LA COVID-19 AFECTÓ AL 56,5% DE LAS RESIDENCIAS DE BIZKAIA DURANTE LA PRIMERA OLA

Bilbao

• El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, presenta en una comparecencia en las Juntas Generales el informe técnico sobre el impacto del coronavirus hasta el 30 de junio, que incluye datos de personas contagiadas y fallecidas en 154 centros del territorio.

• Entre marzo y junio, 1.925 residentes resultaron infectados y 308 personas fallecieron con prueba confirmada.

(Bilbao, a 26 de noviembre de 2020). El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha presentado hoy, a petición propia en las Juntas Generales de Bizkaia, y tal como acordaron por unanimidad todos los grupos junteros en una comisión celebrada el 29 de julio, el Informe elaborado por técnicos de su Departamento sobre el impacto de la COVID-19 en los centros residenciales hasta el 30 de junio. El informe entregado hace tres días al diputado, recoge datos cuantitativos de la afección del coronavirus en 154 centros de mayores del territorio (a excepción de Birjinetxe). En tres meses y medio, el virus llegó a entrar en el “56,5%” de las residencias de Bizkaia, infectó a “1.925” residentes (el 22,3% de la red), y provocó el fallecimiento de “308” personas con Covid confirmado y de otras “44 con sospecha”. En uno de cada tres centros – “en el 33,1%”-, el departamento de Acción Social confirmó algún fallecimiento.

Estos son algunos datos que Murillo ha extraído del informe de 23 páginas que ha sido presentado hoy en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína, un análisis que ha sido elaborado por técnicos forales del servicio de Inspección y Control y del servicio de Centros, en base a información obtenida en las actas, en las visitas de inspección y en los informes que cada centro estaba obligado a remitir a la Diputación, según orden foral.

Este primer análisis confirma que la incidencia del coronavirus ha sido “importante” en esta primera ola, “mucho más que en la propia comunidad”, ha admitido Murillo, quien ha evidenciado que las residencias son espacios “propicios” para la transmisión del virus por ser “cerrados, con muchas interacciones y contactos estrechos”. Sin embargo, el diputado de Acción Social ha explicado que el porcentaje de personas fallecidas entre las personas diagnosticadas es el mismo – “el 16%”- en las residencias, cuya media de edad se sitúa en el 83,93 años, que en el exterior entre los mayores de 60 años. De tener en cuenta, la población mayor de 80 años, la incidencia en el exterior se situaría 11 puntos por encima (27%).

El informe analiza el impacto del coronavirus en relación a cinco variables: el régimen jurídico de las residencias (foral, concertado, municipal o privado), el tamaño de los centros, su ubicación, las áreas de Servicios Sociales en las que están ubicadas y las ratios de atención directa. La variabilidad en los datos en el periodo de estudio “no permite obtener un patrón concluyente”, ha sostenido Murillo en base a la información de los técnicos. “Y por tanto no se puede concluir que haya una relación directa” entre las personas infectadas y fallecidas, y ninguna de estas variables.

El diputado de Acción Social ha detallado, como se recoge en el informe, los puntos débiles de las residencias, sobre todo, durante las primeras semanas de pandemia. Hasta el 5 de abril se detectaron “dificultades generalizadas” para la provisión de EPIs, situación que “mejoró” después. Las PCRs fueron “escasas” al principio y la coordinación con los servicios sanitarios fue “mejorando a partir de mediados de abril”. También se detectaron “dificultades” en el primer momento para aislar a las personas enfermas. Los técnicos, en cambio, valoraron positivamente la comunicación con las familias, la incorporación de nuevos dispositivos electrónicos, el procedimiento para cubrir bajas y sustituir al personal, el suministro de medicinas y alimentos, y la limpieza de los centros.

En base a este análisis, el informe incorpora también propuestas de cara al futuro, las cuales Murillo ha resumido en cuatro: la reducción del tamaño de los centros hasta un máximo de 25 residentes, el incremento de la formación del personal, la mejora de la coordinación sociosanitaria, y aumentar el trabajo en red.

GRUPOS JUNTEROS Y MÁS DE 3.000 INSPECCIONES EN OCHO MESES

Los grupos junteros de la oposición han pedido mayor celeridad a la Diputación a la hora de elaborar y comunicar próximos informes. La primera en abrir el turno de los grupos ha sido Amaya Fernández (Grupo Mixto-PP) quien ha reconocido la labor de los trabajadores y trabajadoras de los centros “para que estos datos no fueran peores”, para, a continuación criticar la gestión “incompetencia máxima” de la Diputación. “No nos sirve que en otros lugares ocurriera lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad política?”, le ha preguntado al diputado.

Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Héctor Fernández ha puesto el foco en que la experiencia que tiene su grupo respecto a la comunicación con los familiares durante la crisis sanitaria ha sido “otra muy diferente” a la que ha retratado el responsable de Acción Social. Y EH Bildu, a través de su juntera Arantza Urkaregi, ha pedido que se realice un plan para que se incorporen en el futuro las propuestas de mejora que se recogen en el informe.

Desde las filas del grupo juntero Socialistas Vascos, Ana Berta Campo, ha explicado que este tipo de análisis es “bueno para incorporar mejoras en el futuro” y ha querido poner en valor el quehacer de trabajadores y trabajadoras durante esta pandemia que “a veces no ha sido reconocido, e incluso injustamente tratado”. Y Jane Eyre Urkieta, del grupo Nacionalistas Vascos, ha aplaudido “la labor de transparencia” del departamento que dirige Sergio Murillo, afeando la insinuación de “imparcialidad” lanzada por la representante popular durante su intervención. “Flaco favor hacemos si ponemos en duda el trabajo de los técnicos”, ha dicho.

Asimismo, Murillo ha criticado también las palabras de la portavoz del grupo Mixto cuando ha afirmado que el Ejecutivo foral “ha desaparecido” durante la crisis sanitaria. En este sentido, Murillo ha defendido con números el trabajo de su departamento. Han sido “más de 3.000 actuaciones inspectoras” en ocho meses, entre ellas, “277 inspecciones presenciales” a los centros, “649 visitas de técnicos PCI”, “21 expedientes sancionadores incoados”, “730 llamadas hechas y más de 1.300 llamadas atendidas”. Con estos números “no podemos aceptar que nos digan que hayamos desaparecido”. La “nota de nuestro trabajo” la tendrá que poner, “en todo caso, las familias, la Fiscalía y el Gobierno vasco, a los que hemos informado puntualmente.”

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

En otra comparecencia solicitada por EH Bildu, Murillo ha informado del grado de ejecución a 30 de septiembre de los Presupuestos de su Departamento. En los primeros nueve meses del año, el nivel de ejecución ese situó en el “65%”, dos puntos menos que en el mismo periodo de 2019. De los “564,5 millones de euros totales con los que cuenta su área, se habían gastado ya “367,95 millones”. En estos momentos, los compromisos de gasto alcanzan ya el “84,74%”. Murillo ha anunciado que el presupuesto se ejecutará al “100%” cuando termine el año, incluyendo las modificaciones para atender las dos olas del coronavirus. Respecto a las cuentas de 2021, éstas serán “coherentes con las líneas de avance” que su departamento ha extraído del análisis de la pandemia.