo momento” a derecho, ha informado Rementaria. Y del informe de la “prestigiosa” firma de abogados, el diputado ha destacado que las irregularidades que se denuncian “carecen de fundamento”. Este informe ultima que la adjudicación se hizo conforme a la normativa legal de contratación y que el objeto social de la empresa adjudicataria BK23 comprende “todas” las prestaciones del contrato.
Previamente a las declaraciones de Rementería, el representante popular Arturo Aldecoa, le había pedido que aclarase la adjudicación de un contrato de “1.463.420 euros” a la vista de que existían lazos familiares entre los administradores de la empresa BK23 y el vicepresidente de Lantik, además de "irregularidades" como que se llevara “a posteriori” el cambio de objeto social para adecuarse al concurso, “9 días después de su adjudicación”. A juicio de Aldecoa, estaríamos ante un concurso adjudicado “a dedo”.
Rementería ha tachado las palabras del juntero popular de “navajazo político por la espalda” y ha insistido en que el proceso ha sido “limpio” como así lo atestigua también el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que en su auditoría realizada a Biscaytik entre el 6 y el 17 de octubre pasados, sobre datos del año 2013, el órgano fiscalizador ha trasladado a la Diputación que no han encontrado “ninguna irregularidad”.
El diputado ha lamentado el daño "gravísimo" que se le está haciendo a la “joven emprendedora” que ha cometido el ¨único delito” de ser hija de un trabajador de la Diputación. “¿Qué hay detrás de esta campaña?”, le ha preguntado a Aldecoa. “Pretende hacer ver que todos somos iguales y no todos somos iguales. No todo vale. Somos distintos en la gestión y en la actuación”, le ha dicho Rementeria.
Asimismo, el diputado ha señalado que la empresa adjudicataria ganó el concurso -al que se presentó otra firma que fue desechada por no cumplir los requerimientos- porque dentro de su objeto social figuraba lo que se pedía y porque BK23 tenía “solvencia técnica demostrada”, en parte por participar en otros dos contratos anteriores de Biscaytik, adjudicados en libre concurrencia. El diputado ha presentado a los grupos junteros otros dos informes por cada uno de estos contratos, concursos a los que se presentaron 6 y 4 empresas, respectivamente, ha informado.
Los representantes de EH Bildu y PSE-EE han pedido “tiempo” para estudiar la documentación aportada , aunque han advertido que en una “primera lectura” los informes ofrecen “dudas” sobre el concurso.
COMPARECENCIAS DEL DIPUTADO GENERAL
En la misma sesión de la comisión Institucional que se ha largado toda la mañana y que ha contado con presencia de la plana mayor de la Diputación (Bilbao, Rementeria, Iruarrizaga y Pradales), se han sustanciado varias comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición dirigidas al diputado general. José Luis Bilbao ha acudido a Juntas para explicar el acuerdo alcanzado entre las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco para hacer frente a la multa de 30 millones de euros impuesta por la UE por las "vacaciones fiscales"; para trasladar a la Cámara la última novedad de la empresa Edesa; y para informar del acuerdo foral que desestimaba la reclamación de cumplimiento de los convenios entre la Diputación Foral de Bizkaia y el grupo empresarial Habidite, entre otros asuntos.
En cuanto a la multa puesta por el tribunal de Luxemburgo, Bilbao ha destacado el ejercicio de “coordinación y solidaridad interterritorial” alcanzado por el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales en el seno del Consejo Vasco de Finanzas para el pago de la multa "se enmarca en la solución del impacto financiero”. Bilbao se ha referido a que este “gesto solidario” se da “fundamentalmente” con el territorio de Araba, que de no ser por las demás administraciones vascas tendría que haber hecho frente al 65,85% de la multa impuesta según los cálculos iniciales hechos por el Ministerio de Hacienda.
Bilbao ha asumido su “parte alícuota de responsabilidad” por la multa impuesta por el retraso en la devolución de las ayudas ilegales, el que le corresponde por la cuantificación de las cantidades que ha tenido que abonar la diputación vizcaína –4,5 millones de euros- , aunque ha apuntado que el último expediente por solventar correspondía al de una empresa de Gipuzkoa. Contestaba así a la portavoz de EH Bildu que le había acusado previamente de "dilatar el proceso de recuperación de las ayudas".
