Las Juntas Generales de Bizkaia rechazan iniciar trámites para delimitar un enclave vizcaíno en Burgos
Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado esta mañana una proposición No de Norma del apoderado del Grupo Mixto Arturo Aldecoa dirigida a “recabar, en contacto con el Ayuntamiento de Orduña, la información necesaria para establecer los límites del enclave de Bizkaia en Burgos llamado la Cerca de Villano, e incorporar el mismo a su cartografía y al ámbito de aplicación de su normativa y actuaciones”. La iniciativa ha contado con el único voto a favor del proponente, la abstención de Grupo Popular y Podemos, y el voto en contra de Socialistas Vascos, EH Bildu y Nacionalistas Vascos, en la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia.
El representante del Grupo Mixto hacía referencia a “un terreno emplazado en el municipio burgalés de San Martín de Losa que es, al menos desde el siglo XV, jurisdicción privativa de la ciudad de Orduña y cuyos moradores han gozado de las prerrogativas del Fuero de Bizkaia, pero que se encuentra hoy en el limbo y cuyos límites se desconocen”.
Aldecoa proponía realizar el plano topográfico del enclave a incorporar su cartografía a la del Ayuntamiento de Orduña. La mayoría de los grupos han alabado el trabajo de investigación sobre el enclave llevado a cabo por el juntero del Grupo Mixto, pero ninguno ha apoyado finalmente su propuesta. Casi todos han recalcado su escaso valor, pequeño tamaño y el hecho de que esté actualmente deshabitado, así como el posible coste de las gestiones y la posibilidad de “generar un conflicto donde no existe”. También se han puesto de manifiesto el hecho de que están en marcha las tareas de delimitación del terreno y la falta de competencias de la Diputación Foral en este ámbito, en el caso de que estos trabajos concluyan sin acuerdo entre las instancias implicadas.
En su segundo turno de intervención, el apoderado del grupo Mixto ha incidido en el hecho de que está pendiente resolver acerca de la tributación de los terrenos incluidos en el enclave, un argumento que ha sido contestado irónicamente por el portavoz del grupo Nacionalistas Vascos, Jon Andoni Atutxa, al señalar que “no creo que hasta la fecha hayamos tenido un pequeño paraíso fiscal en Sierra Salvada”.
SANCIÓN A UN BOMBERO DE LA DIPUTACIÓN
Un segundo punto del orden del día de la Comisión ha tenido que ver con una solicitud de comparecencia de la Diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, para dar explicaciones sobre la sanción a un bombero de la Diputación. La solicitud había sido presentada por la juntera de Podemos Bizkaia Neskutz Rodríguez, y se refería a una noticia publicada en la prensa en torno a la sanción de 10 días de empleo y sueldo a un bombero del parque de Markina-Xemein por negarse a impartir una maniobra de un Equipo de Protección Individual (EPI) para la que aducía carecer de formación adecuada. La representante de Podemos ha señalado que se trataba de un nuevo dispositivo para el que el funcionario no había recibido formación adecuada, lo que podía poner en riesgo su seguridad y la de otras personas, y se ha quejado de que “en vez de poner medidas preventivas se sancione a quien cumple con su trabajo, al tiempo que se niega formación a los bomberos”.
La Diputada Foral se ha mostrado “sorprendida” por esta solicitud de comparecencia, y ha recalcado que se trata de “un asunto sin connotaciones políticas, tramitado por funcionarios independientes con todas las garantías legales, calificado como una falta grave y sancionado en consonancia, y que en este momento se encuentra pendiente de resolución tras la presentación de un recurso de reposición por la persona afectada”. Grupo Mixto y EH Bildu han mostrado comprensión hacia las razones del funcionario sancionado, mientras que el resto de los grupos han apoyado la postura de la Diputación, aseverando que se trata de un procedimiento administrativo habitual, sin connotaciones políticas y en el que las Juntas Generales no tienen competencia.
El orden del día de la Comisión se ha completado con una pregunta formulada a Ibone Bengoetxea por la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi sobre el cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental en subcontrataciones administrativas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. En noviembre de 2017, el ente foral adjudicó el contrato de gestión de servicios públicos de concierto para la prestación del servicio público de atención temprana, y la pregunta se ha dirigido a la garantía de que no existan discriminaciones en las condiciones laborales y salarios entre personas que prestan un mismo servicio, dado que se les van a aplicar diferentes convenios colectivos.
La Diputada Foral ha mostrado su simpatía con la preocupación puesta de manifiesto por la juntera Urkaregi, pero ha explicado que una cláusula introducida por la propia Diputación de Bizkaia en este mismo sentido fue recurrida por la Abogacía del Estado y anulada por los tribunales, por lo que la actual normativa responde a un imperativo legal ante el que el ente foral carece de margen de intervención. Bengoetxea ha explicado que se ha puesto en marcha un proceso de reflexión conjunta con los sindicatos, y ha añadido que en marzo de este año entrará en vigor una nueva ley que “aunque no garantiza que todos los salarios sean iguales, sí permite establecer un suelo salarial”.
