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EL COMITÉ DE EMPRESA DEL IFAS PIDE EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA UNA GESTIÓN PÚBLICA "DIRECTA" DE LOS CENTROS FORALES

· Tres representantes sindicales comparecen en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía del Parlamento de Bizkaia para denunciar ante los grupos junteros la “externalización y cierre” de servicios públicos , con “graves consecuencias” para la calidad del servicio y la plantilla del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).

(Bilbao, a 15 de enero de 2021). El Comité de Empresa del IFAS ha comparecido hoy en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia para describir el panorama actual de los centros residenciales de Bizkaia. Los representantes de tres sindicatos, Larraitz Urra Errasti, Eduardo Bringas Sánchez y Esti Ealo Urkiaga, han explicado las consecuencias que tienen, a su juicio, las políticas de “privatización” de la Diputación foral de Bizkaia, concretamente en las tres divisiones principales en la que se dividen los servicios sociales forales: Infancia y Adolescencia, Discapacidad, y Personas Mayores.

Los representantes sindicales han dibujado un panorama que se viene a repetir en las tres áreas mencionadas: cierre de centros y servicios, privatizaciones, y reducción de plazas públicas; lo que, según ellos, está provocando una “degradación” de la calidad del servicio y una “precariedad” en el empleo. Por estas razones han defendido la “gestión pública directa” de los servicios sociales en Bizkaia, así como la posibilidad de que las centrales sindicales puedan hacer aportaciones para mejorar los servicios sociales del territorio.

En la división de Infancia y Adolescencia, la Diputación cuenta con “818 plazas”, de las que “solo el 13,5%” están gestionadas desde centros “cien por cien” públicos. Algunos programas, como el de Adolescencia o el de Emancipación quedan en manos de la gestión privada en su totalidad. El Comité ha denunciado el cierre “paulatino” de centros públicos, mientras crecían los de titularidad privada o concertada.

En el apartado de Discapacidad, la gestión pública directa “no ha cambiado en número de plazas” en los últimos años, mientras que la demanda “crece y crece”. En este sentido, han lamentado el cierre del centro Lurgorri y la reducción de plazas en el centro de Mundaka. El departamento foral de Acción Social cuenta con “1.196 plazas”. De ellas, “277” son de gestión pública, el “23%”. Eran “292” antes de la declaración del estado de alarma, han advertido.

Por último, los comparecientes han analizado el estado de gestión de las residencias para personas mayores. De las “10.748” plazas totales, el “2,66%” son gestionadas por la plantilla del IFAS, es decir, “266” plazas en “2” residencias, de 154 que hay en Bizkaia. Los sindicatos han sacado de esta estadística las “1.865” plazas que se incluyen en la gestión de Azpiegiturak, ya que “entre el 70 y el 80%” vienen a ser plazas concertadas. Actualmente, el “100%” de los centros diurnos cuentan con gestión privada. En este ámbito de las personas mayores, los representantes de la plantilla del IFAS han denunciado que las camas en las residencias públicas “siguen reduciéndose”, al igual que la calidad del servicio, mientras “crecen los beneficios” de las empresas privadas.

Los grupos junteros han preguntado a los tres miembros del Comité de Empresa por los ratios que proponen para garantizar la calidad del servicio, y por la evolución de las listas de espera, las carencias del sistema y el funcionamiento del servicio de Inspección y Control.

En cuanto a los ratios que establece la normativa, no han propuesto ninguno. Los sindicatos han pedido que sean “flexibles” en función de a qué tipo de personas se está atendiendo, porque “no es lo mismo” dar servicio “a personas mayores que se defienden bien, que a grandes dependientes.” En este sentido, han apostado por que se tengan en cuenta también las circunstancias del momento. Por ejemplo, durante la pandemia, “no es posible mantener las medidas preventivas necesarias” en los centros. Se necesita “tiempo” para poder aplicar estos protocolos.

Asimismo, los representantes de los trabajadores y trabajadoras creen que la estrategia del Gobierno foral en las políticas de la “Tercera Edad” pasa por “eliminar todo lo público” de forma “paulatina”. Ellos abogan, sin embargo, por la gestión pública de “todos” los servicios, no solo de los que tienen que ver con el cuidado de las personas, sino también de “la cocina, la lavandería o la limpieza”. La pandemia ha dejado claro que los servicios sociales “deberían estar gestionándose desde lo público”, según ellos.