LAS JUNTAS GENERALES RECHAZAN CONVERTIR A BIZKAIA EN TERRITORIO "LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES"

- Una proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia, apoyada por EH Bildu, pedía que se impidiera contratar a empresas que tengan filiales en paraísos fiscales.
- El resto de grupos critica la existencia de estos refugios fiscales pero defiende que, con la actual legislación, no se puede limitar la participación de ninguna empresa por este motivo en un procedimiento de contratación.
(Bilbao, a 01 de diciembre de 2020). La comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia ha tratado hoy una Proposición no de Norma de Elkarrekin Bizkaia en la que se pedía la declaración de Bizkaia como territorio “libre de paraísos fiscales.” La iniciativa que ha contado con el apoyo de EH Bildu buscaba con este reconocimiento una contratación pública foral libre de empresas que operen en paraísos fiscales. La propuesta ha sido rechazada por Nacionalistas Vascos, Socialistas vascos y grupo Mixto-PP, quienes, pese a estar conforme con la incorporación de medidas de lucha contra el fraude, han mantenido que la actual legislación no hace posible excluir a nadie por este motivo, aduciendo además que la Diputación no tiene capacidad para establecer normativa en dicho sentido.
La iniciativa desestimada por 10 votos en contra y 5 a favor, ha sido presentada por la portavoz de la formación morada Eneritz de Madariaga, quien ha confirmado que la misma nace de una campaña de Intermon Oxfam. Esta ONG piensa que los paraísos fiscales “ suponen disfunciones en todo el mundo” y suponen un “sumidero fiscal”, ya que absorben “12 billones de euros” de beneficios empresariales. De Madariaga ha explicado que un informe de esta entidad referido al año 2018, detectó que existían “805 filiales” entre las 35 empresas del Ibex, “algunas vascas”, a través de las cuales se habían desviado “13.000 millones de euros”, lo que supuso una mengua recaudatoria para las haciendas del Estado de “3.250 millones de euros”. La portavoz de Elkarrekin Bizkaia ha sostenido que la Diputación “puede ejercer mayor control” a través de la contratación pública.
En este sentido, Iker Rahona, de EH Bildu, ha pedido que se utilicen las cláusulas sociales y medioambientales para incluir medidas que “impidan” la contratación de empresas que tengan vinculación con paraísos fiscales. El primer grupo de la oposición ha enmendado una parte del texto para que “más que favorecer a las empresas que tengan conductas fiscales responsables, para que puedan participar en concursos públicos, haya que exigirles que tengan conductas fiscales responsables, y hay que dar los pasos necesarios para garantizarlo”, ha precisado Rahona.
Para la portavoz del Grupo Mixto, “no se discute” la lucha contra el fraude fiscal, la elusión o la incomodidad de convivir con estos paraísos fiscales, sino “la utilización de la contratación pública como instrumento”. En este sentido, Amaya Fernández ha dicho que es el Estado el que tiene la capacidad legal para asumir cambios en la contratación pública por medio de la Ley de Contratación del Sector Público, “la cual se puede modificar” , pero que la Diputación no está capacitada legalmente para construir un entramado jurídico. “Sería causa de nulidad”.
El socialista José Alberto Fernández ha defendido la labor que se ha hecho en Bizkaia contra el fraude fiscal. “Bizkaia queda lejos de estas prácticas”, ya que ha aplicado “medidas” para evitarlo, “conveniando con otras administraciones para el intercambio de datos o analizando empresas que mantienen una tributación internacional.” Además y gracias a la implantación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación foral, Bizkaia “tiene los instrumentos para estar a mucha distancia de los paraísos fiscales”.
Por su parte, el grupo juntero Nacionalistas Vascos ha sostenido que la contratación pública de Bizkaia “no puede tener mejores instrumentos” para luchar contra prácticas elusivas. Su juntero Unai Lerma ha justificado el rechazo de su grupo en el hecho de que esta causa no esté incluida en el artículo 71 de la citada Ley, en donde se detallan las prohibiciones para licitar en un concurso público, entre ellas, “el delito contra la hacienda pública, el blanqueo de capital, el fraude, el cohecho, la corrupción… o no estar al corriente de las obligaciones tributarias”. En su misión, la Diputación sí “debe garantizar que se cumplen los principios de libertad, publicidad, transparencia e igualdad de trato en la contratación pública”.
VISITA DE LORENT SALEH
A través de otra proposición no de norma, desestimada también por la mayoría de la Cámara, el grupo morado había pedido la retirada de la subvención que recibe la Fundación Sabino Arana por invitar a Lorent Saleh, opositor venezolano y militante de Operación Libertad, quien “solicitó el apoyo de un grupo neonazi colombiano, Tercera Fuerza, para hacer frente al Gobierno de Venezuela e instigó a la violencia social en Venezuela”, según ha denunciado Eneritz de Madariaga. Esta fundación había solicitado que Saleh visitara la Casa de Juntas de Gernika, según la portavoz del grupo morado.
La iniciativa no ha contado con apoyos suficientes. EH Bildu ha votado a favor del punto en el que se pedía “no apoyar a la ultraderecha”, pero se ha abstenido en el que se instaba a la Diputación “a retirar la transferencia corriente anual que en forma de subvención nominativa recibe la Fundación Sabino Arana.”
Por su parte, el Grupo Mixto (PP), Socialistas Vascos y Nacionalistas Vascos han rechazado en su totalidad una iniciativa en la que durante el debate Amaya Fernández ha afeado que el grupo morado “ignore” el contexto de Venezuela y muestre “empatía” con una “dictadura” que ha supuesto un “retroceso y una eliminación de las libertades” en el país sudamericano. “No tenemos ninguna constancia de que las Juntas Generales hayan invitado a Saleh”, ha añadido Fernández (PSE-EE). Y Unai Lerma (PNV), por su parte, ha negado la descripción que hacía Elkarrekin Bizkaia del opositor venezolano. Saleh ha sido “reconocido por el Parlamento europeo por su actividad en pro de los derechos humanos con el premio Sajarov”. “Parece que les molesta que haya denunciado a través de un documental la situación de las cárceles de Venezuela”.