El Comité de Empresa de la planta TMB Arraiz pide en las Juntas Generales de Bizkaia un mayor control de Garbiker y de la Diputación Foral para garantizar la salud de la plantilla, la calidad del reciclaje y el buen estado de las instalaciones
Enrique Álvarez, Juan Manuel Zorrilla y Joseba Andoni Iglesias, delegados de ELA en el Comité de Empresa de la UTE TMB Arraiz, han relatado hoy ante la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia las “penosas condiciones de trabajo” de trabajadores y trabajadoras de esta planta de tratamiento mecánico biológico situada en el monte Arraiz y han solicitado un mayor control de Garbiker y Diputación sobre la empresa adjudicataria para garantizar la salud laboral de la plantilla, cumplir los objetivos de reciclaje de la planta y asegurar el buen estado de las instalaciones.
Álvarez ha recordado que hace ya tres años contaron ante la misma comisión “nuestras pésimas condiciones de trabajo y en este tiempo, lejos de mejorar, han empeorado”. Álvarez ha detallado que desde su inauguración en febrero de 2013, en la planta ha habido dos brotes de fiebre Q, -el último de ellos en 2018 y que afectó a siete trabajadores-, además de un foco de legionella detectado el pasado mes de febrero y “que la dirección tardó 12 días en comunicarnos, lo que consideramos gravísimo”. “La planta tiene un riesgo biológico de 3 sobre 4, que es el nivel máximo”, ha subrayado el representante del Comité de Empresa.
“No se están cumpliendo las recomendaciones que ha dado Osalan. La dirección no las reconoce y asegura que no son de obligado cumplimiento”, ha criticado Álvarez, señalando además que la planta “está infestada de ratas”, que los sistemas de ventilación en las cabinas de triaje que sirven para proteger a empleados y empleadas, sufren continuas averías, y que la falta de limpieza en escaleras, pasarelas y el suelo han provocado 14 accidentes por resbalones y caídas desde 2017 hasta la actualidad.
Álvarez ha presentado varias propuestas concretas a apoderados y apoderadas: la contratación de más personal de limpieza (5 personas en cada uno de los 3 turnos de producción y 12 en el turno de noche) así como el aumento de personal e incrementos de jornada al 100% a la plantilla que actualmente está al 75%, para garantizar que haya 8 peones en triaje en cada uno de los turnos de producción para que puedan seleccionar el material susceptible de ser reciclado.
El incremento de la plantilla permitiría aumentar el porcentaje de residuos reciclados. “Según la propia Diputación, en la planta de TMB se tendría que reciclar el 7% del material y en este momento casi no llega al 5%”, ha precisado Álvarez para añadir que esto supone que en 2018 se hayan dejado de recuperar 3.500 toneladas de material reciclable. Para terminar, Álverez ha señalado que “Garbiker y la Diputación Foral de Bizkaia no pueden seguir mirando hacia otro lado” y ha pedido a ambas mayor control e inspecciones sobre la empresa adjudicataria.
Como es habitual, Arturo Aldecoa (Grupo Mixto) ha comenzado el turno de intervenciones, preguntando si han contratado algún experto para estudiar el foco de legionella. Eduardo Andrés (Grupo Popular Vizcaíno) ha señalado que “hemos presentado varias iniciativas y preguntas sobre este tema en Gernika y parece que no se ha avanzado nada”.
Josean Elgezabal (Podemos Bizkaia) ha trasladado a trabajadores y trabajadoras “todo nuestro apoyo y nuestro cariño”, asegurándoles que “seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales en TMB”.
Tras lamentar la situación en la planta, Marimar Rodríguez (Socialistas Vascos) ha preguntado a Álvarez si han pedido a la dirección de la empresa la ampliación de la plantilla. En representación de EH Bildu, David Lopategi, después de señalar que “por lo que decís, la dirección no está aplicando los protocolos y os está ocultando información”, ha preguntado a los representantes del Comité de empresa si creen que se dan las condiciones para que la Diputación de Bizkaia “rescinda el contrato a la UTE por incumplimiento”.
Gorka Beitia (Nacionalistas Vascos) ha lanzado una batería de preguntas; entre ellas, si los equipos de protección están adaptados al nivel de riesgo biológico 3 de la planta y cuáles son las medidas complementarias a aplicar en las instalaciones.
En su segundo turno de intervención, el representante del comité de empresa ha ido contestando a las cuestiones de los grupos y ha asegurado que llevan mucho tiempo planteando propuestas y soluciones y denunciando la situación tanto a la dirección como a Osalan y a la Inspección de Trabajo para añadir que si la falta de control e inspección en la planta continúa, seguirá habiendo más problemas.
Residencia municipal de Bermeo
La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía ha recibido también hoy a Leire Díaz, trabajadora social de la residencia municipal de personas dependientes de Bermeo y representante del sindicato LAB; a Teresa Labajos, del SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y a Héctor Burgoa, familiar de una residente. Tras explicar que el Ayuntamiento no puede seguir asumiendo el coste de los servicios que se están prestando, han pedido que la Diputación Foral de Bizkaia asuma las competencias para poder asegurar la continuidad de la residencia. Además, han solicitado que el ente foral garantice al Ayuntamieto de Bermeo el pago del coste real del servicio y que inicie un proceso de negociación con el consistorio que permita la gestión pública de servicios sociales de calidad y garantice los derechos tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras del centro.
Díaz ha explicado que en sus inicios, la residencia estaba gestionada por monjas y que cuando decidieron marcharse, el Ayuntamiento se vio obligado a asumir la gestión de la residencia pero que esta situación no puede prolongarse más. “De 67 residentes que hay, 66 son dependientes en grado II y III, que son competencia de la Diputación y por tanto, debería asumir los servicios que se les prestan en la residencia”, ha subrayado Díaz. Por su parte, Burgoa, que ha hablado en nombre de familiares de los y las residentes, ha destacado que “es una residencia que está muy integrada en la vida del municipio, la calidad de vida de las personas en la residencia es estupenda y no queremos que eso cambie”.