SITUACIÓN DE EDESA
Por otro lado, el Diputado General y los grupos junteros, han mostrado su “preocupación” por el futuro de la empresa Edesa que ha quedado en manos de CATA, tras la compra por parte de su matriz CNA de la maquinaria y la marca de la fábrica basauritarra. Bilbao ha reconocido que existen pocas novedades sobre la recuperación de la actividad en la planta y ha pedido esperar a que termine el plazo dado por los nuevos propietarios de Edesa para iniciar la actividad en la planta. La oferta de Cata recoge que en el plazo de 90 días la actividad en Basauri se iba a reanudar. Según el diputado este plazo empezó a contar el pasado 16 de octubre, día en el que se firmó el auto de adjudicación.
Bilbao ha advertido de que el hecho de que Cata no sea propietaria de los pabellones que ocupa Edesa “no es excusa, ni óbice para que la empresa Cata no reanude la actividad”, ya que podría firmarse un contrato de arrendamiento por el uso de las instalaciones.
HABIDITE
El diputado general de Bizkaia ha asumido su "culpa y responsabilidad" por "creer" en un proyecto industrial, el de Habidite, que, "según decían sus promotores, iba a crear un gran número de puestos de trabajo", pero "luego fuimos defraudados", como lo fue también el Gobierno Aragón, la Junta de Andalucía, o Gipuzkoa. Incluso el Gobierno Central y el Gobierno Vasco llegaron a asignar partidas millonarias –5 y 6 millones de euros respectivamente- en sus presupuestos que finalmente “no se ejecutaron”, porque cuando llegaba el momento en el que el promotor tenía que poner el dinero, el proyecto “cascaba”. "Aquí ha habido mucha gente, incluidos nosotros, que creímos en un proyecto industrial y que luego fuimos defraudados porque no ha salido nada", ha dicho
En su intervención, José Luis Bilbao ha asegurado que la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de 9 de octubre de 2014, que anula el acuerdo foral que desestimaba la reclamación de cumplimiento de los convenios entre la Diputación vizcaína y el grupo empresarial Habidite para la construcción de una planta para la fabricación de viviendas modulares en Alonsotegi "no tiene ninguna consecuencia económica". A su juicio, "la anulación del acuerdo es una anulación meramente formal y sin ninguna consecuencia económica para la Diputación foral porque, además, la propia sentencia del TSJPV desestimó la petición de la demanda económica".
Tras escuchar al diputado general, los grupos de la oposición (EH Bildu, PSE-EE y PP) han advertido de que la sentencia no tiene consecuencias económicas ahora, pero “puede tenerlas en el futuro”. Para Joseba Gezuraga (EH Bildu), ya hay un perjuicio económico. "Sí supone un coste para la Diputación de Bizkaia porque impone a la Diputación, y la gestión gestora del suelo, Azpiegiturak, el pago de las costas judiciales, de momento".
La portavoz del grupo juntero del PNV Lorea Bilbao se ha alegrado de "la ausencia de consecuencias económicas" y ha considerado que "el problema aquí es que, algunos, aun cuando las cosas están bien, las ven mal".
En cuanto a la posibilidad de futuras peticiones de indemnizaciones, el diputado general ha afirmado que , "de momento, estamos hablando de un defraudador, del dinero que se debe a Hacienda, de un presunto delincuente, sin sentencia firme pero condenado a tres años de prisión por la Audiencia Provincial, y de unas personas inhabilitadas para el ejercicio de la actividad empresarial y condenadas a restituir a la masa de acreedores, la Hacienda vizcaína, más de 35 millones de euros".
“NUNCA HEMOS ENCUBIERTO NINGÚN DELITO”
Por otro lado, a instancias de PP y EH Bildu, el diputado general ha querido aclarar “por enésima vez”, sus declaraciones realizadas en el pleno de Declaración Pública en relación a las “miserias” que había conocido durante sus tres legislaturas hasta el punto de admitir que había recibido a personas “con fajos de billetes” que luego iban a parar “a paraísos fiscales”.
“Nunca hemos encubierto ningún delito”. “Cada vez que la Diputación ha tenido conocimiento de un ilícito penal ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía”. En esta forma de actuar, ha enmarcado el último episodio de fraude detectado por la Hacienda vizcaína en la venta de electrodomésticos por internet. Ha manifestado que en sus declaraciones del pleno de finales de septiembre, se permitió una “licencia dialéctica”.
