PADRES Y MADRES EN SITUACIÓN DE SEPARACIÓN DEMANDAN EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA UN CAMBIO NORMATIVO EN EL IRPF PARA PODER HACER LA DECLARACIÓN CONJUNTA

• Las personas comparecientes en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía del Parlamento de Bizkaia exigen la vuelta al modelo de tributación anterior para evitar el empobrecimiento de las familias con menores a cargo tras la disolución del vínculo matrimonial o de pareja.
   
• Un ciudadano comparece en la misma sesión para presentar un proyecto de reindustrialización y energía para Balmaseda.

(Bilbao, a 28 de mayo de 2026). La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia ha analizado hoy la iniciativa ciudadana que denuncia el impacto negativo de los recientes cambios normativos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las madres y los padres separados. Tres personas en esta situación han solicitado a los grupos junteros la revisión de la medida que impide realizar la declaración conjunta con sus hijas e hijos, una situación que consideran un "castigo fiscal" añadido a la carga económica que ya supone una separación.

Lorena Ruiz Lanas, una de las comparecientes, ha calificado de "injusta" la imposibilidad de incluir a los y las menores en una declaración conjunta, opción que sí mantienen los matrimonios sin descendencia. Ruiz Lanas ha alertado sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres que no reciben pensión de alimentos, quienes ahora se ven obligadas a judicializar situaciones dolorosas para acreditar formalmente su realidad y no perder beneficios fiscales que antes tenían garantizados por su situación familiar real.

Por su parte, María Itziar Buenrostro Iturbe ha tachado de “contradictorio” que se busque impulsar la natalidad mientras se asumen medidas que castigan económicamente a quienes tienen menores a su cargo. Según ha expuesto, la eliminación de este derecho se ha realizado sin aviso previo, generando “nuevas injusticias” en lugar de corregir las supuestas irregularidades anteriores, por lo que ha instado a la Diputación Foral a retornar a la situación previa.

Finalmente, Unai Goitia Bilbao ha subrayado el "mazazo" económico que supone esta modificación para la ciudadanía vizcaína, con pérdidas estimadas de entre 1.500 y 2.000 euros anuales por familia. Goitia Bilbao ha criticado que se intente corregir posibles fraudes "matando moscas a cañonazos", perjudicando por el camino a todos los padres y madres separadas que utilizan esos recursos para atender las necesidades básicas de sus hijos e hijas.

Los tres intervinientes han coincidido en pedir una rectificación “urgente” de la norma para garantizar un sistema fiscal justo que no empobrezca más a las familias separadas.

Los grupos junteros han calificado la situación de “injusta” y han adelantado que han presentado iniciativas para corregir esta situación. Desde las filas jeltzales, Ainhoa Pielo Muguruza ha asegurado que la propia Hacienda foral “está trabajando ya” para introducir cambios en la normativa y solucionar situaciones como las que han narrado los tres comparecientes.

PROPUESTA PARA ENKARTERRI

Por otro lado, en la misma sesión el ciudadano Francisco Javier Gallarreta Marcos ha presentado la propuesta estratégica denominada "Plan Enkarterri 2026: reindustrialización y energía del partido judicial de Balmaseda".

Gallarreta Marcos ha denunciado el "declive importante" de la comarca de Las Encartaciones, señalando que el Producto Interior Bruto (PIB) del partido judicial de Balmaseda es un 33% inferior al de Barakaldo. Según los datos aportados, la tasa de desempleo industrial en la zona es un 56% mayor que en el resto del territorio, lo que obliga a la población joven a desplazarse fuera de la comarca para trabajar, agravando el riesgo de exclusión social.

En su intervención, el compareciente ha criticado la gestión de los recursos públicos, poniendo como ejemplo el cierre de la central de biomasa de Aranguren, que generaba energía para 120.000 familias y cuya adjudicación ha calificado de "fraude de ley". Asimismo, ha cuestionado la inversión de 44 millones de euros en un puente en La Herrera que apenas dará servicio a 1.400 vehículos diarios, mientras se deniegan inversiones para suelos industriales.

Gallarreta Marcos ha propuesto que esos fondos se destinen a la compra de terrenos públicos en Balmaseda para promover 224 viviendas y generar hasta 800 puestos de trabajo industriales. Finalmente, el compareciente ha solicitado que se igualen las inversiones públicas en Enkarterri para corregir el desequilibrio territorial y ha instado a los grupos parlamentarios a asumir su propuesta para que sea votada en un pleno ordinario de las Juntas Generales.