LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA PIDEN A LA DIPUTACIÓN QUE REMITA A LOS GRUPOS JUNTEROS EL INFORME DE INCIDENCIA DEL COVID-19 SOBRE LAS RESIDENCIAS
- La Cámara vizcaína ha debatido hoy, de manera telemática, cinco proposiciones no de norma con medidas para mejorar los servicios sociales dependientes de la Diputación durante el Estado de Alarma.
- Bajo la presidencia de Ana Otadui, la comisión de Acción Social ha contado con la participación de Eduardo Andrade (PP), Héctor Fernández, (Elkarrekin Bizkaia), Juan Otermin (PSE-EE), Bea Ilardia (EH Bildu) y Jane Eyre Urkieta (PNV).
(Bilbao, a 29 de abril de 2020). La Comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia, en una sesión celebrada esta mañana por videoconferencia, ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Elkarrekin Bizkaia en la que se insta al departamento foral de Acción Social, a que “haga público o, en su defecto, remita a los apoderados de los grupos políticos que constituyen las Juntas Generales de Bizkaia”, el informe sobre la incidencia del COVID-19 en centros residenciales del territorio, “con la regularidad que exige” el Ministerio de Sanidad, según orden de 3 de abril.
Los grupos de la oposición de la Cámara vizcaína han solicitado nuevamente a la Diputación “mayor transparencia” a la hora de trasladar a los grupos junteros una información que debe ser “más exhaustiva”, especialmente en relación al estado de salud de la plantilla y usuarios de las residencias del Territorio, y, en concreto, en lo que tiene que ver con el número de fallecimientos por coronavirus. Hoy, EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y Grupo Mixto (PP) han vuelto a insistir en este aspecto alineándose con el contenido de la propuesta del grupo morado. Los grupos que sustentan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos) han aceptado dicha demanda por entender que forma parte del “legítimo control al Gobierno foral” que tienen los grupos que conforman la Cámara vizcaína, aunque han abogado por que estos datos se usen “”con cuidado” , “de forma responsable” y “no para crear alarmismo”.
La obligación que establece el Ministerio de Sanidad de transmitir información “exhaustiva” sobre este asunto, a raíz de la orden ministerial del pasado 3 de abril, puede servir de “anclaje legal” para solventar parte de esta situación, ha defendido Héctor Fernández, de Elkarrekin Bizkaia, quien ha agradecido la compresión de PNV y PSE-EE por “socializar” los datos “sin paternalismos”. En esta orden, se incluye que las instituciones vascas deberán de informar, entre otras cosas, sobre el número de residentes fallecidos, o pacientes confirmados y no confirmados por Covid-19. “Sin solventar toda la información que venimos exigiendo por canales formales e informales a la Diputación, esta información epidemiológica sí ofrecería un marco mínimo desde el que trabajar la reflexión sobre la incidencia y perspectivas de la epidemia del COVID-19 en nuestro territorio, y supondría mayor transparencia e higiene institucional”, ha mantenido.
La portavoz de EH Bildu Bea Ilardia se ha mostrado satisfecha con el cambio de criterio de nacionalistas y socialistas para facilitar la labor de control de la oposición, recordando la intervención de la jeltzale Josune Gorospe en el Congreso de los Diputados cuando ésta lamentó la “opacidad” y la “unilateralidad” en la toma de decisiones del Gobierno central. “Es lo mismo que pedimos al Gobierno foral” , ha dicho. Eduardo Andrade (PP) ha añadido que dicha información es “esencial” para controlar la acción de gobierno y se ha congratulado de que Bizkaia haga lo que ya están haciendo otros territorios o Comunidades Autónomas.
Por su parte, Jane Eyre Urkieta (PNV) ha defendido la labor del Ejecutivo foral en materia de comunicación, dando traslado en dos ocasiones del estado actual de las residencias, y en todo momento y de manera constante, de los detalles sobre el estado de las residencias a las instituciones responsables: “Fiscalía, Gobierno vasco y autoridades sanitarias”. La nueva situación obliga, según ella, a que los grupos junteros “sean responsables” con estos datos y no sean utilizados “para otros fines diferentes” a los circunscritos a las labores de control.
INICIATIVAS RECHAZADAS
Por otro lado, el Parlamento de Bizkaia ha desestimado tres proposiciones no de norma de Elkarrekin Bizkaia en la que este grupo solicitaba diferentes medidas para garantizar una atención “de calidad” en los servicios dirigidos a las personas con discapacidad y a las personas mayores y dependientes, así como para garantizar esta atención en los servicios de protección a la infancia y adolescencia de la Diputación durante el Estado de Alarma. Las tres iniciativas han sido desestimadas por 6 votos a favor (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y Grupo Mixto) y 9 en contra (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos.
La gran mayoría de las propuestas que planteaba el grupo morado son iniciativas que el Gobierno foral “ha ido incorporando” a lo largo de estas semanas, según han apuntado los representantes de PNV y PSE-EE. Los grupos que sustentan al Gobierno han ido desgranando algunas de ellas, como las destinadas a facilitar la comunicación entre familiares y usuarios en los centros sociales del territorio, las que incorporan planes de inspección específicos y EPIs, o la contratación de personal eventual para cubrir necesidades por medio de estudiantes de último curso o la creación de una bolsa de trabajo. En este aspecto, solo en el apartado de la asistencia a personas mayores han sido “1.600 personas inscritas”. Y en el grupo de personas con discapacidad, se ha hecho ya un seguimiento individual a “780 personas” y se está acometiendo una “segunda vuelta” de este control.
Por otro lado, EH Bildu ha retirado la única propuesta que defendía en la comisión de Acción Social cuyo objeto era habilitar alojamientos para la plantilla de los centros residencias de mayores y para personas con diversidad funcional. “Existe un riesgo de que estos trabajadores y trabajadoras puedan contagiar a otras personas al terminar sus trabajos y regresar a sus hogares”, ha defendido Bea Ilardui, quien tras criticar la tardanza en debatir dicha propuesta, ha decidido retirar la misma. Elkarrekin Bizkaia había solicitado en una enmienda a esta proposición que las entidades bancarias pusieran en manos de la ciudadanía viviendas vacías que tienen en propiedad.
Por su parte, PNV y PSE-EE habían rechazado en el debate la propuesta, ya que, según ellos, la Diputación ha articulado una red de alojamientos para minimizar los riesgos de contagio. Hasta el pasado domingo, “más de 600 estancias y 43 profesionales” acogieron los centros de Birjinetxe y Monte Unbe, según el socialista Juan Otermin.