La Diputación asegura que cumple "al cien por cien" los acuerdos normativos no vinculantes de las Juntas Generales
Comisión Institucional de las Juntas
El diputado de Presidencia, Unai Rementeria, ha asegurado en una comparecencia en las Juntas Generales que la Diputación ha cumplido “al 100%” las distintas iniciativas parlamentarias aprobadas en las Juntas Generales desde el segundo trimestre de 2013. El responsable foral acudía a la Comisión Institucional para dar cuenta del grado de cumplimiento de las iniciativas acordadas por la Cámara Vizcaína a partir del 24 de abril de este año, fecha en la que salió adelante una Proposición No de Norma en el pleno que instaba a la Institución foral a cumplir con esta prerrogativa y que obtuvo un apoyo casi unánime. PNV, PSE-EE y PP votaron a favor de la propuesta en aquella sesión, y EH-Bildu se abstuvo.
En el informe elaborado por el departamento de Presidencia y remitido a la Cámara y a los grupos junteros esta misma semana, se ordenan por departamentos las iniciativas parlamentaria que han sido cumplidas entre esa fecha y el pasado mes de septiembre. Se trata de proposiciones no de norma que constituyen una declaración de principios, referencias o instancias al Gobierno Vasco, a la propia Diputación, a Ayuntamientos vizcaínos, al Consorcio de Aguas, u otro tipo de peticiones que hacen referencia a revisiones o planes de estudio, mociones, declaraciones de los grupos junteros de contenidos políticos o una declaración de principios, entre otras.
Los grupos junteros de la oposición han mostrado algunas dudas sobre si el informe no tendría que haberse considerado desde el 1 de enero y sobre el cumplimiento de algunas proposiciones. Por ejemplo, el PP considera que su iniciativa para conceder a las víctimas del terrorismo la distinción de Ilustres de Bizkaia no se ha cumplido "como estaba prevista". Para Rementeria, sin embargo, su cumplimiento fue “más allá” de lo que se pedía en el texto remitido a la Diputación.
Por su parte, EH Bildu ha citado una docena de propuestas emanadas de las Juntas que ofrecen “dudas” sobre su implantación efectiva. Entre ellas, dos a que afectan al departamento que dirige Rementeria: una instancia realizada al Gobierno español para que retirara la Ley de reforma de la administración local y otra para implantar un sistema de información para las personas desahuciadas a través del servicio de información foral Laguntza. En cuanto a la primera, el diputado foral ha confirmado que la Diputación dio una respuesta conjunta con Gobierno Vasco y Eudel. En lo referente al parque de viviendas para familias desahuciadas, Rementeria ha revelado que “tres personas” se han dirigido a Laguntza en los últimos meses para informarse de los requisitos exigidos por el ente para optar al alquiler reducido de vivienda foral.
Para el grupo juntero Nacionalistas Vascos (PNV), el cumplimiento de las proposiciones no vinculantes por parte del Ejecutivo “pone en valor el trabajo que se hace desde las Juntas Generales”, aún siendo iniciativas que no son de obligado cumplimiento, y es un “signo de transparencia” por parte de la Diputación que tendrá que presentar un informe anual al parlamento vizcaíno.
NUEVA INSTRUCCIÓN PARA CONTRATACIONES FORALES
El Portavoz de la Diputación ha comparecido, también a iniciativa propia, para informar sobre una nueva Instrucción por la que se establecen criterios sobre el mantenimiento de las condiciones de trabajo y medidas de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación del sector público foral, tanto en lo que concierne a la Diputación como a sus entidades dependientes. Esta disposición tiene como fin vigilar que no se mermen las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en los contratos en vigor como en las cláusulas que podrán aplicarse en futuros procedimientos de contratación.
La Diputación con esta nueva Instrucción tiene como objetivo mitigar los efectos que pueden generar la modificación de las condiciones de trabajo como consecuencia de la reforma laboral y especialmente, por la finalización de la ultraactividad de los convenios aplicables a las empresas contratistas del sector público foral de Bizkaia. Unai Rementeria ha manifestado que con estas medidas la Institución foral persigue evitar una mayor conflictividad en el ámbito laboral.
Esta normativa de la Diputación incluye una nueva batería de cláusulas de carácter social relacionadas con ciertas materias sensibles, como es la prevención de riesgos laborales, la seguridad e higiene en la obras públicas; la promoción del empleo en colectivos afectados por el desempleo y la subcontratación con entidades que trabajan a favor de la inserción de personas en riesgo de exclusión, además de la igualdad de género o el uso del euskera.
La Instrucción se incluirá en los pliegos de cláusulas administrativas de futuros contratos aunque será el órgano de contratación el que marque el criterio de adecuación de las cláusulas. Los contratistas estarán obligados a cumplir esta instrucción. De no ser así, la Diputación aplicará penalizaciones que van desde la sanción económica hasta la resolución del contrato, en función de la gravedad de los incumplimientos.
En general, la Instrucción ha sido bien acogida por los grupos junteros, en especial por PNV, PSE y EH Bildu que ven en ella una forma de “paliar” los efectos de la Reforma Laboral del Gobierno de Rajoy. PSE y PP han echado en falta medidas para reservar plazas para personas con discapacidad. Para EH Bildu, la norma nace sin que el Gobierno foral haya realizado un contraste con los agentes políticos y sociales, además de poner en duda la aplicación de las sanciones y el control del cumplimiento de la Instrucción.
Por otro lado, a petición del PSE-EE, Rementeria ha confirmado que la Diputación mantiene la necesidad de ampliar los efectivos de “Forales” – la policía territorial dependiente actualmente de la consejería de Seguridad del Gobierno Vasco- “entre 7 y 10 personas” para proteger a cargos políticos y edificios forales.
CASO IURBENOR
Por otro lado, el Diputado General, José Luis Bilbao, ha comparecido a petición de EH Bildu para aclarar algunos asuntos relacionados con el “caso Iurbenor”. El máximo responsable del Gobierno foral ha negado taxativamente que haya existido acuerdo con la empresa Iurbenor o algún compromiso adquirido con el responsable de esta empresa, Jabyer Femández. En cuanto al convenio con Habidite, Bilbao no ha querido incidir en la relación de la Diputación con los responsables del proyecto de casas modulares. Ha invitado a la coalición abertzale a que acudan al diario de sesiones de su comparecencia anterior en las Juntas, ya que “no ha habido novedades” en este sentido.
El máximo responsable del Ejecutivo foral no ha querido entrar a valorar las acusaciones vertidas por Fernández en el juicio que está pendiente de sentencia. Ha recordado que la Diputación se ha personado en esta causa por un delito contra la Hacienda pública y por un delito de insolvencia punible, “en defensa del interés público” y con la intención de perseguir el fraude fiscal y de recuperar los 43 millones de euros en concepto de IVA no abonado. Con aparente malestar, el Diputado General ha denunciado la actitud de EH Bildu por insinuar que Fernández recibió un “trato de favor” por parte de la Diputación. “Lanzan la piedra y esconden la mano”. “No mezcle el convenio con el trato de favor”, ha respondido.
Según EH Bildu, la Diputación ha sido en algún momento “arte y parte” y ha actuado en favor de intereses privados en los casos Puerta de Bilbao o Habidite, los dos proyectos estrella del grupo empresarial encabezados por Jabyer Femández.
