UN FAMILIAR DE UNA USUARIA DE LA RESIDENCIA TABIRA BERRI DE DURANGO RELATA GRAVES DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN
- Una usuaria ha iniciado acciones judiciales por presuntas lesiones por imprudencia, según ha hecho público en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia.
(Bilbao, a 23 de marzo de 2026). Virginia Merino Beitia, familiar de una persona residente durante dos años en el centro Tabira Berri de Durango, ha denunciado públicamente en las Juntas Generales de Bizkaia y ante las autoridades judiciales la situación de precariedad y las graves deficiencias que atraviesan las personas usuarias de esta residencia. El testimonio, que describe una situación de "pesadilla", se centra en la falta de personal, higiene y alimentación, el mantenimiento deficiente, y la desatención institucional por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.
El hecho más grave relatado se refiere a la caída sufrida por su madre el 24 de mayo de 2024. La residente, calificada con Gran Dependencia de tercer grado, se precipitó desde una silla que no disponía de apoyabrazos, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y roturas en la mandíbula y el hueso occipital. Merino Beitia ha interpuesto una denuncia por negligencia tras visualizar las grabaciones de seguridad del centro, las cuales, según afirma, contradicen la versión oficial, que atribuyó el accidente a un tropiezo con butacones.
La denunciante señala que el centro no cumple con los estándares mínimos de calidad. Entre las irregularidades mencionadas destacan “ratios de personal insuficientes” -una sola trabajadora para atender a diez personas grandes dependientes-, falta de higiene, mobiliario inadecuado y fallos en el funcionamiento de las grúas de traslado. Asimismo, relata brotes recurrentes de sarna (escabiosis) que no fueron comunicados debidamente y una alimentación insuficiente y de mala calidad.
Respecto a la labor de la Diputación Foral de Bizkaia, la familiar critica la falta de inspecciones efectivas. Asegura que el centro recibe avisos previos a las visitas de control, lo que le permite reforzar temporalmente el personal para aparentar que las ratios se cumplen. Además, denuncia que las respuestas de la administración foral a sus quejas han sido automáticas y, en ocasiones, han incluido datos erróneos de otros usuarios y usuarias fallecidos.
Finalmente, la familiar solicita a los grupos políticos y a las instituciones competentes una intervención inmediata y una investigación exhaustiva sobre la gestión de la residencia, que está en manos de una persona que gestiona otros pisos comunitarios y residencias y que lanza “amenazas” a trabajadoras y residentes, para garantizar la integridad y el bienestar de las personas mayores dependientes.
Desde los grupos junteros de la oposición, han planteado distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas la petición de una comparecencia “urgente” de la diputada de Acción Social, para que aclare la situación y se establezcan las medidas correctoras correspondientes. Los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral han lamentado profundamente la situación vivida por la compareciente y se han comprometido a transmitir la situación al departamento que dirige Amaia Antxustegi.
CAMBIO NORMATIVO PARA NO TRIBUTAR CON DOS PAGADORES SI NO SE SUPERA EL LÍMITE DE 20.000 EUROS
En otro asunto de la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, María Luisa Pelayo Encinas ha comparecido para solicitar una modificación en la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La petición se centra en eliminar la obligación de declarar para aquellas personas que, teniendo dos o más pagadores, no superen el límite general de ingresos de 20.000 euros anuales. Esta cuestión no será necesaria, tal y como le han recordado todos los grupos junteros, ya que las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron un cambio normativo el año pasado que equipara los derechos de todas las personas contribuyentes se tenga uno o más pagadores, siempre y cuando no se supere ese umbral de ingresos.
Durante su intervención, la compareciente ha calificado de "injusta" la existencia de dos umbrales diferenciados en función del número de pagadores. Según ha expuesto, esta situación perjudica especialmente a quienes alternan empleos temporales con la percepción de subsidios, como es su caso personal. La contribuyente ha relatado que, a pesar de no alcanzar ingresos elevados, la actual normativa la obligó a realizar una declaración con un resultado a pagar de más de 700 euros.
