LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ANUNCIA LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA EMPRESA PROPIETARIA DEL VERTEDERO DE ZALDIBAR

Bilbao

• El Diputado Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha confirmado hoy en las Juntas Generales de Bizkaia que la institución foral se personó “ayer mismo” como acusación particular en el caso abierto en un juzgado de Durango.

(Bilbao, a 28 de febrero de 2020) . – En el ámbito de las competencias del departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, su máximo responsable, Imanol Pradales ha anunciado hoy, en una comparecencia solicitada por los grupos Elkarrekin Bizkaia y Mixto (PP) en las Juntas Generales de Bizkaia, que la Diputación ha abierto un expediente sancionador a la empresa Verter Recycling 2000 “por dañar elementos” de la autopista AP-8 y la carretera foral N-634, ya que se ha afectado “gravemente” a la funcionalidad de las mismas “y, consecuentemente, se ha puesto en riesgo la seguridad vial”. Este expediente no quita para que la Institución foral se haya personado, “ayer mismo”, según ha confirmado Pradales, como acusación particular en el proceso judicial abierto en el juzgado de Durango por el desplome del vertedero de Zaldibar.

En su intervención, el diputado ha ido relatando el día a día de los servicios forales que han intervenido desde que se produjo el deslizamiento del vertedero de Zaldibar, tanto desde las actuaciones que afectan a su departamento como las que tienen que ver con la de los servicios forales de emergencia, apoyado en este caso en el director de este ámbito Pedro Izaga.

Pradales ha aclarado primeramente que, en lo que tiene que ver con las infraestructuras viarias, “ningún talud se ha visto afectado” por la catástrofe. Existe un “bypass” de 2 kilómetros en la autopista que se mantendrá hasta que se garantice la seguridad de la calzada de la A-8 con sentido Donostia, junto a la que se están acometiendo dos medidas para contener movimientos de tierra que terminarán “la semana próxima”, ha avanzado. Por un lado, la construcción de un muro de contención de 8 metros de alto por 50 de largo, por medio de “42 bloques de cantera de 45 toneladas, con un coste de 200.000 euros”; y, por otro lado, la instalación de una pantalla dinámica anti-aludes de 75 metros cuadrados monte arriba, tras excavar 10.000 metros cúbicos de tierra.

Esta solución combinada permitirá, a juicio de Pradales, “ganar mayor capacidad de almacenamiento y contención en caso de deslizamiento”; un deslizamiento que se ha asentado en “7 centímetros desde el día 6 de febrero”, movimientos que los expertos han definido de “pequeños y lógicos”. Esto no quita para que “siga existiendo riesgo de deslizamientos mientras no se estabilice totalmente la masa de residuos en el vertedero”, especialmente si llueve, ha advertido.

En relación a los servicios forales de emergencia, Pradales ha asegurado que actúan en función de las indicaciones de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco y que su función se está limitando a ayudar en los rescates de las dos personas desaparecidas, “algo prioritario”, y en extinguir los diversos incendios que se estuvieron produciendo en el vertedero. A preguntas de los grupos, Pradales ha insistido en que “tanto las empresas como los trabajadores forales han cumplido escrupulosamente las medidas de higiene y seguridad, supervisadas por los servicios de prevención de riesgos”.

Tras las explicaciones dadas, los grupos de la oposición han pasado directamente a criticar la gestión y la descoordinación interinstitucional. Eduardo Andrade, del grupo Mixto (PP), ha tachado la misma de “negligente”, aunque ha tenido buenas palabras para el diputado, resaltando que en lo que concierne a su departamento la gestión ha sido “correcta. La mejor de todas”. Sin embargo, ha criticado la “escasez” de medios para encontrar a dos personas y la falta de control en el vertedero, así como la inexistencia de un protocolo de actuación para los bomberos.

En la misma línea, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que no hubiera la prevención “suficiente” en materia de salud laboral en las primeras intervenciones puesto que el personal foral estuvo expuesto a “dioxinas, furanos y amianto”. Ha pedido que se mejoren los protocolos de actuación interdepartamentales e interintitucionales. Por su parte, su compañero de bancada Emilio Lobato ha preguntado al diputado por la alternativa existente para trasladar los residuos.

Por su parte, el grupo juntero EH Bildu, después de criticar la gestión de la emergencia, ha tendido la mano a la Diputación “porque consideramos que esta tragedia tiene que ser solucionada juntos”, ha dicho Onintze Oleaga, quien ha pedido que, para ello, “nos hagan llegar datos oficiales objetivos”. Ha terminado su intervención preguntado al diputado si sabe lo que hay en el vertedero y si conoce dónde llevarán los residuos.

Los grupos que sustentan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos) han agradecido la información aportada. El socialista Francisco José Fernández ha pedido que se priorice encontrar a las dos personas desaparecidas, así como garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad del agua y del aire, minimizar los riesgos y depurar responsabilidades. Por su parte, el jeltzale Jon Andoni Atutxa ha insistido en que “la prioridad es encontrar a Alberto y Joaquín”.

QUEJA DE VECINOS DE ARTXANDA

Por otro lado, la Asociación Vecinal Plataforma Artxanda ha traído a la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía una queja que llevan denunciando desde noviembre de 2015, mes en el que presentaron una reclamación formal en la Diputación para quejarse de la actitud de cazadores en el barrio de Artxanda. El presidente de la asociación, José María Larrañaga, acompañado del vocal Iñaki Larrañaga, después de relatar los escritos y contactos mantenidos con la Diputación para que ésta actuara, ha asegurado que durante la última temporada de caza se han reproducido los “incidentes”, llegándose a “enfrentar” vecinos y cazadores.

El representante vecinal ha pedido a la Diputación que cumpla el mandato de las Juntas Generales de Bizkaia, una proposición no de norma de EH Bildu, enmendada por Nacionalistas Vascos, que fue aprobada por unanimidad, y en la que se instaba a la Diputación a que hiciera cumplir la prohibición de cazar en la “Zona Libre de Artxanda”. Dicha zona, según los vecinos, ocuparía 400 metros de anchura entre el barrio de Berriz y el monte Avril siguiendo el eje de la carretera.

Todos los grupos junteros han entendido el “enfado” de los vecinos de Artxanda y se han conjurado en buscar una solución “a la mayor brevedad”. Los grupos de la oposición han lamentado la “dejación de funciones” de la Diputación en este caso.