La Diputación Foral de Bizkaia no prevé trasladar parte de sus oficinas a la Torre Bizkaia antes de dos años
En respuesta a una petición de comparecencia planteada por el Grupo Mixto, Bengoetxea ha manifestado que el coste anual que supondrán los alquileres en dicho inmueble por acoger a los servicios forales en los 8.667 m2 destinados a departamentos y entidades forales, asciende a 1.601.256 euros (15,40 euros mensuales por m2).
En lo que a los costos de los traslados respecta, éstos dependerán “de cuáles sean las unidades que sean objeto de traslado”; no obstante serán “los habituales para mudanzas de oficinas y traslados de empresas según los ratios de mercado en el momento en el que se vayan a producir”.
Bengoetxea ha lanzado a los grupos un mensaje de “tranquilidad” asegurando que “el traslado no va a ser inmediato” puesto que el edificio “requiere de una obra sustancial que va a acometer el propietario”. Sin embargo, también ha apuntado que existe un compromiso para que a la Diputación se le haga entrega del edificio a finales del año 2020 “con unas determinadas condiciones”.
Tras su exposición, los grupos junteros han tenido oportunidad de realizar sus valoraciones y de trasladarle algunas preguntas. En opinión del portavoz del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, “la clave del éxito es elegir bien qué unidades se trasladan”; en este sentido, ha aconsejado realizar una “entrada gradual” de las unidades en el edificio.
A pregunta del apoderado del Grupo Popular, Eduardo Andrés, la Diputada Foral ha detallado que actualmente la Diputación dispone de 8 oficinas en régimen de alquiler.
Tanto la portavoz del grupo Podemos, Neskutz Rodriguez, como el apoderado de EH Bildu, Joseba Gezuraga, se han interesado por el estado del edificio en relación a la aparición de amianto. En respuesta, Bengoetxea ha aclarado que “está garantizado que la entrega será libre de amianto”.
Por parte del grupo Nacionalistas Vascos, Unai Lerma ha puesto en valor la centralización de los servicios forales argumentado que ésta “va a posibilitar maximizar esa cercanía con el ciudadano”. Coincidiendo con lo expuesto por la Diputada Foral, el apoderado socialista Juan Otermin ha manifestado que ésta se trata de una “oportunidad política, social y económica” que durante los próximos dos años irá desarrollándose.
JUICIO SOBRE LA TRAMA ALONSOTEGI
La Diputada Foral de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales ha comparecido también, a petición del Grupo Mixto, para hablar acerca de la personación de la Diputación como perjudicada en el juicio sobre la trama de Alonsotegi.
Tal y como ha explicado Ibone Bengoetxea, la Diputación Foral de Bizkaia “dispone de un oficio por el que se le ofrecen acciones en relación a cantidades abonadas al ayuntamiento de Alonsotegi conforme a la Orden Foral del 11 de diciembre de 2008”.
Concretamente, el escrito relaciona a la Diputación con “obras en el acceso al campo de futbol de Basteita y en el camino de Artiba”, ambas acometidas tras las inundaciones de 2008.
Brevemente, la Diputada Foral ha manifestado que, a fecha de hoy “la Diputación Foral ya se ha personado en el procedimiento como parte perjudicada”. No obstante no ha adelantado ninguna actuación a realizar, “en tanto en cuanto no conozcamos los detalles de las actuaciones realizadas por el Juzgado hasta la fecha”. Hacerlo, en su opinión, sería “una temeridad”.
Tanto EH Bildu como Podemos han preguntado sobre el procedimiento de control que desde la Diputación se realiza en torno a dichas subvenciones. Bengoetxea ha asegurado que la Diputación lleva a cabo un control “exhaustivo”, añadiendo que “solo faltaba que si alguien comete un delito, el responsable sea el engañado”.
FINANCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
La sesión ha finalizado con una pregunta oral de EH Bildu sobre la manera en la que garantiza la Diputación Foral de Bizkaia que Gizartekutxa y el complemento vinculado a la Dependencia destinados a financiar los servicios sociales se emplean realmente en la financiación de los servicios sociales.
Según ha aclarado Bengoetxea, la Diputación “no puede garantizar” que Gizartekutxa y el complemento vinculado a la dependencia vayan destinados realmente a financiar servicios sociales. Ello supondría “una injerencia absolutamente inaceptable”, además de “contrario al sistema institucional del que nos hemos dotado”.
“Como Diputación defendemos que los ayuntamientos son libres de establecer su propia política presupuestaria y también defendemos que son libres para decidir el nivel de prestación de servicios públicos que desea”, ha explicado.
La apoderada de EH Bildu, Arantza Urkaregi, sin embargo ha insistido en que “debe haber un control en función de unos criterios para que se emplee lo que se tiene que emplear”.