UN GRUPO DE MADRES RECLAMA EN LAS JUNTAS GENERALES MÁS DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD
- Denuncian un "vacío legal" que excluye a las personas con diversidad funcional mayores de 21 años de la oferta pública y exigen una revisión de las partidas presupuestarias.
(Bilbao, a 28 de abril de 2026). En el marco de la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrada hoy en Bilbao, tres madres con hijos o hijas con alguna discapacidad han comparecido para solicitar medidas estructurales que garanticen la continuidad del deporte adaptado más allá de la etapa escolar. La iniciativa busca una revisión profunda de la gestión de los fondos públicos y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
La portavoz de la iniciativa, Ainhoa Urones Pérez, ha denunciado la existencia de un "vacío legal" que deja sin opciones deportivas a las personas con discapacidad cuando alcanzan los 21 años y finalizan su etapa en el deporte escolar. Según ha expuesto, los polideportivos municipales suelen denegar el acceso a cursillos básicos alegando falta de medios, derivando a las familias hacia entidades privadas con un elevado sobrecoste económico que no todas las unidades familiares pueden asumir.
Durante la sesión, se ha puesto de manifiesto el deterioro de los servicios tras la retirada de recursos a la Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia. Las madres han criticado que las partidas presupuestarias se están concentrando en una entidad privada que, a su juicio, no satisface las necesidades de inclusión real ni de equidad para este colectivo.
Como prueba de la falta de infraestructuras locales, se ha destacado que numerosos deportistas de Bizkaia deben desplazarse a comunidades limítrofes como Cantabria o La Rioja para practicar disciplinas como el remo adaptado, el surf o deportes de invierno, ante la imposibilidad de hacerlo en su propio territorio. Esta situación contrasta con el hecho de que Bizkaia será la Región Europea del Deporte en 2026.
La demanda institucional no reclama nuevos derechos, sino el cumplimiento de la legislación vigente para asegurar que el deporte sirva como herramienta de socialización y autonomía personal.
Los grupos junteros han recogido las demandas y han propuesto diferentes acciones para trasladar dichas peticiones a las instituciones competentes. El portavoz del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Richar Vaquero Moreno, ha reconocido que la petición señala un problema público de fondo que requiere repensar el modelo para que no dependa de la capacidad económica de las familias ni de entidades privadas, garantizando una red pública accesible y financiación estable a lo largo de toda la vida.
En una línea similar, Raquel González Díez-Andino, del grupo Popular Vizcaíno, ha cuestionado el cambio en la gestión de fondos que antes lideraba la federación y ha propuesto estudiar la vuelta al modelo anterior o consultar directamente a las personas usuarias para diseñar soluciones eficaces.
Por su parte, el apoderado Urtzi Ostolozaga Arrien, de EH Bildu, ha denunciado que la falta de recursos locales obliga a las familias a desplazarse fuera de Bizkaia, lo que supone una exclusión inaceptable, y ha exigido una revisión presupuestaria y un plan de continuidad para mayores de 21 años.
Desde los grupos que sustentan el Gobierno foral, se ha mostrado una actitud de escucha y compromiso, aunque justificando el marco de gestión actual. Berta Campo Prieto, en representación de los Socialistas Vascos, ha reafirmado el deporte como un derecho esencial para la cohesión y la autonomía, comprometiéndose a trasladar estas demandas a los departamentos e instituciones competentes para trabajar en soluciones conjuntas.
Finalmente, el portavoz del grupo Nacionalistas Vascos, José Antonio Lamborena Barreras, ha explicado que el territorio se encuentra en un proceso de adaptación del modelo siguiendo la normativa de Euskadi, con el objetivo de integrar progresivamente el deporte adaptado en las estructuras de las federaciones ordinarias. Aunque ha admitido que esta transición puede generar dificultades e incertidumbre a corto plazo, ha defendido que el cambio busca ofrecer mayores oportunidades reales a medio y largo plazo.
